En la oposición han pasado de ACTA MATA VOTO A ENCUESTADORA MATA VOTANTE. Hemos dicho antes que la elección por la base de los candidatos de los partidos en Venezuela no es una concesión graciosa de parte de las autoridades partidistas, sino el acatamiento a un mandato constitucional.
En reciente artículo advertíamos que “si bien es cierto que, es de reconocer y admirar, que el partido oficialista es el único que ha implantado un sistema de elección popular directa de sus representantes populares, no deja de ser verdad que ciertas normas incorporadas al proceso violan el principio democrático establecido en nuestro ordenamiento jurídico de “quien mas voto obtenga es el ganador”, y el de transparencia, al no permitirse la totalización en el lugar de votación con presencia de los interesados….” Ahora bien en el caso de la oposición y su sistema de elección por dedo y encuestadora resulta nulo de toda nulidad y debe ser revisado con urgencia.
El hecho de que cinco encuestadoras se encargarán de aplicar cuestionarios en distintos estados del país, para determinar cuales de los múltiples precandidatos de la oposición serán los que confronten a los del PSUV, es una flagrante violación a los derechos políticos de los militantes de los partidos de oposición que tienen derecho a expresar sus preferencias a través del voto todo conforme con nuestra Constitución, Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

No pueden las empresas Datanálisis, Seijas, Varianza, Keller y Consultores 21 suplantar a los millones de militantes e independientes con los que cuenta la oposición en sus derechos políticos y subsumirse en su veredicto, lo que corresponde al cuerpo de electores. Tal pretensión coloca a la oposición en el absurdo de hacer lo que critica, cuando ha dejado en mano de otro(s) la decisión que corresponde al pueblo de oposición conforme a nuestro sistema de democracia participativa y protagónica.

En la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Artículo 23) .

Es obvio que la norma en cuestión al ser concatenada con el artículo 67 de la Constitución Nacional obliga a los partidos de oposición a respetar los derechos políticos tanto de los que eligen como de los que aspiran ser elegidos, a los cuales se le debe permitir en elecciones por la base, satisfacer sus derechos políticos de votar y ser votado en lo interno para luego medirse en lo externo.

Las direcciones partidistas de la oposición en su contradictorio actuar y en lo luce ser un desprecio a los derechos e inteligencia de su militancia, no se han tomado ni tan siquiera el trabajo de llevar a consulta de su base “el sistema de elección por encuestadoras”, a los fines de buscar rociar de legitimación lo que es obviamente contrario a norma. Este solo hecho demuestra que existe una desconexión jurídica y política de la dirección de los referidos partidos con su militancia, todo lo cual debe ser reparado de inmediato de otra forma, los candidatos de la oposición serán producto de un sistema nulo de toda nulidad por inconstitucional, ilegal y violatorio de tratados internacionales de derechos humanos.

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El modelo matemático usado, para la elección de los candidatos del PSUV, es interesante, pero por seguro traerá más problemas que soluciones. Todo parece indicar que a pesar de haberse usado una ciencia exacta, como es la matemática, al combinarla con la política, ya no es ni ciencia ni exacta, veamos porque:

Regla Numero Uno: El precandidato que logre más del 50% de los votos de la base, pasará a ser directamente “el candidato”.

Observación: Esto explica porque hay tantos precandidatos para los distintos cargos, ya que en la medida que el número se divida entre varios mas difícil es el lograr uno de ellos el 50%. Los candidatos que prefieren que Caracas decida a su favor, están impulsando varios precandidatos para evitar que uno de ellos logre mas de la mitad de los votos.

Regla Numero Dos: El candidato que logre superar por mas de 15% a su mas cercando contendor, obtiene la candidatura de forma automática.

Observación: Los precandidatos no tendrán acceso a los números ya que solo la Junta Directiva del Partido los conocerá, por lo que nadie sabrá a ciencia cierta que margen separa a un competidor del otro.

Regla Numero Tres: Si ningún candidato obtiene el pase directo conforme a las reglas anteriores, entonces los tres con mayor votación pasarán a Caracas, pero sin saber el numero de votos obtenidos por cada uno, ni en que posición han quedado.

Observación: Los precandidatos no tendrán acceso a los números para permitir a Caracas decidir cual es el “candidato” independientemente del puesto alcanzado. Tal proceder es contrario a la más importante regla democrática que establece que el que logre mayor cantidad de votos será electo.

Regla Número Cuatro: La Junta Directiva presidida por Chávez se reserva el derecho de escoger a todos los candidatos que no hayan ganado su elección de forma directa, pero como nadie sabe los votos obtenidos en su región, tampoco pueden saber si resultaron elegidos directamente.

Observación: Al final se prestarán para todo tipo de especulaciones, impugnaciones, descontentos protestas y reacciones de calle, todo lo cual por seguro obligará a cambiar todas las reglas anteriores.

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Al día siguiente de hacerse publico el informe de Interpol en relación a tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB que, de acuerdo a lo informado por el gobierno colombiano, habían sido colectado de una campamento de las Farc en territorio Ecuatoriano en fecha 01 de marzo de 2008, advertimos que “…en el informe no se explica ni queda claro como se llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el material analizado por la policía internacional…” También dijimos que la Interpol advertía que “en lo peticionado por el gobierno Colombiano no se solicitó identificar al propietario de los computadores…” y aclaraba que “…no se confirma ni el origen ni la veracidad de los archivos contenidos en el material investigado…”.

Por otra parte el informe señala claramente: “… La verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen…” Siendo así ¿Que es lo que el gobierno nacional critica del Informe? El informe es un documento técnico que en todo caso debe ser rebatido con experticia no con ofensas.

Nuestras observaciones han sido reproducidas en algunos medios vinculados a la oposición, pero también en otros afines con el gobierno nacional, en ambos casos hemos sido tratados con absoluto respeto, y no entendemos el que funcionarios del Estado Venezolano no sepan contradecir el informe de la Interpol sin hacer uso del agravio, con lo cual degradan su autoridad y dejan sin respuestas apropiadas el tema de fondo.

Algunos funcionarios del Estado no ha sabido diferenciar entre lo señalado en el informe por la Interpol, lo dicho por Robert Knoble como secretario de la entidad policial y lo que ahora pueda salir de las manos del gobierno de Colombia. En el informe no hay nada que comprometa al gobierno nacional. En lo dicho por Knoble se puede fácilmente inducir su interés en alcanzar al Presidente Chávez, lo cual puede venir reforzado por lo que el gobierno colombiano ha informado a Interpol y lo que, el propio jefe policial ha concluido del análisis de los archivos que ahora verán luz de la mano de la administración Uribe.

Para quienes dedicamos un buen tiempo en revisar todas las páginas del informe de la Interpol queda claro que una cosa es lo que se dice en las hojas y otra la que pretendió presentar Robert Knoble en la rueda de prensa en la cual se hizo publico. Pero tal diferencia no permite el insulto a una organización que tiene 181 países entre los que destacan Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, China y Rusia, solo por nombrar algunos países amigos del gobierno nacional.

No es cierto que “los presuntos expertos no tienen tal pericia para estudiar las computadoras” tal y como recientemente dijo una funcionaria cuya oficina ha usado la experticia de la Interpol infinidad de veces. De hecho en la propia página oficial de la policía internacional está la requisitoria de Guido Antonini Wilson dictada por un tribunal así como la de prófugos de autoridades venezolanas.

Por otra parte la Interpol fue la responsable de una operación llevada a cabo al sur de nuestro país cuando en el 2007, en colaboración con las autoridades policiales y aduaneras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, dislocó las actividades de varias redes delictivas organizadas implicadas en la falsificación de fármacos y artículos de consumo que condujo a la detención de más de 120 delincuentes.

La política del insulto es degradante para nuestras autoridades y solo sirve para aislar a nuestro país de instituciones internacionales y a nuestros ciudadanos de las nacionales.

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La masiva respuesta en visitas y comentarios que originó nuestro último artículo insertado en el portal de Noticias24.com y titulado “El Crimen en Nueva Esparta Paga También en Dólares”, nos obliga a ampliar nuestra opinión sobre el crimen común y el empresarial en el estado insular de Venezuela. Medios impresos y audiovisuales en Margarita se han hecho eco de nuestra opinión y hemos recibido reconocimiento y criticas. En ambos casos agradecemos la atención.

Ratificamos que, como simples miembros de nuestra sociedad, nos sentimos preocupados por la ineficiencia de quienes están llamados a combatir el crimen en sus distintos niveles y categorías. No nos merece mayor comentario que una alta funcionaria del gobierno de Morel Rodríguez en la región, a través de un boletín de prensa, haya pretendido el intimidarnos con tribunales y fiscales. Seguiremos divulgado lo que todos conocemos y que no podemos dejar de repetir en el sentido de que el cáncer del crimen en todas sus formas, se muestra altanero frente a funcionarios incapaces de darle seguridad personal a sus habitantes y protección a sus bienes. El delito empresarial y del tipo común debe ser atajado antes que se lleven todo por delante.

