ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL DE APORREA.ORG

La Ex Primera Dama en Campaña?

No hay situación más compleja en una batalla judicial, que enfrentar una mujer en tribunales. Para muchos hombres, la pelea está perdida antes de empezar, ya que aunque el sexo femenino han luchado por su igualdad a nivel mundial , lo cierto es que algunas de ellas saben usar su aparente fragilidad femenina o condición de “sexo débil” para mostrarse como victimas automáticas, aun en esos casos donde siendo agraviantes se muestran como agraviadas.

Ya hemos advertido en otros artículos, como algunas denunciantes vienen haciendo uso abusivo de la denominada “Ley de los derechos de la Mujer a una Vida sin Violencia” y como éste texto legal, ha sido interpretado en el Ministerio Publico, de tal forma que basta que la denunciante formule su denuncia para que el denunciado sea imputado, todo en flagrante violación al principio de presunción de inocencia pilar fundamental de los derechos humanos de hombres y mujeres.

En el reciente caso relacionado con el derecho de visita del Presidente de la República a su hija, algunos medios han divulgado ampliamente las declaraciones de la madre de la menor en donde aparecen frases más enlazadas a una activista política que a una mama defendiendo sus derechos y los de su menor hija.

En efecto en la entrevista aparecida en el diario El Nacional del 11 de mayo - no por causalidad día de la madre- la ex primera dama ha asegurado, entre otras cosas , “…estar dispuesta a defender con la vida la guardia y custodia de mi hija…”. Tal afirmación no pareciera corresponderse con la realidad procesal ya que en la demanda del Presidente Chávez solo se exigía el cumplimiento del régimen de visitas que seguramente se había acordado en la etapa de la separación y ratificado al momento de convertirse al divorcio. En la acción libelar nunca se planteó la revocatoria del derecho a guarda y custodia de la madre, sino el derecho de visita del padre, por lo que lo afirmado luce ser la construcción de un falso supuesto.

Por otra parte en la entrevista de marras, se lee: “¿Qué madre en su sano juicio puede entender eso? ¿Cómo una persona que ha dicho en innumerables ocasiones que está en peligro extremo de muerte, puede mandar a buscar así a su hija? ¿Cuántas personas de su extrema confianza se le han volteado? Esto revela un altísimo grado de irresponsabilidad de su parte".

Es obvio, de acuerdo a lo confesado por la demandada en este segmento de la entrevista, que el padre en funciones de Presidente ha encargado a terceros de su confianza, el recoger a la niña en la casa de la madre y ésta se ha negado a entregarla bajo el argumento de “desconfianza hacia las personas que se han vuelto contra el padre”. Tal argumento lo que hace es evidenciar que al padre se le ha negado el derecho a ver su hija y esto viola no solo el derecho del progenitor, sino mas importante aún, el de la niña de ver a su padre.

En otra parte de la entrevista se señala que “ Marisabel Rodríguez recordó que el Presidente la intimida cuando, públicamente, asegura que no lo deja ver a su hija. “Lo que pretende es inhabilitarme políticamente", señaló la ex primera dama, quien aspira a la alcaldía de Barquisimeto….” La pregunta que cuelga con relación a esta párrafo es evidente: ¿Habla la madre desinteresada o por el contrario la mujer preocupada por su carrera política? ¿ Donde quedan en esta disputa política los derechos de la menor de ver a su padre? ¿Esta hoy la niña feliz con la ausencia permanente de su padre?-

Luego en la misma entrevista se advierte al padre : “ Que estudia la posibilidad de demandar a Chávez, amparada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia…” y añadió “…de prosperar la acción, el Presidente podría quedar inhabilitado políticamente, como cualquier funcionario público que agreda a una mujer…”. Ya hemos dicho antes que esta ley se ha convertido en un arma destructiva de sus propios loables propósitos cuando sirve a intereses ajenos a la justicia, en este caso como arma política intimidatoria.

Cuando una madre niega a un padre ver a su hija, no solo afecta los derechos de aquel, sino los de la menor, los cuales por ser sagrados no deben ser sacrificados por interés subalterno de ninguno de los padres. La niña tiene el derecho y la necesidad de ver a su padre; quien se oponga a ello se confronta con la ley de los hombres y la ley de dios.

 Personal, Noticia, El Poder y La Justicia

Braulio JATAR
Noticiero Digital

El gobierno nacional deberá prepararse para aguantar el chaparrón que se le vendrá encima por haber permitido la “fuga controlada” de los secuestradores de la agencia bancaria del Banco Provincial en la ciudad de Altagracia en el Estado Guarico. Por casi unanimidad los gobiernos mantienen una política de no negociar con secuestradores. Tal estrategia busca detener el convertir tan horrible delito, en una industria de dimensiones incalculables, aunque el precio que se tenga que pagar en cada caso en particular, sea el de la muerte de algunos rehenes.

En el caso del secuestro de más de treinta personas dentro de una agencia bancaria, estamos seguros que se agregó en la mente de las altas autoridades del gobierno nacional, el tema de los “rehenes” de la FARC. El gobierno nacional fue puesto a prueba en su propio territorio al tener que lidiar con un secuestro múltiple de cobertura mediática nacional e internacional. El Ministro de Interior y Justicia que fungía de mediador en este caso, es el mismo que actuó como intermediario con la FARC en la entrega de Clara Rojas y Consuelo Gonzalez. En consecuencia de lo anterior, el efecto espejo en ambos lados de la frontera era inevitable y los “secuestradores” quizás sin saberlo se beneficiaron de tal coyuntura.

Debe quedar claro que cuando el gobierno nacional decidió convenir en la “huida negociada” de los plagiarios en el caso del secuestro en el estado Guarico, no solo estaba lidiando con el rapto de clientes bancarios en un estado llanero de nuestro país. También lo hacia con quienes piensan que a las FARC hay que “cercarlas militarmente ” para obligarlos a entregar sus rehenes, tal y como apenas días atrás lo declaró el Presidente Colombiano a algunos medios de comunicación. El Presidente Chávez no podía correr el riesgo de una operación militar para rescatar a los rehenes de los secuestradores bancarios, ya que tal acción significaría darle la razón a Uribe en aplicar la misma “medicina” a los guerrilleros colombianos y sus “prisioneros”.

El “camino dorado” abierto a los secuestradores hubiera sido impensable en cualquier otra oportunidad. No recordamos el haberse jamás facilitado el escape a un grupo de secuestradores con botín y todo, a cambio de liberar sus rehenes. Es obvio que el gobierno nacional se ha visto atrapado en sus propias palabras en el caso de los secuestrados de la FARC y la “obligación de negociar con esta”. No dudamos que los rehenes y sus familiares junto con el pueblo venezolano se sentirán aliviados con el resultado. Pero también es cierto que el gobierno a su más alto nivel terminó doblegado por cuatro malandros que, habiendo sido acorralados a tiempo por un solo policía, terminaron derrotando a todos los cuerpos de seguridad del estado Venezolano cuando huyeron con el auxilio de las propias autoridades.

Lo que resultará ser una de las más grandes muestras de debilidad de gobierno alguno ante unos delincuentes comunes pudiera, para algunos, ser el precio que hemos tenido que pagar por defender la postura del Jefe de Estado ante los secuestros de la FARC.

Una mala política internacional se convirtió solo en horas, en un pésimo antecedente nacional.

 Noticia

Aunque se habla de un socialismo del Siglo 21, lo cierto es que hasta las dependencias públicas, supuestamente vinculadas con el proceso revolucionario, le han echado mano al mas denigrante “capitalismo salvaje".

Hemos llevado la voz cantante en contra de la explotación por parte de la empresa privada de los empacadores de supermercados, quienes no reciben pago de sus patrones sino que dependen de la propina que les dejamos los clientes. Ahora nos encontramos con una nueva forma de abuso laboral en la Alcaldía del Municipio Antonio Díaz el estado Nueva Esparta, en la cual se contrata a personas que trabajan hasta siete horas diarias y no se le paga sueldo, sino un dinero por concepto de “ayuda”, con la intención de evadir el patrono, en este caso la Alcaldía, el Decreto Presidencial del salario mínimo, la carga de las prestaciones sociales y demás compensaciones laborales.

Tal práctica que parece repetirse en otras entidades públicas violenta la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo y Decreto Presidencial que regula el salario mínimo.

La Constitución Nacional establece:
Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía.
Artículo 94. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Ley Orgánica del Trabajo:
Artículo 67 El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración.

La explotación del hombre por el hombre puede venir del sector público o privado pero sigue siendo explotación. No es aceptable que un trabajador trabaje para una Alcaldía por casi 7 horas diarias y al final de la semana reciba Bs. 80.0000 por concepto de “ayuda", cuando la realidad es que la relación laboral impone el pago de un salario mínimo y sus prestaciones sociales.

Alcaldías que explotan a hombre y mujeres humildes y se aprovechan del trabajo de estos de la peor manera pensable, son un pésimo ejemplo de esclavitud de quienes dicen ser “revolucionarios”.

 Noticia, El Poder y La Justicia

La Sala Penal acaba de declarar procedente, la solicitud de extradición de Pedro Carmona Estanga por el delito de rebelión civil y una supuesta autoría intelectual en un frustrado magnicidio. El dictamen de la Sala establece que en Venezuela ocurrió un alzamiento hostil con amenaza a la vida del Jefe de Estado, para deponerlo de su cargo y señala “al parecer se cometió un atentado frustrado contra el Presidente de la República, cuya autoría intelectual orienta hacia el imputado Pedro Carmona Estanga”.

Este último giro en la decisión, es decir, el que permite especular sobre la responsabilidad de Carmona en un intento de magnicidio, es lo que hace posible la solicitud de extradición de éste, ya que se deja atrás el delito de rebelión civil (delito político), incluido entre los que no permiten la extradición, conforme a tratados suscritos entre Colombia y Venezuela, e inserta el de “intento frustrado de asesinato”, el cual es una excepción al delito político conforme a norma expresa contenida en el Tratado de Extradición Binacional, que estipula en su numeral 4º “no se considerara delito político ni hecho conexo el intento de asesinato a un Jefe de Estado”.

Lo que sorprende de la reciente decisión, es que el Ministerio Público siempre ha procesado a Carmona Estanga por el delito de rebelión civil (delito político puro) y jamás lo había sido imputado con magnicidio en ningún grado (delito político relativo). De hecho, la extradición de Carmona Estanga ha chocado anteriormente contra la pared del delito político, ya que la rebelión civil es “ab originae” un crimen contra la estructura del Estado, por lo tanto encuadrado dentro de los supuestos de excepción a la extradición, ya que el derecho a refugio, prevalece por encima del de extradición y la persona acusada queda doblemente protegida por la excepción contenida dentro del propio tratado de extradición y el asilo político.

Sobre la nueva tesis de autoría intelectual de Carmona en el delito de magnicidio ha dicho el Presidente Chávez “en el despacho presidencial ( Carmona) dio la orden de matarme a unos militares golpistas", y habría sugerido “que parezca un accidente” y una “llamada de Washington sirvió para afinar ese plan” .

Por su parte el Dr. Pedro Carmona Estanga ha respondido: “…En ningún expediente consta, a cinco años de distancia, acusación alguna de la Fiscalía a ese respecto. Por ello, ni el país ni la comunidad internacional darán crédito a tan monstruosa mentira…”

La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o convicta de un delito conforme a la ley de un Estado es arrestada en otro y devuelta para ser enjuiciada o castigada. La extradición no opera en la mayoría de los casos en relación con los “delitos políticos puros”, pero si se otorga, cuando estamos en presencia de los delitos políticos relativos.

La doctrina llama “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la organización política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen elemento alguno de delincuencia común y por otro lado están los llamados “delitos políticos relativos” y se trata de delitos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común, como el homicidio de un Jefe de Estado, y delitos conexos a la delincuencia política, como por ejemplo, los actos terroristas o la rapiña para procurarse fondos o armas con fines subversivos.

Ahora la Sala de Casación Penal creer haber encontrado la puerta por lo cual puede entrar la extradición de Carmona, pero le será muy difícil justificar, ante la Corte Suprema de Colombia, el que después de cinco años de investigación, sea ahora que se relaciona a Carmona Estanga con un frustrado magnicidio, en lo que para la justicia Colombiana pudiera ser mas el producto de un artificio procesal, que el resultado de una investigación criminalística imparcial.

Venezuela

No hay forma de encontrar un mejor ejemplo de explotación de la necesidad del hombre que en el caso de los empacadores de los supermercados. No hay manera de mejor calibrar el abuso de un patrono, que en el caso de los embaladores de los autoservicios. No existe forma que permita ejemplificar de manera mas obscena el concepto de “plusvalía” al que hacia referencia Marx, que en el asunto de los “cerrillos de los supermercados”.

Estos jóvenes que trabajan por una necesidad vital, no reciben como contraprestación a su esfuerzo laboral ningún tipo de pago de parte de sus patronos (los supermercados); sino que son compensados con la propina que los clientes de los establecimientos le entregan a su discreción en monto, modo y cumplimiento.

El 19 de junio de 2.006 publicamos un artículo en este medio en el cual advertíamos:

“UN EJÉRCITO DE ESCLAVOS. MAL EJEMPLO DE WAL-MART EN MEXICO Y VENEZUELA… En Venezuela las grandes cadenas de supermercados y hasta los modestos establecimientos comerciales de este tipo, han copiado la forma de explotación del hombre por el hombre y han hecho suya el estilo Wal –Mart (cadena norteamericana que en México emplea mas de 6.000 niños empaquetadores o embaladores sin derecho a salario, vacaciones u otros derechos laborales). En un Estado Social y de Derecho como propugna nuestra Constitución este ejército de esclavos, requiere atención por parte de las autoridades laborales de nuestro país…”.

El día 25 de junio de 2.006 publicamos un nuevo artículo en el cual señalábamos:

“EJERCITO DE JOVENES ESCLAVOS EN VENEZUELA… A raíz de una denuncia recibida en nuestra oficina de abogados y tramitada conjuntamente con la unidad de investigación del boletín informativo “Reporte Confidencial"…El abuso en perjuicio de estos trabajadores se expresa, en el hecho de que no reciben pago de salario o sueldo alguno, ni tampoco ningún tipo de beneficio social, solo viven de la propina que usted lector, a su discreción, les entrega, esto a pesar de laborar dentro de los establecimientos comerciales a la orden de un supervisor, cumplir con los horarios impuestos por los gerentes, y realizar todo tipo de labores…”


El 02 de agosto de 2.006, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) publicó los resultados de su investigación en el caso de los embaladores (empaquetadores) en los siguientes términos:

“…El Presidente del Inpsasel, Jhonny Picone, alertó sobre los resultados del censo, en donde se encontró que del universo encuestado tan sólo 0,89% recibe salario mínimo, mientras que sólo otro 3,13% recibe algún tipo de bonificación por parte de la empresa, a la vez que en 3,55% de los casos llegan a recibir bono de alimentación, lo que significa que el ingreso de unos 2394 (92%) adolescentes trabajadores depende únicamente de las propinas que brindan los usuarios. Igualmente se encontró que un 16,68% de ellos no estudia y un 4,52% interrumpe su horario de estudio por el de trabajo, a la vez que un 59,15% labora una jornada diaria de más de seis horas, máximo permitido por la Lopna, y sólo un 27% disfruta de una hora de descanso…”

El 16 de agosto demandamos a una empresa de supermercados, en representación de empacadores que al terminar su relación laboral terminaron sin sueldo o prestaciones sociales en sus manos. En el mes de febrero de 2007 nuestros representados entraron a un acuerdo con su ex empleador y recibieron compensación laboral.