Hemos verificado que Cadivi le adjudicó a una sola empresa denominada “Texas Shop Cowboys ”, la cantidad de US $ 73.962.662. La referida cantidad de dinero otorgada en dólares preferenciales es superior a la que se le confirió a empresas con larga tradición comercial en el Estado Nueva Esparta como Rattan (US$ 18.264.225) , Crash (US$ 6.811.091) , Seneca (empresa eléctrica del Estado) con US$ 16.084.115 o Toyota Margarita (US$ 20.385.930). Solo empresas como Sigo, S.A también con domicilio principal en la Isla de Margarita, sobrepasó a todas las anteriores con una adjudicación de US$ 116.072.469. Para darle una perspectiva al lector, nos basta decir que la cifra adjudicada a Sigo, S.A es superior a lo otorgado a trasnacionales reconocidas mundialmente como Alimentos Heinz ( US$ 31.769.762) . Alimentos Kellogs (US$ 38.485.000). Bristol Myers (US$ 89.096.000) e igual que lo adjudicado a Colgate Palmolive ( US$ 116.952.000). Revalidamos lo dicho en nuestro artículo anterior en el sentido de que las averiguaciones están en marcha, algunos empresarios se encuentran investigados otros han sido liberados de toda responsabilidad, también hay detenidos, procesados, imputados, fugados o auto desaparecidos.

Igualmente insistimos que el crimen común al igual que el empresarial, tiene azotada a Nueva Esparta. De una carta que nos enviara la joven madre de una familia inversionista norteamericana, extraemos algunos fragmentos que hemos traducido y que hablan del terror que se ha apoderado de nuestros habitantes en estas islas:

“…Nos mudamos a El Yaque, Isla de Margarita hace cuatro años para sumergirnos en este hermosa tierra. Aquí he dado a luz a mi único hijo de dos años de edad. Estamos levantando un pequeño hotel con nuestros ahorros de toda la vida, pero nos sentimos terriblemente preocupados ya que el crimen en esta zona se ha incrementado en tal forma que ya no estamos seguros. Nuestra casa fue robada el 1º de marzo. Poco después el dueño de una tienda local fue atracado. Unas semanas después el manager de un centro deportivo de la zona fue sometido por horas por hombres enmascarados y armados que le robaron todo lo que tenía en su apartamento. Otra mujer que se encarga de una pequeña tienda en El Yaque fue también robada por hombres armados. Un exitoso gerente de un restaurante fue días atrás seguido por varios hombres con armas y rostros cubiertos hasta su vivienda en donde lo sometieron para atracarlo. Finalmente a la dueña de una posada, quien es amiga nuestra, seis hombres armados y enmascarados la asaltaron…Todos las victimas se encuentran con la misma frustración: la policía no hace nada por investigar o detener esta cadena de delitos que nos tiene a todos aterrados…Sinceramente Faye Carter ”

El puerto libre de Nueva Esparta antes de la entrada de los dólares de Cadvi, no importaba más de 400 millones de dólares anuales, ahora triplica esa cantidad para importaciones que parecen, muchas de ellas, estar justificadas en Hummers, Bmws, y edificaciones que brotan como hongos por todo el territorio insular. A pesar de la inmensa suma de dólares usada para la importación, los empresarios en Nueva Esparta, con honrosas excepciones, no muestran una pizca de responsabilidad social mientras el combate a la delincuencia y a otras deficiencias en la región no cuentan con el concurso eficaz de nuestros funcionarios ni con la solidaridad o compromiso de nuestros hombres de empresas. Dios quiera que podamos rectificar a tiempo.

 El Poder y La Justicia, Audio, Nueva Esparta

Nueva Teoría Conspirativa en el Caso Anderson

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Danilo Anderson es calificado, en centenas de páginas de internet vinculadas al oficialismo, como el “Fiscal Valiente”. Tal reconocimiento deviene del reconocimiento que dentro de los seguidores del Presidente Chávez se la hace a su vocación de trabajo y coraje en investigar casos de altísimo riesgo.

El “Fiscal valiente”, según la leyenda urbana, se encargaba de todo lo que demás representantes del Ministerio Público no se atrevían ni a tocar por miedo a represalias del mundo financiero, político o policial. Entre los más emblemáticos casos que adelantaba Danilo Anderson y que lo catapultaron a la estratosfera comunicacional se encontraban:

1) Las imputaciones contra los redactores del Decreto Carmona.

2) Las imputaciones en contra de los firmantes del Decreto Carmona.

3) Los sucesos de Puente Llaguno y otros eventos del 11 de abril de 2.002.

4) El caso de los 90 militares en situación de insubordinación y rebeldía en las inmediaciones de la Plaza Altamira desde el segundo semestre de 2002.

5) La retoma del canal de la televisión estatal VTV el día 13 de abril, lo cual permitió al país conocer que se había descabezado el golpe de estado que pretendió anular los poderes debidamente constituidos por voluntad popular.

Por otra parte, en Gaceta Oficial que comenzó a circular el miércoles 2 de enero de 2007 se insertó Decreto Presidencial de Amnistía a favor de todas “aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en diversos hechos”, y entre estos destacan:

1) Por redacción del decreto del gobierno de facto instalado el 12 abril de 2002.
2) Por firmar dicho decreto.
3) Por hechos acaecidos el 11 de abril del 2002 en Puente Llaguno, en aquellos delitos que no contemplen ofensas de lesa humanidad.
4) Por la toma violenta de la planta de VTV, el 12 de abril.
5) Actos de rebelión civil hasta diciembre de 2.007 (Incluidos los Militares de Altamira).

Como se puede observar del cruce de información, resulta sorprendente, que casi la totalidad de los casos que le permitieron al Dr. Danilo Anderson ser reconocido como el “Fiscal Valiente”, hayan sido los que se amnistiaron años después de su vil asesinato. ¿Por que?

A Danilo Anderson, se le rindieron honores post mortem como a pocos en la historia contemporánea del país. El Presidente Hugo Chávez llegó a decir que “su muerte hirió el alma de la patria”. El “pueblo chavista” lloró al lado de su urna junto el Dr. Isaías Rodríguez, entonces Fiscal General de la República. Le han compuesto cantos, canciones y hasta un himno en su memoria. Se le veló en capilla ardiente en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional. Se le concedió la orden póstuma Libertador. El paso de su cortejo fúnebre hasta el Cementerio del Este fue transmitido en cadena nacional y finalmente sepultado con altísima distinción.

¿Cómo se puede honrar la memoria de quien fue enterrado como “ héroe nacional” y en la teoría dio su vida por esclarecer los casos que le produjeron la muerte, dando una especie de perdón o absolución anticipada a todos sus investigados? Quien o quienes elaboraron el Decreto Presidencial de Amnistía ¿Se percataron de tal afrenta? ¿Es posible pensar que se sellaron los expedientes para no conocer la verdad de lo que se investigaba, de los investigados y/o de los investigadores?

Mucha gente dentro del “chavismo” se encuentra frustrada con los pobres resultados en la investigación del asesinato de su “Fiscal Valiente” y con la indulgencia Presidencial en los casos investigados por éste. De igual forma un importante número de personas hemos cuestionado desde el punto de vista estrictamente constitucional el Decreto de Amnistía.

Ahora habrá quienes elaboren una nueva teoría conspirativa, en la cual la clemencia sirvió para sellar los expedientes en donde se esconden los motivos del asesinato del Dr. Danilo Anderson y es de esperar que quienes hayan apuntado hacia el alto gobierno como autores, tendrán bastante leña que cortar para quemarla a fuego lento.

 Jurídica, El Poder y La Justicia, Audio

Políticamente no han debido recibirlos
Jurídicamente no han debido devolverlos

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En el caso de las computadoras de Raúl Reyes, el gobierno venezolano se ha venido revolcando en una especie de estopa jurídica - política en la cual se han metido por voluntad propia y por impulso de la mano, a veces oculta, otras veces visible, del propio presidente de la República de Colombia.

Cuando explotó la información con relación a los ordenadores, advertimos que la invasión del ejército colombiano al territorio ecuatoriano venía acompañado de una estrategia en donde tanto las FARC como Correa y Chávez formaban parte de un mismo capítulo final de la política colombiana y del gobierno de los E.E.U.U. Decíamos entónces, que la guerra no era entre naciones sino entre hombres.

El presidente Uribe tomado de la mano del jefe de estado norteamericano, está convencido que para terminar militarmente con las FARC es necesario aislar al ejército rebelde de sus aliados fronterizos - en este lado el Presidente Chávez y por el otro Rafael Correa- . Si la neutralización de los gobiernos de Venezuela y Ecuador no es suficiente, entónces considerarán seriamente el enjuiciamiento internacional de ambos jefes de estado de forma personalísima. No valdrán excusas ni acercamientos a través de organismos multilaterales. El gobierno de Uribe le ha declarado la guerra a las FARC, a Chávez y a Correa y dentro de este contexto, es que hace entrega al gobierno venezolano, como virtual acusado, de las presuntas pruebas extraídas de las computadoras del ex líder guerrillero.