El 24 de septiembre de 2.006 publicamos un nuevo artículo en donde decíamos “…En las reuniones con la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA) que se llevan a cabo con el Ministerio del Trabajo, no pueden ser para negociar los derechos legítimos de los muchachos empaquetadores. Es hora que el Ministro del Trabajo asuma la obligación histórica de terminar con esta nueva forma de esclavitud sin mas demoras haciendo cumplir la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”


Después de mucho presionar finalmente las autoridades del Ministerio del Trabajo y la Asociación de Supermercados (ANSA) se reunieron para buscar un acuerdo. Y luego se volvieron a reunir hasta que dejaron de reunirse y los empacadores siguen siendo explotados en las narices de la revolución bolivariana. Desde hace dos meses nuestros representados recibieron la contraprestación acordada en los tribunales de mano de su ex patrono. Ahora bien Ministro del Trabajo: ¿Ustedes que han hecho por el resto de nuestros muchachos empacadores?

Venezuela

Como es costumbre alguien de la oposición, unos días atrás, envió a mi buzón un correo electrónico que titulaban “Ana Díaz de Guía, ex funcionaria del CNE, ofrece pruebas de fraude electoral” y agregaba como introducción algo del siguiente tenor: “Existen documentos que pueden probar que hubo fraude electoral en el comicio presidencial. Seis mil 540 máquinas automatizadas de votación no fueron auditadas, lo que representaría la manipulación de al menos 2 millones de sufragios.…”

La verdad es que no le dediqué a la información mas de un minuto, convencido que la cacareada “prueba” no era otra cosa que otra disparatada tesis de alguien buscando notoriedad , liderazgo en la oposición o cualquier otra cosa, por lo que mi vista dejó de prestarle atención al tema y me dediqué a asuntos mas útiles.

Por aquello de que estamos vinculados a algunos medios como editor, articulista y asesor, es por lo que siempre estamos recibiendo y enviando información que de alguna forma esculpe la realidad cambiante en estos nuevos tiempos en nuestro país, y es así como nos llegó, una vez mas a nuestro correo electrónico, un archivo de audio que recoge una conversación telefónica entre Pedro Penzini Fleury, Pedro Penzini Lopez y la abogada Ana Mercedes Díaz y quien lo manda advierte que “Penzini se ha pasado al Chavismo”.

Conozco muy bien al Dr. Pedro Penzini Fleury, de hecho el 24 de diciembre compartimos la misma mesa e hicimos intercambio de regalos y de opiniones políticas; por lo que sé de primera mano, que no es precisamente el “ chavismo” lo que políticamente lo define o identifica, muy por el contrario, es un hombre de pensamiento distinto al del Presidente de la República, y dentro de lo que podríamos calificar de oposición moderada o Light; como ahora se le ha dado en llamar a los que practican la tolerancia democrática en ese sector.

Al oír la conversación en marcha, recordé el correo que había recibido días atrás y volví a este, mientras mantenía atención en las voces, cuando de repente la entrevistada empezó con la cantaleta de la “ilegitimidad de Chávez”, “Chávez es un Presidente usurpador”, “Que todo fue un fraude”, “Rosales es un cómplice”. Los comentarios obligaron a Penzini a disentir con la entrevistada y recordarle que tanto el CNE como Manuel Rosales (Principal Contendor) habían reconocido el triunfo del Presidente de la República. La cosa se fue caldeando hasta que el conductor del programa opta por “cortar” la llamada.

Debo reconocer que me sorprendió el evidente disgusto de Penzini, ya que tiene años demostrando una paciencia china cuando comparte micrófonos con Marta Colomina, por lo que es obvio que su imperturbabilidad se colmó con mucho de lo que dijo y hasta con lo que solo llegó a insinuar la entrevistada.

Al terminar de oír la entrevista me dediqué a revisar, ahora si, con interés la información que me habían mandado sobre las “ nuevas pruebas del fraude electoral” y como “todo estaba revelado” en un libro titulado “ DEBEMOS COBRAR”, cuya autora es Ana Mercedes Díaz Cardozo, y nos invitaban a visitar una página de internet a los fines de adquirir la “ obra” y con esto es lo que nos encontramos:

“…Si deseas adquirir esta interesantísima obra para conocer la verdad que nos ha sido ocultada, no sólo por el gobierno sino también por sectores de la oposición venezolana, oprime el botón de COMPRAR : US$ 17.95… El precio de esta obra es en dólares americanos, debido a que esta siendo vendida en el mercado internacional. Para comprar el libro oprima el botón de COMPRAR. Luego rellene el formulario y verifique los datos. El costo del envío se calculará según el destino. Cuando esté seguro de que los datos están bien, oprima el botón de COLOCAR PEDIDO. Ud. recibirá un correo con los detalles del pedido. El tiempo de entrega varía según el destino. Sólo a los residentes de la Florida USA se les cargará el 6% de Tax. Enviamos a muchos países. Al verificar los datos, Ud. podrá revisar las opciones de costo de envío. Esta página web usa lo último en tecnología para asegurar que sus transacciones sean seguras y sus datos estén protegidos….” (Fin de la cita invitándome a comprar).

Al final de todo, no me quedó claro lo del “fraude”, pero si descubrí el acertijo del título del libro: “Debemos Cobrar”, solo que a la autora se le olvidó agregarle US$ 17.95 + el costo de envío.

Venezuela

La concejala María Eugenia Bellorín del partido Podemos, en el Municipio Mariño de la isla de Margarita, lanzó esta semana la insólita propuesta de crear un “fondo social” para costear implantes mamarios en jóvenes de escasos recursos. El “programa social” lleva el nombre de “Sin tetas no hay paraíso”, tal y como el seriado de televisión del libro de Gustavo Bolívar, basado en un hecho de la vida real.

De acuerdo a lo propuesto por la concejala, quien es además la primera dama del Municipio por estar casada con el Alcalde de la entidad Eligio Hernández, un ex copeyano recién pasado a la filas del partido Podemos, ahora las muchachas humildes de Porlamar, podrán contar con “ayuda financiera para agrandarse sus glándulas mamarias”.

La promotora de la idea “revolucionaria”; no solo no reparó en el hecho de que la propuesta de “chica plástica”, es contraria a los mas elementales postulados socialistas, sino que el propio nombre con el que bautizó su “ oferta social”, es el título de una novela que tiene que ver con todo ese mundo al que se ven sometidas las adolescentes de la ciudad de Pereira de Colombia que en su afán por conseguir dinero y ascender rápidamente en la escala social, hacen lo que sea por conseguir una operación y a través de la silicona, aumentar unas tallas mas en el volumen de su busto y de esta manera, encajar en los gustos de los llamados “capos” o “traquetos” , personajes que se caracterizan por ser narcos. (Tomado del guión).

El anuncio no ocuparía ni mi pensamiento ni mi pluma, sino fuera por el convencimiento que tengo que esta “propuesta” deja al descubierto, como los partidos de la revolución se encuentran infiltrados del mas puro oportunismo y vaciados de contenido programáticos e ideológico, mostrando cada vez mas un parecido obsceno con el clientelismo político que acabó con los partidos tradicionales, en los cuales bastaba tener dinero o votos para insertarse en la estructura partidista, sin considerar fidelidad filosófica, valores de integridad, honestidad o concurrencia en un pensamiento político.

Cuando una concejala de uno de los partidos de la revolución, considera que por encima de satisfacer las necesidades de educación, vivienda, salud, embarazo precoz, drogadicción se encuentra el agrandarle las “tetas” a nuestras jóvenes humildes de Porlamar, y uno observa la postura de ciertos “compatriotas”, se hace evidente que existe una gran simulación ideológica dentro de las filas revolucionarias.

Las “revolucionarias plásticas” se empiezan a parecer cada vez mas a las niñas bien de la década de los 90, que con maestría retrató Guadalupe Loaeza en sus libros, que regresaban a clases contando las novedades de sus viajes a Europa o a Estados Unidos, presumiendo su nuevo vestuario adquirido en Harrods, Selfridges, Marks & Spencer. Pero eso ya quedó en el siglo pasado. Hoy la novedad es platicar a las condiscípulas cómo les fue en la operación estética que se practicaron y dejar que toquen sus implantes (“se sienten como globos duros llenos de agua”) o enseñar los orificios que dejó una liposucción del vientre. (Amalia Rivera Triple Jornada)

La nueva moda es pues lucir senos plásticos, y las jóvenes humildes ahora, también son estimuladas a este desatino social, donde seudos revolucionarios y falsas revolucionarias con carros de lujo, mansiones y tetas de silicona aspiran llegar al “paraíso socialista”.

Venezuela

La oposición está pidiendo ir a una Asamblea Constituyente. Ya lo veíamos venir y advertimos que lo iban a hacer. No porque tengamos una bola de cristal; sino porque los conocemos. Ellos no quieren una Asamblea Constituyente para que se garantice la “pluralidad de pensamiento” o “diversidad ideológica” en la nueva Constitución como han dicho. Ellos sólo quieren volver al Parlamento a través de la relegitimación de Poderes Públicos, que surge como consecuencia de una Asamblea Constituyente.

Algunos de los que presentan su “propuesta constituyente”, son de los que añoran las “mieles” que vienen con el curul: Inmunidad parlamentaria, vehículos con placas oficiales, invitaciones, gastos de representación y sobre todo full cámaras de televisión cada vez que hablan o dicen cualquier cosa. Muchos de ellos andan por allí llorando penas desde que dejaron de ser parlamentarios. He allí su principal motivación. He allí su verdadera intención. Ellos no apuestan a un “equilibro filosófico constitucional”, sólo buscan entrar al Parlamento nuevamente, vía Asamblea Constituyente, sin importar el precio que sus partidarios tengan que pagar.

Los seguidores de estos “lideres de la oposición” deben saber que una nueva Asamblea Constituyente, pone el juego en cero. Es decir, empezamos a “refundar un nuevo Estado” y entonces si es verdad que aquí mas de uno del bando contrario, tendrá que amarrarse los cinturones; ya que se construiría una nueva Constitución desde el preámbulo hasta el último de sus artículos.

En la nueva Asamblea Constituyente, se sancionaría la normativa constitucional por mayoría simple o calificada y el “Chávismo”, en ningún caso, va tener menos de los votos necesarios para imponer su visión de país, lo cual les garantiza la aprobación de la nueva Carta Magna, tal y como aconteció en 1.999.

Para algunos de estos parlamentarios desempleados, una nueva Asamblea Constituyente, es el camino, no para nivelar el contenido ideológico de la nueva Constitución, como ellos pregonan, sino para que unos 30 de ellos sean reenganchados al nuevo parlamento.

Nosotros no debemos someter a la República a una refundación del Estado, sólo para satisfacer el capricho de un grupete de aspirantes a diputados de la oposición, que en diciembre del 2.005, optaron por retirarse de las elecciones parlamentarias.

Sigamos con la reforma constitucional y al final que el pueblo decida en referendo popular.

Venezuela Constituyente

Lea la entrevista completa y porqué sacó de casillas a algunos.

¿Qué le llevó a dedicarse al periodismo digital?- Tengo un excelente amigo periodista, Gustavo Novoa, quien es muy reconocido aquí en Margarita; también tengo una relación con un ex parlamentario Neptalí Figueroa, quien es un gran comunicador social, y un día conversando y encontrándonos ante el cerco mediático del cual hemos sido victimas, y descubriendo la herramienta útil que es Internet, dimos un paso hacia delante, modesto, humilde, limitado. La Razón tiene mucho que ver con esto porque a través de ustedes nos dimos cuenta quienes eran los policías aquí y que estábamos mal, informativamente hablando.

¿En que ha consistido el caso del intento de asesinato del empresario italiano Humberto Luzardi en la avenida 4 de mayo de Porlamar, tema que ha sido reseñado ampliamente en la publicación de Reposte Confidencial que usted dirige en Margarita?
- Es el caso del propietario del Hotel Plaza Royal, “4 de Mayo”, fundamentalmente sirvió de escalafón de una situación que se viene palpando en la Policía del estado Nueva Esparta, al menos desde mayo. Esto coincide con la exposición pública que hace La Razón de la designación del ex Gato Pablo Díaz al frente de la dirección antidroga de la policía de Nueva Esparta. Es gracias a la Razón que aquí nos enteramos que Pablo Díaz estaba al frente de alguna división de de la policía. Inmediatamente, nos avocamos a confirmar y pudimos constatar que eso era cierto. Empezamos a recibir información sobre irregularidades sobre el decomiso de drogas, en donde participaban civiles acreditados como policías, también nos suministraron carpetas con fotografías. Nosotros alertamos sobre esa situación e hicimos saber, a través de una de nuestras publicaciones de que habían civiles que estaban causando pánico en la población. Ahora, tal y como lo refiere nuestro semanario digital de esta semana, en plena avenida “4 de mayo”, es decir, una de las avenidas mas transitadas del estado Nueva Esparta, casi se le produce la muerte (al empresario italiano) quien según tenemos entendido esta en terapia intensiva. Unos agentes policiales pretendieron atracar a este empresario hotelero para despojarlo de dinero a el y a su acompañante.

¿Qué relación tiene el ex comisario del Grupo Gato, Pablo Díaz, en esos hechos? ¿Qué relación tiene el caso Luzardi con el asesinato del penalista Ramón Carmona, donde también estuvo involucrado Pablo Díaz?- Cuando se hace una investigación (se descubre) que los funcionarios pertenecían a la División Antidrogas que dirige el comisario Pablo Díaz. No es difícil, entonces, hacer un paralelismo, tal y como lo hizo “Reporte Confidencial” al denominarlo como el “Carmonazo de la 4 de Mayo”. Esto no quiere decir que las investigaciones apuntan a la autoría intelectual de Pablo Díaz porque seria una irresponsabilidad de mi parte; pero, ciertamente, a alguna conclusión habrán llegado dentro del cuerpo policial y el propio Gobernador, porque el fin de semana fue destituido Pablo Díaz.