El gobierno venezolano apostando a unas amigables relaciones con Colombia, de forma ingenua o torpe, recibió de la cancillería colombiana la información supuestamente extraída de las procesadoras del importante miembro de las FARC. Políticamente hablando, nada provechoso podía el gobierno venezolano desenterrar de la información que tendría en sus manos, por lo que lo aconsejable era rechazar, de forma anticipada, toda entrega de información que pudiera comprometer al estado venezolano. Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido recibir información para luego devolverla cuando el material busca comprometer criminalmente a su receptor.

Cuando el gobierno venezolano aceptó recibir las pruebas lo hizo sin percatarse que adquiría, jurídicamente hablando, la condición de contraparte en un potencial proceso judicial. Las pruebas se entregan en las causas criminales a las autoridades para que continúen con las investigaciones o al acusado para que tenga derecho a defenderse. En este caso lo entregado no era para que el gobierno de Venezuela adelantara investigación alguna, sino para que se preparara en su defensa o en su defecto, arrastrarlo a un arreglo extrajudicial o diplomático negociado.

La tesis reiterativa de voceros del gobierno venezolano, en la que machacan que las computadoras de Reyes no podían sobrevivir el bombardeo despiadado sobre el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, no resiste mayor análisis y termina no siendo una buena estrategia. Es un hecho comunicacional notorio y de cobertura internacional que las ciudadanas colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez junto con la mexicana Lucía Morett fueron sobrevivientes del bombardeo del pasado 1 de marzo donde perdió la vida el jefe guerrillero. ¿Es una computadora cerrada más frágil que el cuerpo de una mujer? Obviamente la respuesta es negativa. Si las computadoras de Reyes no soportaron el ataque, tampoco estas tres mujeres están vivas. Si por el contrario ellas están vivas es posible admitir que las procesadoras del líder de la FARC también gozan de buena salud, ello por simple aplicación del argumento a contrario en el derecho.

Sabiendo la jefatura Venezolana de las intenciones del gobierno de Colombia de entregar el material probatorio digital, la pregunta que queda en el aire es ¿para qué recibieron las pruebas? Es obvio que confiaron en la buena fe de la administración de Uribe, ya que lo lógico, en el terreno político, era no convenir en recibirlas y en el jurídico no devolverlas. Dos veces mal lo que ha debido hacerse bien una sola vez. Cuando el gobierno Venezolano se percató que el material entregado no era asunto de colaboración entre Estados, sino un componente tóxico criminal se arrepintió de haberlo recibido, pero resultó ser demasiado tarde, ya que la Casa de Nariño había cumplido su cometido.

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Fue un error infantil de personas vinculadas al gobierno venezolano el pretender descalificar la veracidad del contenido de una computadora como si se tratara de algo fácil de adulterar o difícil de certificar más allá de cualquier otra prueba. Lo cierto es que miles de casos a nivel mundial y unos cuantos a nivel nacional son levantados desde probanzas obtenidas dentro de los discos de miles de ordenadores y corresponde a las partes probarlas como ciertas o impugnarlas como falsas, pero no es posible negarles prima facie admisibilidad, sin levantar sospechas.

Es obvio que a medida que van desapareciendo los manuscritos, todo lo registrado electrónicamente pasa a ser el centro del interés de los investigadores. Todos los días usamos nuestras computadoras para navegar por páginas que van quedando asentadas en nuestro historial en servidores como especie de huellas que marcan nuestras preferencias en navegación y desde allí somos visitados por todo tipo de vendedores que jamás hemos visto o contactado. De igual forma documentos, videos, correos electrónicos y hasta carpetas de música son insertados en los discos duros de nuestra procesadora y como cualquier otra “prueba”, están allí para ser ofrecidas en nuestra contra o para ser refutadas en nuestra defensa, pero ciertamente son un indicio al igual que cualquier otro, por lo que no puede ser descartado con la simpleza de que cualquiera puede poner algo dentro de ella. Siendo así cualquiera puede poner mi firma en un documento. Quien sea puede adulterar una foto o modificar el contenido de un video. Ciertamente es posible la adulteración de la prueba, pero si la misma ha sido obtenida legalmente, ésta entra al proceso y cada parte hace su trabajo durante el juicio.

Las computadoras que dicen ser de Raúl Reyes, no van a ser plena prueba de ningún delito que pueda comprometer a un Presidente de la República en funciones. El hecho que el alegado propietario este muerto, deja cabos sueltos con relación a la autoría de lo insertado en el ordenador. No es fácil comprobar que todo lo que está como escrito e insertado pertenece al sedicente dueño del equipo. La forma más viable de darle veracidad a un contenido es el reconocimiento del propietario, no siendo así, estamos ante una escritura sin firma y sin aceptación de autoría por lo que su veracidad se hace remota en una corte de justicia.

Para lo que por seguro serán usada(s) la(s) computadora(s) de Reyes es para iniciar un lento pero comprometedor proceso de investigación en donde todo lo que aparece insertado en el ordenador será pesquisado al detalle a los fines de enlazar unos indicios con otros hasta formar plena prueba en un futuro proceso. Las palabras en el computador serán usadas como líneas de investigación que traerán nuevos testimonios, cotejo con documentos obtenidos por otros medios y experticia realizada en distintos medios probatorios todo con la intención de levantar un caso que será usado en el momento oportuno.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, el Presidente Chávez debe saber que el proceso judicial en su contra está en marcha, no importa el apretón de mano o el abrazo, y debe tomar la precaución de cuidar tanto lo que se hace como lo que se dice porque puede ser usado en su contra en una corte judicial en un futuro no tan lejano.

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Nadie, en un auténtico régimen democrático, puede tener tanto poder como para decidir con su sola mano el destino de otro ser humano. Es así como, por ejemplo, en los sistemas judiciales sometidos a la normativa protectora de los derechos humanos existe como principio básico, la potestad obligacional de una instancia de revisar la decisión tomada por otra.

La consagración de la doble instancia tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca la aplicación de la máxima justicia al caso concreto. La posibilidad de que al menos dos entidades revisen un asunto tiene un propósito de equidad que luce subvertido por la arbitrariedad de dejar en manos de sólo el Contralor General de la República, el destino de los derechos políticos de cientos o miles de personas.

Un asesino confeso puede llevar su caso en revisión hasta el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo el Contralor General de la República puede inhabilitar a un funcionario público hasta por quince años de un solo plumazo tal y como lo establece el artículo 115 de la “Ley Orgánica de la Contraloría de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, previsión legal ésta que emerge como una peligrosa aberración que se impone de forma arbitraria por encima de instituciones constitucionales, legales y democráticas.

En la sentencia N° 2444/2004 la Sala Constitucional señaló que la destitución y la suspensión de un funcionario de un cargo de elección popular ( por parte del Contralor General de la República) coliden con la normativa constitucional que estatuye que tales cargos pueden ser objeto de referendo revocatorio, porque existe un grave riesgo de que se pierda el equilibrio en el sistema de peso y contrapeso al que responde nuestro esquema democrático y se rompa el carácter representativo del sistema de gobierno; sin embargo, aunque ello proscribe la posibilidad que el Contralor General de la República destituya o suspenda a cualquier ciudadano que ejerza un cargo de representación popular.

Hasta la fecha de la decisión arriba señalada, el Contralor convertido en cuasi emperador pretendía el que un funcionario electo, pero sancionado por su “manus militari”, abandonara de ipso facto su cargo. Es decir que él se convertía en poder revocatorio en si mismo, echando hacia el borde exterior de su accionar a la institución del referendo revocatorio plasmado en nuestra Constitución Nacional.

El propio Dr. Carlos Escarrá, hoy diputado del oficialismo y entónces en su condición de abogado de un grupo de diputados del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, conforme al expediente Nº 04/0143 de la nomenclatura de la Sala Constitucional, solicitó amparo en protección de sus poderdantes y la nulidad del artículo 115 de la Ley de la Contraloría que señala: “Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento … atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años…”

El Contralor General de la República pretende materializar un golpe de estado que le permite, anulando potestades de otros Poderes Públicos, erigirse en un “meta funcionario”, que tiene más expedita facultad sancionatoria que el Tribunal Supremo de Justicia , más potestad revocatoria que el electorado, más poder político que el propio Presidente de la República, a quien puede inhabilitar con su sola voluntad hasta por quince años, más fuero legislativo que la propia Asamblea Nacional, ya que puede incapacitar a sus diputados sin necesidad de allanamiento de la inmunidad parlamentaria , más autoridad ética que el Poder Moral y más poderosas facultades electorales que el Poder Electoral.

¡Ave Cesar Morituri Te Salutant! ¡Ave Contralor La Democracia a Punto de Morir en tus Manos Te Saluda…!

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Las ciencias jurídicas tienen el permanente reto de adaptarse a los nuevos tiempos. En la medida que avanzan las otras ramas del conocimiento, el derecho y los abogados estamos obligados a actualizarnos para nivelarnos con las otras corrientes del saber.

Es así como, por ejemplo, la prueba del ADN, se ha convertido en la más efectiva arma para liberar de condenas a muchos inocentes penados por supuestos delitos de violación. Ha tomado casi 25 años, pero con la ayuda del análisis de ADN, muchos hombres en Estados Unidos – casi todos negros norteamericanos- están demostrando que son inocentes. En el Estado de Texas para el 2.007 se habían exonerado a 27; Illinois, a 26; y Nueva York, a 23. El perfil genético de cada uno de nosotros es único. Un cabello, algo de saliva o una muestra de semen son nuestra cédula de identidad cuando las someten a los laboratorios genéticos.

Por otra parte el desarrollo de las computadoras han producido los denominados delitos informáticos, definidos como cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción criminal. Siendo así tanto los que persiguen el delito computarizado (Fiscales o Policías) como los que pretenden defender al presunto infractor (Abogados) tienen que tener conocimiento de la informática para cumplir fielmente con sus obligaciones. Los avances tecnológicos exigen al derecho y a los operadores del sistema judicial a actualizarse en un mundo lleno de complejas actividades humanas.

Actualmente en el mercado norteamericano se está ofreciendo un producto que busca incriminar a supuestos “infieles” de ambos sexos. Los supuestos adúlteros serían puestos al descubierto al someter sus prendas de vestir a un químico que detecta las manchas de semen inclusive años después del contacto del tejido con la esperma.
El “CheckMate Semen and Sperm Detection Test” es un producto de la empresa “HouseBrick” de Estados Unidos y lo ofrecen como la vía mas efectiva de “acabar con la pesadilla de las sospecha de infidelidad”. Según la publicidad de la empresa fabricante la prueba es rápida, fácil, precisa y toma menos de cinco minutos para producir el resultado. El “Kit” permite hacer el examen del semen en hasta 10 prendas de vestir sin importar el color o tipo de tela.
El “Check Mate” ofrece resultados inmediatos, dice la empresa fabricante, sin dañar o manchar el artículo sometido a la prueba. “Si algún residuo de semen está presente, no importa lo pequeño que sea “The CheckMate Semen Detection Test Kit” lo detectara”. Nos anuncia la empresa en su página de Internet que: “Las huellas invisibles de semen seco son fácilmente detectables aún después de dos años”.
Las mujeres no se escapan como potenciales adulteras y la empresa advierte que después del sexo, las damas generan un reflujo de semen mucho tiempo después de la relación sexual y “si existe una macha de semen invisible en su ropa interior en tan solo 5 minutos usted sabrá la verdad…”
Los juicios de divorcios en los Estados Unidos vienen acompañados de todo tipo de probanzas para la condenatoria de la parte adultera. Videos, fotos, testigos, cuentas de hoteles y ahora el test del semen sirven de abanico probatorio de lado y lado. Si tienen duda de lo efectivo de las pruebas en cuestión, solo basta recordar que en el affaire Clinton-Monica Lewinsky una mancha de semen sobre un vestido azul que nunca llevaron a la tintorería, resultó ser la mas fuerte evidencia física que obtuvo el FBI en contra del entonces Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahora la tecnología ha puesto en las manos de quien lo quiera comprar, este identificador de semen. La pregunta al final será, no si había semen sino ¿de quien era? ¿Recuerdan lo del ADN al principio del artículo?
Una última recomendación profesional: Si lavan la ropa no hay “CheckMate Semen and Sperm Detection Test” que valga. El agua y el jabón borran todo rastro. Las ciencias se mueven los abogados también debemos hacerlo.

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La semana pasada hacíamos la misma pregunta. Para entonces la demanda de la compañía Exxon Mobil no era noticia novedosa. Tampoco lo relacionado con una supuesta nueva liberación de los rehenes en manos las FARC. Por el contrario una noticia que por repetida, se hace todavía particularmente peligrosa, es el desabastecimiento, la desaparición y reaparición de productos fundamentales de la cesta básica, con precios inalcanzables para las mayorías nacionales.

También era noticia y sigue siendo el tema de la inseguridad, la corrupción, la ineficiencia gubernamental en lo de la vivienda y los servicios públicos, la politización de la sociedad y la excesiva intromisión partidista en los asuntos del estado y del gobierno. ¿Hacia dónde vamos presidente? Sigue siendo la misma pregunta. No pronosticamos éxitos a la política internacional del gobierno nacional de amenazar a países y lideres extranjeros. Venezuela no puede, no debe y no quiere como nación, conflictos ni verbales ni armados con Colombia ni EE.UU. Una mayoría abrumadora del país se opondrá a cualquier conflicto internacional.

El presidente por primera vez en muchos años, tiene un alto índice de desaprobación y en tal situación debe ser particularmente cuidadoso con lo que dice y con lo que hace. Es igual que con cualquier personaje importante , cuando se está en la cima todos los ciudadanos se ven pequeños, pero cuando bajas al más profundo valle, la gente y sus problemas se te hacen descomunales.

Esta semana el nuevo embajador del gobierno español en Venezuela le trajo saludos del rey Juan Carlos al Presidente de nuestro país. Las agencias noticiosas oficiales se encargaron de divulgar la nota con la foto correspondiente y lo dicho por Chávez al recibir las credenciales del diplomático: “Bienvenido a su casa”. Con la difusión de la noticia por parte del gobierno nacional, se pone en evidencia que el propio presidente Chávez no quiere conflictos ni con el rey Juan Carlos ni mucho menos con el Jefe del Gobierno de España. Siendo así, la pregunta sigue siendo la misma ¿Hacia dónde vamos presidente con ese discurso agresivo que luego se resuelve con una nueva foto, un nuevo abrazo y una nueva sonrisa? En el camino quedan sembradas las dudas que alejan la inversión extranjera, la producción nacional y por supuesto al ciudadano común, de una mejor calidad de vida.

Días atrás llegó la información sobre lo anunciado por Barack Obama, el virtual candidato Presidencial del Partido Demócrata, quien dijo estar dispuesto a sentarse con Chávez y el propio Fidel Castro, bajo el argumento de “uno debe conversar con los enemigos cuando sea necesario”. La noticia fue rebotada por las agencias noticiosas y por seguro le trajo un respiro al gobierno nacional. La pregunta que queda colgando es ¿Cuando nos convertimos en enemigos de los Estados Unidos de tal forma que no importa quien esté en la Casa Blanca, seguimos siendo su adversario? ¿Ha ganado Venezuela mayor respeto con el bramido oficial? Seguro que no. El gobierno lo sabe. Nosotros lo sabemos. ¿Hacia donde vamos Presidente?

Estamos convencidos que el conflicto verbal del presidente Chávez y su grandilocuente discurso antiimperialista cesaría de inmediato si el nuevo inquilino de la Casa Blanca le abriera la puerta. ¿Es mejor para Venezuela masticar coca, salir de abogado defensor de las FARC, insultar al Presidente de Colombia o agredir al Presidente de EE.UU ?. Por seguro que no. El presidente lo sabe y lo ha demostrado con hechos cuando primero insulta y luego busca reconciliación. Lo ha hecho con Alan García, Insulza y ahora con la mismísima corona Española, por solo nombrar algunos. La inquietante pregunta que sigue ahorcando es: ¿Porque lo hacemos?

La reducción de la aprobación en la gestión de gobierno, puede resultar en un mayor aislamiento que degenere en una peligrosa radicalización, ya no del discurso sino de la acción. Es necesario que el Presidente busque con sinceridad cambiar su discurso político de forma imperiosa. Debe abrir el dialogo con los sectores de la oposición y con los gobiernos con los cuales ha antagonizado hasta ahora. Si lo hace será mejor para todos. Si el gobierno se empeña en la amenaza y el insulto, no será ninguna fuerza extranjera la que definirá las cosas, sino la misma fuerza subterránea que vomitó el caracazo.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora. La fuerza subterránea se está moviendo nuevamente. De forma silenciosa pero sin pausa. Es necesario oírla a tiempo antes de que sea demasiado tarde una vez mas.

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ARTICULO PUBLICADO EN EL PORTAL NOTICIAS24.COM

Una prueba que todo venezolano debe pasar es la de saber distinguir entre los intereses de Venezuela y su posición ante el Presidente de la República. Por su parte, el Jefe de Estado debe cumplir con el deber de distinguir entre sus intereses personales y los intereses de la nación.