¿Cuál es la situación actual del Instituto de Policía del estado Nueva Esparta (Inepol)?- Una crisis total, una crisis que realmente es preocupante. Allí se ha venido produciendo una cantidad de hechos como los que ya narré; y por otra parte, se produjo un despido que ha tenido manejo político muy controvertido. Despidieron setenta y tanto funcionarios y se hizo ver que se estaba depurando la policía. En el devenir de la investigación, y que el propio ex director de la Inepol confirmó, resultó ser una reducción de personal porque no pudieron probar en la destitución ningún tipo de expediente como los que anunciaron en una rueda de prensa. Policías retirados y activos nos han confirmado que hay una sensación de falta de autoridad en el propio seno de Inepol.

¿Considera que se ha incrementado la criminalidad en Margarita y el tráfico de dogas en esa región?- Por allí decía el ex comandante de la policía que, desgraciadamente, y fue esta la palabra que utilizó, Margarita está controlada por el narcotráfico. Viniendo de quien fuera el comandante de la policía hace pocas horas, tenemos que tomar esa afirmación como un hecho muy grave. Hace dos meses hubo aquí un operativo importante de un buque que zarpó hacia España con un cargamento importante de cocaína. De vez en cuando detienen a las “mulas” en los aeropuertos, aunque no se sabe cuantas veces pasan, pero es evidente que en Nueva Esparta hay un recurrente trafico de drogas y fundamentalmente de cocaína.

NADIE ME HA DESMENTIDO¿A que conclusiones llega hoy sobre el famoso caso del “video Lamaletto” en el que aparece usted como presunto extorsionador del empresario Camilo Lamaletto? ¿Qué ocurrió realmente allí?
- Allí lo que sucedió fue una extorsión a la inversa, en donde el poder económico en su momento se puso al servicio del poder político, tal y como era regularmente en el pasado. Bajo ese esquema el ciudadano Camilo Lamaletto, quien esta siendo investigado por el caso Recadi, se acercó hasta nuestra oficinas a través del abogado Edwin Thomas Chacón, y quien lo declaró así en la comisión investigadora pero luego nadie lo publicó, vino a buscarnos para asesorarlo en un caso que quince años después la Asamblea Nacional lo catalogó como un ecocidio criminal (en los estados Miranda y Aragua). Fuimos invitados por el a Miami, por que el tenia auto de detención junto a su padre, y nos trasladamos hasta allá el doctor Aurelio Fernández Concheso y yo para tratar el tema. El video lo grabó, obviamente sin nuestra autorización pero si con una clara intención, en el año ´90 y el mismo salió en el ´91. Durante ese año completo y por eso demoro en salir, yo recibí todo tipo de chantajes, presiones y extorsiones, fundamentalmente del grupo de Carlos Andrés Pérez, Cecilia Matos, Blanca Ibáñez y Jaime Lusinchi.“Si se investiga en la hemeroteca se puede recordar que quien llevaba las investigaciones contra Jaime Lusinchi, los antejuicios de meritos, los autos de detención contra Blanca Ibáñez y las investigaciones insipientes de principios de gobierno de CAP y Cecilia Matos era la oficina de Braulio Jatar, asesorando al Presidente de la Comisión de Contraloría Douglas Dager, y a la Comisión de Medios, presidida por Oscar Yánez. Nosotros llevábamos los casos más importantes de la Venezuela de ese entonces. Camilo Lamaletto, entonces se prestó, pasó el video a Pastor Heydra después de un año, yo mismo fui convocado a un desayuno con un empresario en donde se nos ofreció un millón de dólares para desistir de las actuaciones contra Blanca Ibáñez. No lo aceptamos y explotó el video. Jamás me han podido desmentir ni Camilo Lamaletto, ni Douglas Dager, ni Orlando Castro, ni ningún miembro de la Comisión de investigaciones. Si quedó la matriz de opinión en mi contra, pero nadie me ha desmentido sobre la única verdad: el extorsionado fui yo por el cogollo Pérez – Matos – Lusinchi – Ibáñez y por eso le sirvió Lamaletto y Castro quienes siempre han estado interesados en congraciarse con el poder político y seguir haciendo dinero arrimados al lado del gobierno, que es lo que todavía hacen”.

“JOSE VICENTE, HOY”
¿En ese entonces era usted funcionario público o abogado en libre ejercicio?- Nunca he sido funcionario público, no aparezco registrado en ninguna oficina pública del estado venezolano en toda la historia. Me convirtieron deliberadamente en funcionario publico y en extorsionador, no he sido jamás ninguno de los dos. Si era un abogado en libre ejercicio, el mismo que te esta hablando ahorita y el mismo que asesora a un funcionarios públicos pero esto no me convierte en funcionario publico.

¿Quién presionó al empresario Aurelio Concheso para que no declarara a su favor en ese caso?-

Aurelio Fernández Concheso, y tengo pruebas llega a un acuerdo con Camilo Lamaletto. Los dos firman un documento en donde se imponen recíprocas cláusulas penales: que si uno se declara en contra del otro lo obligan a pagar doscientos mil dólares de compensación. Eso hizo que Aurelio Concheso guardara un silencio cómplice en el caso Lamaletto. De hecho, en el video que sale recientemente en Globovisión mutilan la figura de Concheso y aparezco yo solo hablando con Lamaletto. Ese video cada vez lo agarra alguien o le cambian el audio o llegan al colmo de cambiarle el contenido visual. Esto es parte de arreglos políticos de Carlos Andrés Pérez con la tribu de David Morales Bello quienes eran los abogados asesores de Lamaletto.

¿Qué papel jugaron en ese caso los periodistas Pastor Heydra y José Vicente Rangel?.- Pastor Heydra dijo que le dejaron en un casillero el video dentro de un sobre de Manila. Por su parte, Lamaletto dijo en el juicio que le iniciamos en Estados Unidos que ese video se lo robaron de un depósito de Miami junto a unas computadoras. Heydra estaba en una situación de minusvalía, de tener un voto de censura como ministro de la OCI, y consideró que se le vestía de color de rosado la oportunidad de rescatar su imagen publica, agarró el video, se montó sobre el y allí montaron el show. No fue un video sino un salvavidas político. Y en el caso de José Vicente Rangel es bien sabido que uno de los patrocinantes de su programa “José Vicente, hoy”, era el Grupo Balgres; y es por esa razón que Camilo Lamaletto a la única persona que le da una entrevista es a José Vicente Rangel y la cual fue preparada a conveniencia.

LAMALETTO SIGUE SIENDO CONTRATISTA
¿Hubo algún interés de esos periodistas de defender a las señoras Cecilia Matos y Blanca Ibáñez?.- En el caso de Pastor Heydra si porque esas señoras eran quines quitaban y ponían gente en esferas de relevancia. Ese era el interés fundamental de Heydra, es decir, congraciarse con algún sector que le permitiera salir a flote de una grave tragedia política. En el caso de José Vicente, más que para favorecer a Pérez, era para sacar dividendos políticos en contra de Copei y ayudar a Lamaletto quien habría podido cometer un desliz que lo comprometiera a decir la verdad.

¿A que atribuye que José Vicente Rangel en aquella oportunidad se encargó de divulgar masivamente el famoso “video Lamaletto”? ¿Qué relación profesional o comercial une a Lamaletto y a Rangel?-Ya lo dije, el Grupo Balgres era uno de los anunciantes de “José Vicente, hoy”. Creo que el presidente Chávez ya está advertido de esto: Lamaletto sigue siendo contratista del estado venezolano por la mano de José Vicente Rangel. Y creo que una de las cosas que le está haciendo grave daño al Presidente de la Republica es tener contratistas que han sido beneficiarios de todos los gobiernos que van pasando, sin importarles ideologías, color o características. Lanzo este reto: yo estuve catorce meses como asesor de la Comisión de Contraloría y durante ese tiempo se hizo más en la lucha contra la corrupción que lo que ha hecho el gobierno alguno, incluyendo el del presidente Chávez. Nosotros logramos diecinueve autos de detención contra altísimos funcionarios de Recadi, dos antejuicios de méritos contra Lusinchi, autos de DETENCION contra Blanca Ibáñez, logramos enjuiciar empresarios que importaban con sobreprecios. Y eso todavía lo estoy pagando.

¿Qué opinión tiene actual desempeño de Rangel como alto funcionario del Estado?- El vicepresidente de la Republica estuvo aquí en una oportunidad, el entonces gobernador Alexis Navarro me honró con la designación de miembro de la mesa de dialogo que se creo a la luz de los eventos de diciembre de 2002. En esa instalación estuvo José Vicente Rangel y yo frente a las cámaras de telecaribe hice ver que era una persona comprometida con los principios democráticos y el dialogo. Esto era tan cierto que a pesar que el hoy vicepresidente había adoptado una posición personal en contra mía, yo estaba convocado al dialogo. Luego el vicepresidente se me acercó, me saludó, me preguntó como estaban mis cosas, yo le dije que bien, y me dijo que si iba para Caracas que, por favor lo buscara. No he creído pertinente ni oportuno buscarlo. No quiero hacer ningún comentario sobre su desempeño.

CASTRO Y LAMALETTO
¿Qué papel jugo el entonces banquero Orlando Castro en el caso “video Lamaletto”?- El empresario Orlando Castro inventó una extorsión que fue tan inverosímil que la comisión investigadora comenzó llamándose Castro – Lamaletto – Dager – Jatar, y llegó un momento en el cual le quitaron el apellido Castro porque lo que el dijo no se lo creyó nadie. El dijo que yo lo había llamado para que me diera unos reales para un circo, y dizque lo había amenazado, algo sin pies ni cabeza.

¿Qué opina del apoyo de Orlando Castro al presidente Chávez?- Castro y Lamaletto eran dos que ponían al servicio de CAP y Lusinchi helicópteros, aviones, yates, ellos apoyan al gobierno de turno a cambio de contratos. Eso es todo yo no estoy de acuerdo con eso, es una cuestión de principios, de rigidez ideológica.

“Cuando Pastor Heydra me ve, se desaparece”¿Cómo son actualmente sus relaciones con Pastor Heydra en Margarita?
- Son exactamente igual como las dejamos la última vez que nos vimos. El, cada vez que me ve, se desaparece; y yo, cada vez que lo veo, trato de conseguirlo, pero no hemos podido coincidir. El tiene un rápido desenvolvimiento de piernas cada vez que nos encontramos, y yo no he logrado la agilidad suficiente para alcanzarlo.

¿A que se debió su decisión de residenciarse en Margarita?- Mi esposa, cansada de tantas injusticias contra su marido. Tengo veinte años casado con una ex Miss Venezuela, Silvia Martínez, una mujer que no solo es bella por fuera sino por dentro. Tengo tres hijos con ella y siempre ha sido una compañera solidaria. Ella consideró que no nos merecíamos ese trato si habíamos luchado contra la corrupción, fue decisión acertada. Aquí en Margarita han crecido nuestros hijos, ya una va estudiar relaciones internacionales en la UCV. Cuando mi esposa vea esta entrevista en La Razón creo que no va estar muy contenta.

- Durante su época de asesor del Congreso, ¿estuvo vinculado al partido Copei?- Pudiéramos decir que si, aunque nunca he sido copeyano ni tampoco me he inscrito en un partido político. Si tuve cercanía con Copei, mantuve excelentes relaciones con Orlando Contreras Pulido, con Eduardo Fernández, con el ex Diputado Oscar Yánez. Guardo recuerdos extraordinarios.

¿Cómo son actualmente sus relaciones con Douglas Dager y Ramón Guillermo Aveledo, diputados de Copei en esa época?- A Douglas Dager no le acepto su cobardía, nunca se la aceptaré. Me parece que su cobardía nos llevó a una situación de olvido y a responder esta entrevista con preguntas de hace quince años. Su cobardía lo hundió y me hundió a mí, y puedo decir que en este caso soy dueño de la verdad.

Contra el cerco mediático
¿Qué opina de las ideas políticas de su hermana Ana Julia Jatar?- Mi hermana es una de las mujeres mas inteligentes de Venezuela, y no por que sea mi hermana sino porque conozco bastante mujeres. Pero tiene un gravísimo defecto: tiene mucha pasión de amor de hermana, pasión de amor de madre, a sus amigos, es una mujer llena de pasión. Respeto absolutamente su posición aunque hay algunas cosas en las cuales disentimos.

¿Llego a militar en el MEP cuando su padre, Braulio Jatar Dotti, se desempeñó como primer secretario general de ese partido en los años 1967 - 1968?- No porque yo nací en 1958. Pero, claro que nos entregamos a nuestro padre y todo lo que la campaña de Luís Beltrán Prieto Figueroa. Mi hermana Ana Julia fue la que canto el primer jingle político, el cual escribió mi padre y la música por Chelique Sarabia. Creo que todavía me sé esa canción. Fíjate cuando aquí hablan de guerra, de tiros y aquello, mira yo estuve en el estado Falcón durante el gobierno de Betancourt y Leoni, en la guerrilla coriana. A las nueve de la noche se iba la luz en todo el estado y aquello si era plomo de verdad, disparos de fusil de ida y venida, la gente caía muerta en las calles. Ahorita estamos muy lejos de eso, muy lejos. Rezaba como quinientos padre nuestros hasta que amanecía y cesaban los tiros.

¿Nació en Caracas?- No, nací en Santiago de Chile porque mi papa estaba exiliado cuando Pérez Jiménez. Nací el 19 de febrero de 1958 y a los dos meses me traen a Venezuela. Nunca he estado en Santiago de Chile, debo ir algún día.

“Hay cosas de Chávez que me agradan”¿Hacia donde se inclinan, en la actualidad, sus preferencias políticas?
- Cuando mi esposa le entregó la corona a Bárbara Palacios, en el año 1986, y yo, quien era su novio en ese momento, le preparé unas palabras. Bueno hace como tres años ambos volvimos a ver el video y me dijo: “tu eras chavista antes que Chávez”. En su discurso usa frase de Bolívar y mi crítica era sobre la utilización de la figura femenina en el Miss Venezuela para vender productos a los pobres. Eso chocó a los Cisneros. Pero si este proceso que algunos llaman “chavista”, aunque lo llamo “proceso de cambio” y que los venezolanos hemos exigido siempre, va a producir una transformación a favor de los mas necesitados, pues anótenme allí. Ahora, si esto terminara siendo una desviación para que continuemos explotando a los de siempre, bájenme de ese tren. Yo sigo ideas y no hombres.

¿Apoya usted al Gobierno de Chávez?- No lo se decir porque hay cosas del gobierno de Chávez con las cuales no estoy de acuerdo. Hay cosas del presidente Chávez que me parecen plausibles, que promuevo y me agradan, pero no todas las posturas ni del presidente ni del gobierno me producen la misma sensación de agrado.

¿Se ha reunido usted con Chávez luego de las menciones de sus artículos hechas por el presidente en su programa dominical?- En algún momento una persona me sugirió una reunión con el presidente Chávez. Y yo le dije lo siguiente: “ni al presidente Chávez le conviene reunirse conmigo; ni a mi me conviene reunirme con el”. Porque mis posturas se mantendrán iguales antes, durante y después de la entrevista; y asumo que con el será igual. La respuesta a tu pregunta es no, no lo creo necesario. Si llegara el momento con muchísimo gusto me reuniría con el.