Cuando el Presidente Chávez mastica hoja de coca frente a los medios de comunicación del mundo, lo hace contrariando los intereses de la nación y en beneficio exclusivo de una comunidad extranjera. Cuando el Presidente Chávez pierde su condición de mediador y se convierte en abogado defensor de las FARC, lo hace contrariando los intereses del país en satisfacción de un grupo extranjero.

De igual forma cuando algunos venezolanos en su afán de buscar la ruina política del Presidente, celebran todo acto extranjero en contra de nuestra República, se colocan en sentido contrario a los intereses de la nación.

En el reciente capítulo de la demanda de Exxon contra Venezuela, algunos compatriotas parecieran apostar en contra de nuestro país. Es así como si para salir de Chávez primero tenemos que vender la patria. No dudamos que la política Petrolera del presidente Chávez tiene muchos enemigos en el mundo, pero debería tener gran cantidad de amigos en Venezuela. Hay que diferenciar entre el Chávez amigo de la FARC y el Chávez amigo de la OPEP.

La compañía trasnacional Exxon que no hace mayor cantidad de obras de caridad en el mundo, sino que se dedica a obtener ganancias económicas en sus operaciones mercantiles , ha entablado un juicio contra Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) porque simplemente y de forma soberana el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, consideró que los contratos firmados en su oportunidad, contrariaban nuestros intereses y en consecuencia se resolvieron anticipadamente, conforme a las cláusulas exorbitantes que forman parte de todo contrato administrativo

El proceso judicial en cuestión fue llevado a esferas de arbitraje y ahora aparentemente a un tribunal y de allí surgió una supuesta medida cautelar, como tantas medida cautelares que se acuerdan en miles de tribunales en el mundo todos los días. Eso no quiere decir que una parte ganó, ni mucho menos que tenga razón en sus alegatos ni que el caso este resuelto. Apenas el proceso comienza y ya veremos que tenemos los venezolanos que responderle a la EXXON y a la medida dictada en contra de nuestra empresa petrolera.

Lo mas novedoso hasta ahora, es el show mediático comunicacional que la empresa petrolera ha puesto en marcha y, como algunos venezolanos se alinean a favor de quienes no representa los intereses de la nación. Ese abismo de los Chavistas y de los Anti Chavistas son dos males de un mismo tronco. Ni todo lo que Chávez hace es bueno, ni todo lo que Chávez hace es malo.

El presidente debe aprender la lección de que la política internacional de nuestro país no pasa por su club de amigos y que cuando se pelea con uno de ellos, pretende llevarnos a todos a una guerra comercial o bélica sin sentido nacional ni histórico. Esa irresponsable conducta debe ser reprochaba por nosotros. Pero igual nivel de recriminación, tiene que tener el que algunos venezolanos se sientan satisfechos cuando cualquier extranjero o nacional pretenda, escudándose en un sentimiento anti Chávez, atentar contra nuestros intereses patrios. Ni uno ni el otro cuentan con la mayoría del pueblo.

Ahora bien, en el caso de Exxon contra Venezuela, nos corresponde a los venezolanos exigir que se respete nuestra soberanía como pueblo. El presidente Chávez es pasajero, así quedó demostrado con los resultados de diciembre 2007. El petróleo durará más que nosotros y nuestra pelea es por las generaciones futuras y ninguna empresa con voracidad financiera puede recibir el aplauso de venezolanos en perjuicio de nuestros propios intereses.

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ARTICULO PUBLICADO EN EL PORTAL NOTICIERODIGITAL.COM

El Jefe de Estado de una nación tiene la obligación, conforme a la doctrina del Libertador Simón Bolívar, de conducir a su colectivo hacia derroteros que permitan la máxima suma de felicidad de sus habitantes. En las últimas semanas el ciudadano Presidente de la República ha adelantado opiniones y desarrollado conductas que pudieran ser interpretadas, por algunos, en contra de tan elemental principio bolivariano y en perjuicio de los sagrados intereses nacionales.

La política internacional de Venezuela no puede estar supeditada a las relaciones personales del Jefe del Gobierno de turno. Es importante diferenciar entre lo que le conviene a un hombre y lo que le conviene a un país. Cuando el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela masca hoja de coca frente a cámaras de televisión y fotográficas, y esa impresión gráfica recorre el mundo, muchos dudan que se esté trabajando en ejercicio de los mas altos intereses de Venezuela.

No ponemos en tela de juicio que, la política en defensa de la hoja de coca por parte del Presidente de Venezuela, beneficie los intereses de un sector indígena en Bolivia, pero no entendemos en que forma se favorecen los intereses de Venezuela en la comunidad internacional. Por el contrario no deja de llamar la atención que mientras el Presidente Chávez mascaba la hoja de coca, el Presidente de Bolivia no hizo lo mismo, a pesar de ser miembro de la comunidad autóctona que ha hecho de la siembra de la hoja de coca su medio de vida y fundamento en su accionar político nacional e internacional.

De igual forma en el caso de la defensa de las FARC por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se presenta igual consideración: ¿Es en el interés nacional de los venezolanos defender a un ejército en conflicto abierto con el gobierno colombiano? La pregunta tiene una evidente respuesta en la mente de la gran mayoría del pueblo venezolano: El defender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no es en el interés nacional.

Debemos recordar que el Presidente Chávez entró como “mediador” en el conflicto armado Colombiano. Siendo un “intermediario” entre las partes en disputa, los intereses nacionales de los venezolanos estaban debidamente resguardados, ya que en tal posición podríamos alcanzar lo mejor de los mundos. Por un lado, mantener las relaciones políticas y comerciales fluidas con el gobierno de Colombia y por la otra, lograr del ejército insurgente el mantenerse alejado de nuestras fronteras y de nuestros ciudadanos. De esta forma estábamos cumpliendo con el deber de resolver los intereses de nuestro nacionales, sin abandonar nuestra misión humanitaria en la búsqueda de la paz en el hermano país. Pero cuando de mediadores pasamos a ser “defensores” lo hacemos a un alto costo nacional e internacional en perjuicio de nuestros propios intereses.

El Presidente debe entender que mascar hoja de coca frente a la prensa internacional en nada beneficia la imagen de Venezuela en el exterior y por otro lado, el defender a un ejército o un grupo de insurgentes a los cuales desde hace tiempo se les viene vinculando con el narcotráfico, pone las cosas en un situación de graves consecuencias para el país.

La conjunción de estos dos elementos tiene que ser de alta preocupación para todos los venezolanos. No es posible imaginar un escenario en donde el Jefe del Estado pierda credibilidad y sin embargo Venezuela siga siendo un país respetado en la comunidad internacional. En el pasado el Presidente ha servido de impulsor de aciertos en nuestra política petrolera internacional, logrando un precio razonable para nuestro petróleo pero ahora, por el contrario, pudiéramos sufrir la fuerza negativa de sus actos.

Las relaciones internacionales son muy complejas. Los mercados mundiales terriblemente competitivos. Muchos países están jugando a su victoria por encima de la derrota de otros. Querámoslo o no, lo cierto es que vivimos en un sistema globalizado en donde las facilidades de inversión, el riesgo país, la imagen de sus gobernantes, la tecnificación de su pueblos, la capacidad de absorber mano de obra, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y otros aspectos juegan un papel predominante en el mundo actual.

El presidente de la República no está llamado a defender la hoja de coca y a las FARC por encima de los intereses nacionales. Los venezolanos queremos y exigimos el que se atienda los asuntos internacionales conforme a los intereses de la nación y no a la promoción de un individuo, un grupo o un producto agrícola.

Somos solidarios con los indios bolivianos y su ancestral consumo de la hoja de coca. Sabemos reconocer que el conflicto armado en Colombia tiene una importante repercusión en nuestra geografía. Pero también es urgente reclamar el que se atiendan ambos asuntos de forma subordinada a los intereses de los venezolanos y no viceversa. ¿Presidente a donde vamos? Por favor corrija el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

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No dudamos de la buenas intenciones del Presidente de la República al dictar su Decreto de Amnistía, pero los actos que se dictan usurpando funciones son nulos de nulidad absoluta y por la tanto son revisables en cualquier momento. Tanto en Argentina como en Chile, sin que sea necesario comparar las causas, las leyes de amnistías dictadas décadas atrás, ahora son anuladas por razones de inconstitucionalidad y los beneficiados, especialmente en Argentina, están siendo traídos a juicios penales con condenas severas.

En razón de lo anterior, y dentro del espíritu que entendemos motivó al Presidente a decretar una amnistía, se hace necesario que el Parlamento dicte una nueva Ley a los fines de garantizar la inmutabilidad de los derechos de los beneficiados, ya que el Decreto Ley dictado por el Presidente de la Republica, por ser nulo es jurídicamente ineficaz, y en consecuencia, los favorecidos, corren el riesgo de ver sus casos reabiertos, ya que dentro de la Ley Habilitante dictada por la Asamblea Nacional en el 2.007, no se confirió potestad al Presidente de la Republica para decretar amnistía, y siendo ésta, conforme al artículo 187 ordinal 5º de nuestra Constitución, competencia exclusiva del Parlamento no podía el Jefe de Estado asumir dicha facultad.

Es claro el texto Constitucional al otorgarle a la Asamblea Nacional la prerrogativa de decretar amnistía: “…Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 5) Decretar amnistías…” y al Presidente la potestad de otorgar indultos: “Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: 19) Conceder indultos…” En consecuencia de lo anterior, ni la Asamblea Nacional puede conceder indultos ni el Presidente decretar amnistías. En nuestra Carta Magna se establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (artículo 138) y que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo (Artículo 25) .

En la Ley Habilitante de 2.007, aún vigente, se concedieron al Presidente de “manera precisa” las siguientes facultades legislativas: 1.En el ámbito de transformación de las instituciones del Estado: 2.-En el ámbito de la participación popular: 3.-En el ámbito de los valores esenciales del ejercicio de la función pública: 4.-En el ámbito económico y social: 5.-En el ámbito financiero y tributario: 6.-En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica: 7.-En el ámbito de la ciencia y la tecnología: 8.-En el ámbito de la ordenación territorial: 9.-En el ámbito de seguridad y defensa: 10.-En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios.

En ninguna de las anteriores facultades se incorpora la de “decretar amnistías”, por lo que no puede incluirse tal facultad por interpretación extensiva. La amnistía, no es un acto de justicia, sino que por el contrario es un acto político que el constituyente ha decidido dejar en manos del órgano político por excelencia como es el Parlamento, en razón a que ésta tiene un origen histórico de benignidad, como un acto de indulgencia frente al vencido por delitos de naturaleza política.

El 06 de Abril de 2.001 la Asamblea Constituyente dictó una Ley de Amnistía la cual en su artículo 1º señalaba: “Se concede amnistía política general y plena a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos”. En aquella oportunidad la ley emergió del propio poder constituyente y se plasmó de forma amplia y extensa a “todas las personas” que estuvieran procesadas, condenadas o perseguidas hasta 1.992.

La Asamblea Nacional, dentro del mismo ánimo que inspiró al ciudadano Presidente de la Republica, debe Dictar una nueva Ley de Amnistía que impida la anulabilidad de los derechos de los sedicentes beneficiados del Decreto Nº 5.790 con rango, valor y fuerza de Ley Especial de Amnistía que salió publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria número 5.870 con fecha lunes 31 de diciembre de 2007. La Ley dictada por la Asamblea Nacional deberá señalar que “Se concede amnistía política general y plena a favor “de todas aquellas personas que”, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos…”. De esta forma se cumplen los objetivos formales y sustantivos de reconciliar al país pero con estricta sujeción a la normativa contenida en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

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Hay un dicho conocido: «cuando la política entra por la puerta de los juzgados, la Justicia sale por la ventana», y esto es lo que ha pasado recientemente en nuestro país, con la utilización abusiva del término de delitos de Lesa Humanidad, el cual sirve y ha servido agraviosamente como pretendida palanca de aplastamiento del enemigo político, sin reparar en el daño que se hace a la justicia misma al mancillarse tan importante concepto de derecho penal internacional.

Después de los hechos del 11 de abril de 2.002, un grupo de dirigentes políticos y abogados vinculados con la oposición, se empeñaron en acusar al Presidente de la Republica por falsos delitos de lesa humanidad y para ello acudieron ante la propia Corte Internacional De la Haya. La referida pretensión fue rechazada, como de igual forma lo hicieron otros juzgados y organismos internacionales, con fundamento a que las acusaciones temerarias deben ser tan objetadas como el delito mismo.

Ahora nos encontramos en el otro lado de la balanza. Actualmente les toca a algunos dentro de la oposición el tomar igual veneno y tenemos que con ocasión al mismo caso de Abril de 2.002, se busca impedir que los jefes policiales responsables de la acción de la Policía Metropolitana, en aquel mes y año, puedan beneficiarse del Decreto Ley de Amnistía dictado por el Presidente de la Republica, alegando que los funcionarios “están incursos en delitos de lesa humanidad”.

Ciertamente la Constitución establece en su artículo 29 que las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Pero también es cierto que un delito por grave que sea no necesariamente puede ser subsumido dentro de la clasificación de lesa humanidad

Al igual que nos hemos opuesto a la pretendida imputación en contra del Presidente por falsos delitos de lesa humanidad, ahora nos corresponde hacer lo mismo, en contra de quienes juegan idéntica macabra estrategia en perjuicio de Vivas, Forero y Simonovis. La razón es exactamente la misma: El delito de lesa humanidad impone condiciones indispensables para su existencia. Tienen que ser sistemáticos o generalizados, por lo que los actos aislados no pueden ser incluidos en esta tipificación. En el caso de los delitos de Lesa humanidad se trata de delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos de forma repetida y masiva con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo humano determinado por razones de cultura, raza, religión, nacionalidad o convicción política.

El Tribunal Internacional para Ruanda que condenó a la cárcel a funcionarios, dueños de medios de comunicación, sacerdotes y civiles fundamentó sus decisiones en el “Estatuto para el Enjuiciamiento de los Crímenes Internacionales Perpetrados en Ruanda” (Resolución 955 del Consejo de Seguridad de 8 de noviembre de 1994) en donde expresamente se le asigna potestad jurisdiccional para enjuiciar a los responsables de los crímenes que “ hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas…”

De igual forma en el Estatuto de La Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, el 17 de julio de 1998, en vigor desde el 12 de abril de 2002, se señala : “..Se entenderá por “crimen de lesa humanidad”… cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque…”

El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periodo de tiempo, sobre un amplio grupo de personas y a la cual se le quiere destruir o desbastar por razones políticas, religiosas, raciales u otras. En abril de 2.002 no se produjeron delitos de lesa humanidad. Ciertamente hubo una acción criminal calculada por mentes tenebrosas que buscaban generar el caos que se produjo, pero por más oscuras que hayan sido las acciones del 11 de Abril, las mismas ni fueron sistemáticas ni generalizadas ni tampoco ideadas para asolar o aniquilar a un grupo a manos del otro.

En consecuencia de lo anterior y aunque hemos manifestado nuestras reservas sobre la legitimidad del Decreto de Amnistía dictado por el ciudadano Presidente de la Republica, estamos obligados a señalar que no encontramos asidero jurídico que impida beneficiar a Vivas, Forero y Simonovis de los efectos de la referida ley, la cual siendo de efectos generales, arropa por igual a todos los que están en la misma situación jurídica, sin que pueda impedirse su aplicación arguyendo para ello un falso supuesto de “delito de lesa humanidad”.

Ni Chávez Ni Vivas, Forero o Simonovis han Cometido Delitos de Lesa Humanidad.

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Vicepresidente Removido
Asamblea Nacional Disuelta
Por: Braulio Jatar

No son deseos, sino la lógica consecuencia política ante una nueva realidad que no se ve plasmada en una Asamblea unicolor, que ciertamente es el producto de la irracionalidad de un sector de la oposición, pero que ahora no tiene sostenibilidad política. Son muchas las razones que nos permiten pensar que lo que dijimos, de forma anticipada antes de conocerse el resultado del referendo improbatorio de la propuesta de reforma de la Constitución Nacional, ahora serán las secuelas lógicas, por inevitables, como producto de la nueva realidad política electoral

En artículos anteriores al 02 de diciembre, hablábamos de cómo el desempeño de Jorge Rodríguez estaba duramente cuestionado como vicepresidente, desde cuyo cargo, nada pareciera haber aportado al Ejecutivo Nacional. De igual forma, el trabajo realizado como Coordinador Nacional del PSUV, no cristalizó ni en número reales (en el referido votaron menos que lo que nos dijo era la base militante) ni en el cumplimiento de la formalidad de registro, ante el Consejo Nacional Electoral, del partido todavía en “proceso de formación”. Ahora con la derrota refrendaria deberá, como Jefe del Comando Zamora, sufrir las consecuencias del derrotado en el campo de la batalla electoral.

La Asamblea Nacional de un solo signo político, dejó al descubierto su ineficiencia y su subordinación del Poder Ejecutivo, de tal forma que Heinz Diterich, a quien nos lo han presentado como un sólido ideólogo internacional de la propuesta del Chavismo, escribió un artículo en Aporrea en los siguientes términos: “…El parlamento (Asamblea Nacional) es, esencialmente una caja de resonancia de la voluntad presidencial donde los diputados, controlados por tres “capataces”, dicen “sí” a todo lo que él plantea, aunque sea inviable. La responsabilidad de esta situación reside en parte considerable en los diputados oficialistas, que no quieren perder sus prebendas….”