Hace tres semanas escribimos un artículo de prensa que titulábamos CIUDADANO LEOPOLDO CASTILLO AHORA ESPERO POR USTED y en el cual narrábamos la manipulación de los eventos en el caso LAMALETTO y muy especialmente pedíamos al conductor del programa ALO CIUDADANO, el que hiciera buena su palabra y me invitara a debatir sobre el VIDEO LAMALETTO y allí demostraría que la referida cinta era producto de un vil montaje. El tiempo pasó y la invitación para desentrañar la verdad nunca llegó. Una vez mas la verdad no interesa.

Quince años atrás le exigí a CAMILO LAMALETTO que dijera la verdad y confesara que fue él quien buscó contratar mi BUFETTE, a través de su abogado ERWIN THOMAS CHACON, tal y como este último lo atestiguara de manera valiente ante la COMISION INVESTIGADORA DEL CONGRESO y cuyas copias tengo en mi poder. El tiempo pasó y nunca confesó.

Desde hace años vengo esperando que DOUGLAS DAGER, confesara que mintió cuando dijo que JATAR ABUSO DE MI AMISTAD, ya que el sabía muy bien que el GRUPO LAMALETTO a través del VICEPRESIDENTE de una televisora nacional, lo vino a buscar a él (DAGER) para que los ayudara a resolver el problema de daños ecológicos y violación de derechos humanos en perjuicio de humildes campesinos y es DAGER quien me invita a la reunión almuerzo. El tiempo pasó y no confeso.

Desde hace tiempo estoy esperando que AURELIO FERNANDEZ CONCHESO, confiese que él estaba presente en la reunión y como testigo presencial conoce y le consta que LAMALETTO nunca fue extorsionado; sino que por el contrario era AURELIO FERNANDEZ CONCHESO el abogado de mi despacho jurídico encargado del caso y de firmar el contrato de asistencia profesional con CAMILO LAMALETTO a petición de este último. Lo cierto es que FERNANDEZ CONCHESO conforme a pruebas que estamos recabando reconoce haber firmado un pacto con LAMALETTO para no atestiguar a mi favor de mi persona y así obstruir la justicia. Luego FERNANDEZ CONCHESO a cuenta de pacto político es eliminado del expediente y del video lamaletto. El tiempo pasa y no confiesa.

Como nos sabemos inocentes, en 1.991 acudimos a la FISCALIA DEL CONDADO DE DADE en FLORIDA, USA, con jurisdicción en MIAMI, ciudad en donde nos grabaron y pedimos una investigación asumiendo la verdad como nuestra única arma de defensa. Los LAMALETTOS fueron llamados a declarar y se acogieron a la enmienda quinta de la Constitución de los Estados Unidos y nada confesaron. La Fiscalía cerró la investigación en contra de los Lamalettos. NUNCA EN ESTADOS UNIDOS SE ABRION INVESTIGACION EN MI CONTRA.

Hace mas de una década demandamos en ESTADOS UNIDOS a BALGRES y LAMALETTO, y después de diez años y a realazo limpio lograron que sin iniciar proceso alguno se me negara la jurisdicción americana bajo el argumento de ya “ todo estaba juzgado en los democráticos tribunales venezolanos”. Es decir no pudimos tampoco en USA avanzar en un proceso judicial por la verdad.

En los 90´s iniciamos un proceso en la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS , insistimos en demostrar que todo el proceso en mi contra era falso de toda falsedad. Denunciamos como excluyeron descaradamente a AURELIO FERNANDEZ del expediente, como en contra de los dictamines de todos los organismos públicos me juzgaron ARBITRARIMANETE como funcionario público. Después de una década sin resultados por la verdad y frustrados por no haber pronunciamiento de ningún tipo y en espera de un nuevo juicio retiramos la denuncia ante la CIDH. ¡La verdad sigue esperando!.

Ahora acudimos Sr LEZAMA ante CONATEL, hemos insistido en que “Video Lamaletto” transmitido por GLOBOVISION , estaba forjado, ya que no denotaba de manera fiel y exacta ni la conversación, así como los intervinientes en la misma.

Sr LEZAMA la CONSULTORIA JURIDICA DE CONATEL tiene la responsabilidad histórica de encaminar la investigación para establecer si lo que alegamos como violación a la INFORMACION VERAZ resulta ser cierto. La ciudadanía tiene el derecho a la verdad como contenido informativo.

LA CONSTITUCION establece ( Art. 58) . Todos tienen derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. La ley de Responsabilidad Social establece: (Art. 1ª). Esta Ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. (Art. 2ª) 1. Cuando dos o más disposiciones o leyes regulen una misma situación relacionada con la materia objeto de esta Ley, se aplicará aquella que más favorezca a los usuarios y usuarias. (Art 3º.3) Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. SR LEZAMA LA CONSTITUCION, LA VERDAD Y LA JUSTICIA ESPERAN POR CONATEL.

NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE COMUNICACION E INFORMACION DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA . PROGRAMA DE TELEVISION ALO PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. .

10 de octubre de 2005

LUCHA Propiedad privada debe tener objetivos de interés público

“A manera de reflexión leyó un artículo publicado por Braulio Jatar, columnista del diario Reporte Diario de la Economía”

El latifundio es un gigantesco atropello al pueblo venezolano

La transformación agropecuaria es la meta del Gobierno Bolivariano. Ejecutivo nacional espera que el método “Chaz” sea adoptado por los terratenientes

“Vamos a hacer una verdadera transformación agraria, de este camino nadie nos apartará”, dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez al referirse a la lucha antilatifundista que el Gobierno Bolivariano emprendió para democratizar la producción agrícola.

El jefe del Estado venezolano hizo el comentario al hacer lectura del comunicado redactado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) tras el encuentro que el presidente de este organismo, José Luis Betancourt, sostuvo con el mandatario nacional el pasado viernes.

Al reflexionar, durante el programa radiotelevisivo Aló Presidente, algunos de los puntos contenidos en el documento, expresó total acuerdo con la voluntad de apego a las instituciones y a la Constitución Bolivariana por parte del empresariado, quienes en el texto, entre otras cosas, dejan señalado: “Es así como los empresarios vemos con respeto la coexistencia con apego a la ley de diversas formas de propiedad pública, o mixta, cogestionaria, cooperativas o privadas que apunten a la prosperidad nacional”.

El interés y compromiso por reactivar la producción y la economía nacional, así como el relanzamiento de un dialogo entre las empresas y el mundo laboral y la modernización industrial expresado por la cúpula empresarial fue celebrado por el presidente Chávez.
Ante las matrices de opinión que insisten en hacer ver a los procesos de recuperación de tierras como una muestra de que el Ejecutivo nacional rechaza la existencia de propiedad privada, el jefe del Gobierno venezolano dijo que esa propiedad debe tener su justificación y su objetivo de interés público.

Dejó claro que Venezuela cambió. “Todos deben reconocer que las relaciones de poder ahora son distintas, que ahora el Estado no está subordinado al interés de los privilegiados”, dijo al tiempo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional dejó atrás los tiempos cuando permanecía arrodillada ante los sectores poderosos. “Esos tiempos se acabaron y no volverán más nunca”, sentenció.

“CHAZ”, esa la alternativa

El diálogo entre los supuestos dueños de tierras ociosas y el Gobierno es una de las opciones que ha presentado el presidente Chávez para lograr la erradicación del latifundismo y dijo: “Ahí está el método “Chaz” una propuesta que le hago a los terratenientes, casi escribo un manual, el método “Chaz” es el método Chávez y Azpurúa”, Carlos Azpurúa es el supuesto dueño del Hato La Marqueseña, fundo recuperado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), hace poco más de 25 días, luego de que no se presentara la sucesión de títulos que demuestran la propiedad.