La solución a la crisis de estabilidad política que se avecina, no es ni tan siquiera la llamada reconciliación. Lo mas acertado es hablar de relegitimación. El Presidente tiene que reconocer la existencia de un sector que se opone a su propuesta y por el otro lado, los opositores tienen que reconocer como legitimo al poder constituido y éste último tiene que ser edificado sobre una nueva realidad en sintonía con el resultado del referendo popular.

En consecuencia de lo anterior, advertimos que existe una vía constitucional que haría posible el cumplir con las dos metas inmediatas, como es la salida del vicepresidente y la disolución de la Asamblea Nacional y lo encontramos en el articulo 240 de la CNRVB cuando señala: “…La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución….”

La oposición de cara a los resultado electorales recientes, tiene derecho a ocupar su espacio natural para el debate político. La Asamblea Nacional es el foro por excelencia para que se produzca un debate ideológico para beneficio del país y la entidad llamada a controlar la gestión del Ejecutivo Nacional. Si no le abrimos espacios a la oposición, ésta tomará otras vías de expresión, y será las interminables protestas de calle y otros mecanismos los protagonistas de una escena indeseada para la gobernabilidad y los elevados intereses de la Republica.

 Jurídica, El Poder y La Justicia, Audio

Por: Braulio Jatar Alonso.

La Rebelión Civil con la que, como delito, se imputó al Dr. Carmona Estanga y a los firmantes del nefasto Decreto de su breve golpe de Estado, pudiera servir, para hacerlo ahora, en contra de los que desde las distintas ramas del Poder Público, amenazan con alzarse de forma violenta, en contra de la voluntad popular expresada en las urnas el 02 de diciembre de 2.007.

En efecto, en el Código Penal se establece: Artículo 144. Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años: 2º. Los que…se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al Dr. Carmona Estanga lo imputaron conforme al ordinal primero: •…1º. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituído o elegido, para deponerlo… y a los firmantes del Decreto conformes al ordinal segundo de la precitada norma criminal.

En nuestra Constitución se establecen reglas que determinan formas, modos y tiempos para salvaguardarla y protegerla, como es el caso del artículo 345 que instituye: “…La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional…”

De igual forma en nuestra Carta Magna se insertan normas fundamentales como el Artículo 5 que establece “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio… y el Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político… el referendo…”

También se insertan normas garantistas como el Artículo 7 que señala: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.,,” E igualmente normas seudo sancionatorias “…Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal…”

Conforme lo expresado: La soberanía es el pueblo. El pueblo se expresa a través del voto. Una de las formas de participación directa de la soberanía es el referendo. La Constitución es nuestra norma suprema y los miembros del poder público que menoscaben los derechos establecidos en nuestra carta magna son responsables penalmente. El Código Penal establece como responsables del delito de rebelión civil a quienes (civiles o funcionarios públicos de todo rango o nivel) se levanten para cambiar violentamente la Constitución.

Cuando la Asamblea y el Ejecutivo Nacional amenazan con volver a presentar la misma propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por el pueblo soberano en referendo el 02 de diciembre, se puede interpretar que dicha conducta no sólo violenta los artículos constitucionales antes señalados, sino que conlleva, prevalidos del ejercicio arbitrario del poder público, una actuación de fuerza en contra de la propias formas constitucionales.

Presentarse de forma ambigua ante el resultado electoral, es alzarse en contra de la expresión de la soberanía popular, la cual como poder constituyente, resulta ser la depositaria de la voluntad de nuestro pueblo. Al aceptarse los resultados electorales, pero desconocerse sus consecuencias constitucionales, se produce una conducta similar al que pretende cambiar violentamente nuestra máxima ley. ¿No era la voz del Pueblo la voz de Dios?

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Cuando el Presidente de la Republica presentó su propuesta de reforma ante la Asamblea Nacional el 15 de agosto de este año nos dijo: “… ¡Que viva la crítica! ¡Que viva el pensamiento crítico!.. Que se abra, pues, desde hoy el debate rumbo a la discusión, rumbo a la crítica, rumbo a la campaña que habrá que hacer para el referéndum aprobatorio, así espero de esta propuesta….”

Y ciertamente hemos sido duros críticos de la Reforma Constitucional, sin sentirnos que formamos parte de la oposición. Un grupo determinante de venezolanos nos vemos obligados a cumplir con nuestro deber ciudadano y no aceptar la simpleza del mensaje: “Todos los que están con un grupo votan SI y todos los que están con el otro votan NO”. Entre esos grupos siempre ha existido y existirán los que votan a conciencia de forma crítica.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que hiciera una Constitución que solo es realizable si él ocupa la Presidencia.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para imponerles nuestras ideas a los demás.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que la Asamblea Nacional con una mayoría simple, pueda destituir a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que es una clara y cierta amenaza al principio de separación de poderes.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que se diera una reelección continua solo para él, en violación al principio universal de igualdad ante la ley del resto de los funcionarios electos.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que éste, designe funcionarios que pudieran generar un conflicto de autoridad con nuestros Alcaldes y Gobernadores.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que se hicieran más dificultosos los medios de participación del pueblo, al aumentarse los porcentajes que activan los referendos constitucionales.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que concentrara más poder en la Presidencia haciendo más difícil el control de un poder público sobre el otro

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para acabar con la descentralización que ha sido mejor remedio que la enfermedad del centralismo

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que nos hicieran cambios estructurales a nuestra Carta Magna, sin cumplirse con las formalidades que exige la Constitución que defendimos y por la que votamos a favor, por ser una de las mejores del mundo.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que nos quitaran derechos humanos adquiridos en los estados de excepción.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para venderle al pueblo, una supuesta reducción inmediata a 6 horas la jornada diaria, para luego suspender su aplicación de forma indefinida, conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera ordinal 11.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para que se expropie de forma expedita la propiedad privada de nadie.

Nosotros NO votamos por el ciudadano Presidente para imponerle el socialismo al resto de nuestros ciudadanos.

Queremos nuestra Constitución con su diversidad ideológica. Queremos justicia social para lo que menos tienen. Queremos ser amigos de todas las naciones. Queremos a nuestros nacionales y extranjeros. Queremos un sistema de control de poderes. Queremos que nuestras autoridades locales cumplan con sus deberes. Queremos que el Presidente entregue su cargo al cumplirse lo establecido en nuestra actual carta magna. Queremos que el Jefe de Estado siga haciendo todos los esfuerzos necesarios para obrar a favor del pueblo conforme lo establece esta Constitución antes de pensar en otra. Queremos que se respeten a nuestras autoridades y que nuestras autoridades respeten a todos los ciudadanos. Queremos paz, progreso y orden humanista. Queremos que todos tengan al Presidente como su Jefe de Estado y que el Jefe de Estado tenga a todos como sus compatriotas. Queremos que nos respetemos en nuestras diferencias “Unitas Diversitas”. Queremos hacer posible los sueños de nuestro Libertador.

” Una Constitución que solo es viable si Chávez es el Presidente No es la Constitución de Todos los Venezolanos".

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Peligros de La Estrategia Final.
La Reforma Convertida en Referendo Presidencial
Por: Braulio Jatar

Hemos manifestado nuestra posición con relación a la propuesta del ciudadano Presidente de la República. Bien es sabido que la reforma consignada por el Parlamento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha recibido críticas y desinterés de un sector de quienes hemos apoyado la plataforma del Jefe de Estado.

Lo que la gente denomina “Chavismo” está compuesto por dos grupos que son los que han mantenido al Presidente al frente del gobierno. Un primer grupo de “Chavistas Militantes”. Un segundo conjunto de “Chavistas Simpatizantes”. Cada grupo por separado, no es suficiente para garantizar el triunfo, y es por ello que siempre es necesaria la comunión de ambos, para alcanzar la mayoría.

En el caso de la reforma, se han presentado fisuras en los dos grupos. Dentro del Chavismo militante, es donde menos se hacen evidentes las grietas, haciéndose mayor hacia el chavismo periférico. Pero tal situación, ha puesto la reforma en evidentes aprietos para su aprobación.

Lo anterior ha obligado, al ciudadano Presidente de la República, a plantear las cosas en términos plebiscitarios, con las consecuencias que esto podría acarrear en relación con su permanencia en la Presidencia de la República, cuando ha señalado : “Si tú quieres que yo siga al frente del timón vota por el Sí…” (Entrevista en VTV).

Hemos dicho que el Jefe de Estado se juega a Rosalinda en este pase, y él así lo ha entendido, y quizás es por ello que ahora exige de todos sus seguidores, su apoyo no a la reforma sino a su persona. Tal cambio de estrategia pone, como ya dijimos, en evidencia que el voto por el SI está en problemas, pero además convierte al referendo consultivo en un referendo aprobatorio o revocatorio del cargo de Jefe del Estado, por voluntad del mismo Presidente, lo cual resulta una estrategia de mayor riesgo dentro de un ambiente con resultados bastantes inciertos.

Ciertamente si la reforma logra un triunfo holgado, se habrá consolidado, una vez más el liderazgo del Presidente y éste, estará libre de actuar con el nuevo marco constitucional a favor de su plataforma, con el acelerador a fondo, pero si el triunfo es por escaso margen o triunfa el No, la situación hace obligante considerar escenarios de inmensa dificultad para la estabilidad política del país.

La Asamblea Nacional estaba obligada a evaluar la propuesta del Presidente conforme a los reclamos que desde el propio Chavismo se hacia al texto. El Parlamento revisó algunos artículos que lucían conflictivos, como el de derecho a la propiedad, pero agregó otros tantos que hicieron aún mas difícil la posición de la propuesta de reforma, cuando modifico el 337, aumento el número de porcentajes para activar los referendos, modificó el artículo que obligaba a un parlamentario a perder su investidura si ocupaba un cargo en el Poder Ejecutivo, así como la norma que protege el derecho de autor, entre otros.

Dentro de esta situación el Presidente se monta sobre los hombros todo el contenido de la reforma. Habrá que ver, si en su más difícil prueba, logra corregir lo que viene torcido, de otra forma, las consecuencias serán devastadoras para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

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Hemos defendido durante años, aspectos fundamentales de la plataforma política del Jefe de Estado Venezolano. Hemos sido vituperados por algunos en la oposición que no saben de tolerancia y muchos menos de diversidad ideológica, pero aceptamos este hecho, como parte de nuestra democracia. Hemos sido críticos de las desviaciones que se hacen evidentes dentro del proceso y lo seguiremos haciendo, aunque algunos desde el sector oficial nos lo recriminen.

El Presidente Chávez ha tenido la deferencia de leer algunos de nuestros artículos en público y en privado y aún fue mas allá, cuando en diversos foros y ante medios de comunicación social, reprochó a quienes nos atacaron de forma miserable, cuando simplemente divulgamos a nivel nacional, algunas verdades jurídicas del derecho internacional, con ocasión al proceso de expropiación que en su momento adelantaba el gobierno nacional.

Dicho lo anterior, ahora nos corresponde señalar que desde que el ciudadano Presidente anunció su reforma Constitucional, advertimos en diversos medios, inclusive en aquellos vinculados con el oficialismo, que se estaba sobreestimando el liderazgo del Jefe de Estado y subestimando la capacidad de análisis del pueblo. La victoria de diciembre de 2.006, fue erróneamente interpretada como un mandato para que desde Miraflores, se impulsara un proyecto de país, que no responde al respeto de la pluralidad ideológica que se presenta como una de las más sólidas virtudes de nuestro pueblo.

La inclusión de la palabra ¨socialismo¨, en la propuesta Constitucional, no sólo ataca la estructura del Estado Venezolano, sino que además atenta contra el derecho que tiene todo ciudadano, en nuestro país, a profesar la ideología política de su preferencia, sin ningún tipo de límite o tope legal.

Nuestra Carta Magna no es ni debe ser convertida en el texto político de un sector, por el contrario, su contenido debe ser depositario de todas las partes que forman la totalidad absoluta de nuestra sociedad, de tal forma que nacionales y extranjeros, se consideren protegidos por un marco legal, que respeta y protege nuestra unidad como nación, en la diversidad de nuestras preferencias políticas e ideológicas (Unitas Diversitas).

La reforma constitucional tiene visos de inconstitucionalidad ab originae, es decir, desde su mismo origen o creación. Ya que en ella se incluye la denominada “geometría del poder” que produce cambios orgánicos del Estado que solo pueden ser convalidados por el poder constituyente, igual criterio aplica a la inclusión del modelo socialista, ya que su inserción en el texto constitucional, repercute sobre toda la armazón jurídica del país.

La reelección indefinida en un solo funcionario público, no sólo violenta el derecho de igualdad ante la ley de los ciudadanos en sus derechos políticos a ser elegidos en paridad de condiciones, sino que además, contraría nuestra propia historia, en donde, quienes se han perpetuado en el poder, lo han hecho a costa de menoscabar los derechos de otros y por otra parte, en más reciente historia, la secuencia de segundos mandatos han resultado desfavorecidos en comparación con los primeros períodos de los mismos presidentes.

La excesiva concentración de poder en la Presidencia de la República, tal y como se incluye en la propuesta de reforma constitucional, hace casi imposible su control por parte de los otros órganos del Poder Publico Nacional, lo cual debilita el principio de separación de poderes, que rige las sociedades modernas.

La inclusión de derechos sociales, económicos y laborales a favor de nuestros trabajadores y de los más humildes de nuestra sociedad, no requieren de la modificación constitucional, sino de la voluntad política de impulsar nuevas leyes o modificar las actuales y muy especialmente el exigirle a las autoridades cumplir con sus obligaciones a favor de los más necesitados.

Por otra parte la Asamblea Nacional usurpó los derechos del proponente al incluir, modificar y alterar la propuesta inicial, lo cual introduce un grave precedente jurídico, según el cual, el Parlamento tiene el monopolio exclusivo de la reforma de nuestra Carta Magna, lo cual es contrario a la mas elemental racionalidad constitucional.

Por último, desde el punto de vista filosófico, los revolucionarios con un puesto en la historia, no cayeron en la tentación del poder sino que por el contrario renunciaron a ella, para comprometerse en mas elevadas tareas tal y como nos lo muestra el legado de Simón Bolívar quien no aceptó mas titulo que el de “Libertador”.

La Constitución Nacional no puede ser el autorretrato de un hombre, sino que por el contrario es el pacto social que nos hace a todos iguales sin distingo de ningún tipo. Parte de los que votamos por la aprobación de la actual Constitución, seguimos considerándola la mejor de todas y no vamos a reformarla.

La Constitución No Puede ser Un Autorretrato.

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Por: Braulio Jatar Alonso

La situación luce complicada para la propuesta de reforma constitucional. Advertimos desde el comienzo, que la misma estaba plagada de contenidos que no se correspondían con una Constitución progresista. A los errores iniciales se sumaron, con mayor ceguera, los de la Asamblea Nacional, de tal forma que ahora tenemos una proposición que se ha convertido en un adefesio jurídico, por la inclusión masiva de artículos que en nada se relacionan con los presentados inicialmente por el Presidente de la República. De allí que ahora se plantea llevarla a referendo popular en por lo menos dos bloques.

Hemos advertido que no han reformado, sino deformado, una de las mejores constituciones que existen en nuestro hemisferio. Es contrario a norma, el que la Asamblea Nacional haya usurpado la potestad del proponente inicial de la reforma, de tal manera que hayan sobrepasado el número de artículos que originalmente se habían consignado al cuerpo parlamentario. Al final la jactancia de algunos, quienes se creen dueños de la verdad por ser dueños del poder, dejó al descubierto un afán por protegerse mas a ellos mismos que al pueblo que los eligió, tal y como se evidenció en la reforma del artículo 337, en donde se aplicó un antihistórico retroceso a logros conquistados en materia de derechos humanos, lo cual denunciamos con fuerza de la misma forma, como en su momento lo hizo Provea, Tarek William Saab o el propio José Vicente Rangel.

Las encuestas a las que tenemos acceso, demuestran un alto rechazo a la reelección presidencial y a la excesiva concentración de poderes en una sola persona. Se ha subestimado la capacidad de análisis del pueblo y sobreestimado el liderazgo del Presidente de la República, cuando se ha construido una propuesta constitucional pensada más en el ejercicio del gobierno. La oferta de reducción de la jornada de trabajo, así como la inclusión de otras legítimas reivindicaciones a nuestro pueblo, han sido moderadamente aceptadas por lo que, no han logrado cambiar la tendencia hacia la improbación de la propuesta de reforma o a la aprobación de ésta por un estrecho margen.

El Caracazo significó el inicio del declive de la imagen de Carlos Andrés Pérez, tan solo días después de ser reelecto, cuando su soberbia se encontró de frente con un pueblo que vomito indignación por el ejercicio abusivo del poder. La historia es reciente, pero parece que muchos, ahora la olvidan, embutidos en poltronas que hasta hace nada ocupaban quienes al presente califican como sus enemigos irreconciliables.

No somos de los que anticipamos que si la propuesta es rechazada o logra imponerse por un estrecho margen, las cosas se quedaran allí. Hemos advertido que el Presidente se está “jugando a Rosalinda” en este lance, y no tenemos la menor duda que una derrota o una victoria pírrica en este caso, lanzarían a Venezuela hacia una nueva espiral de inestabilidad política, que nos llevaría directo a situaciones de reciente sello.

Si las encuestas siguen marcando una tendencia en contra de la reforma constitucional, la solución no será separarla por bloques, sino retirarla antes de que sea demasiado tarde para volver atrás. El “Caracazo” tomó por sorpresa a casi todos; en el “reformazo” no habrá quienes no estén advertidos o preparados. Por la paz de la República es hora de rectificar.

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