En La Marqueseña será desarrollado un Centro Genético
Productivo “Florentino” y un proyecto agrícola de carácter ecológico.

“Chaz” es un método, según ha explicado el presidente Chávez, que consiste en dialogar y escuchar para buscar una solución que beneficie a todos los involucrados en la tenencia de la tierra, por eso dijo que está obligado a ayudar a cualquier venezolano, sea del sector público o privado, que quiera poner a producir la tierra.

Pidió a los gobernadores, alcaldes, autoridades regionales y al pueblo organizado que denuncien la existencia de latifundios. Expresó su apoyo a Richard Vivas, presidente del INTI, y lo exhortó a cuidarse porque la oligarquía extremista sigue insistiendo en que no permitirán la aplicación de la ley.

A manera de reflexión leyó un artículo publicado por Braulio Jatar, columnista del diario Reporte Diario de la Economía quien señala que en Venezuela todavía existe un tímido proceso de expropiación en comparación con Estados Unidos. Donde se lleva cabo el principio de expropiación forzosa bajo los principios de interés económico, mientras que en Venezuela se recurre a la recuperación amparado en el artículo 115 de la Constitución que reza: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Recordó que el INTI, según lo establecen las leyes, tiene la potestad de ordenar la ocupación temporal de tierras para que sean usadas por los campesinos que no tengan donde sembrar, mientras el proceso que se sigue sobre los terrenos, no culmina.

El presidente Chávez comentó además, la columna escrita por Eleazar Díaz Rangel, donde se abordó el tema de la lucha antilatifundista que en Venezuela se realiza desde hace 69 años.

Prensa Presidencial (Maryné Ladera C.)

Cuando un Presidente selecciona a sus gobiernos como amigos o enemigos, no puede, ni debo hacerlo conforme a su conveniencia personal o plataforma política individual, ya que por encima del interés particular priva el nacional, es decir aquel que conviene estratégicamente a la nación como un todo y no como una parcela, lote o sector político.

Nuestros lectores saben y conocen bien, que muchas veces hemos defendido políticas de este gobierno, y muy especialmente las relacionadas con los programas que se aplican a los mas necesitados. Así mismo hemos respaldados las posiciones del Presidente Chávez en su confrontación con ciertos sectores del país, que abusando de su posición de dominio, pretenden y siguen ensayando, subvertir el orden constitucional tratando de justificar golpes de estado y demás fórmulas contrarias al sistema democrático que como pueblo nos hemos dado. Es tan clara nuestra posición que durante los últimos años, hemos sido victimas de insultos y agravios por parte de los enemigos del “chavismo”, ya que hemos sabido apoyar al gobierno nacional en lo que responde a nuestro interés como república.

Es fincado en lo anterior, que nos permitimos advertir que la confrontación del Presidente Chávez con el Gobierno Norteamericano no la compartimos. Simplemente consideramos que no responde al mejor interés nacional y en consecuencia dicha política debe ser revisada, a los fines de asfaltar el camino diplomático que permita una conveniente interrelación entre dos naciones que se necesitan recíprocamente.

No justificamos, como estoy seguro lo siente la mayoría de los Venezolanos, las frases que subido de tono muchas veces el ciudadano Presidente de la República utiliza para referirse al Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos convencidos que ese lenguaje mas que ofender a la máxima autoridad de los norteamericanos, deslustra la majestad de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Resulta un contrasentido que, quien siendo el jefe de la rama del ejecutivo en nuestro país y hace todo tipo de esfuerzos por mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos, se empeñe en lanzar a la patria a un conflicto, por ahora, verbal que atenta contra el interés del colectivo y en consecuencia del pueblo, ya que una confrontación con los Estados Unidos como contra cualquier otro país, solo puede producir penurias a los que menos tienen.
Entendemos, de igual forma, que el Gobierno Norteamericano debe revisar su política hacia Venezuela y el Presidente Chávez. Es necesario el que se reconozca la condición de este último como máxima autoridad en nuestro país y se le permita adelantar sus programas políticos, económicos y sociales de forma libre y soberana, incluyendo la política exterior que adelanta el gobierno nacional.

En el caso de la DEA a los Venezolanos nos hubiera gustado que el Presidente Chávez o el gobierno nacional mostrara las pruebas de las “ actividades irregulares” de esta oficina norteamericana. Coincidimos con el excelentísimo embajador William Brownfield quien en relación a este asunto señaló que lo lógico sería colaborar ambas naciones, para que las acciones de los organismos de seguridad puedan favorecer a los países. “La lógica sugiere que deberíamos colaborar, cuando no colaboramos eso no favorece ni al gobierno venezolano, ni al gobierno norteamericano, ni al pueblo venezolano, ni al pueblo norteamericano, favorece solamente a los intereses de los delincuentes y los narcotraficantes".

Lo dicho por el embajador Norteamericano, no difiere en mucho en lo que ha expresado el embajador de Venezuela en Washington, en otras oportunidades con relación a otros asuntos. Ambos diplomáticos hacen todos los días un extraordinario esfuerzo en enderezar lo que demasiados en ambos lados se empeñan en torcer. Estamos con el arrojo inteligente de sendos diplomáticos, ellos saben que representan el mejor interés nacional de cada una de sus hermosas patrias.

INTOPRESS - CARACAS, MAYO 25 - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió este miércoles un escrito en el que se solicita la interpretación sobre la forma como las instituciones financieras (públicas y privadas), la Superintendencia de Bancos (Sudaban), Banco Central de Venezuela (BCV), Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (Banap), aplican e interpretan la novedosa Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, en contravención con la Carta Magna, según indicó Braulio Jatar Alonso, en su escrito presentado ante el máximo Tribunal del país.

Según un comunicado del TSJ, en el petitorio del escrito presentado se solicitó a la Sala Constitucional que dicte sentencia interpretativa para “suprimir la interpretación que sea errónea y señalar cuál es el verdadero sentido y alcance del artículo 42 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda que establece.

“Debido al mandato constitucional de la vivienda como derecho social, en su condición de servicio público de carácter no lucrativo, la tasa de interés fijada para créditos de vivienda principal corresponderá a una tasa de interés social. Los criterios para fijar dicha tasa social serán fijados por el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) de acuerdo a lo establecido en esta Ley, su cálculo será realizado por el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y presentado para su aprobación y publicación por el Banco Central de Venezuela’”, explica el texto legal.

Solicita en el petitorio de su escrito, que la Sala Constitucional ordene y señale como auténtica interpretación de la referida norma, la obligación del BCV Conavi, Banap “de fijar, calcular y autorizar las tasas de interés social a partir de 1993 o de la fecha que considere se produjo realmente el desequilibrio que obra en detrimento de todos los deudores hipotecarios de viviendas principales con efectos ex tunc, tomando en cuenta que la fijación de tasas realizadas por la banca privada desde entonces, es nulo de pleno derecho, por lo que el efecto de la ilicitud se remonta al momento en que el acto se produjo, todo conforme a los postulados de la sentencia de esta Sala de fecha 22 de enero de 2002 (la Sentencia) y en consecuencia se haga obligante para todas las instituciones financieras el cumplir con la reestructuración que conforme a tales efectos ex tunc, debe ser cumplida por los organismos oficiales antes señalados y acatada por las instituciones públicas y privadas”.

También en el petitorio solicita a la Sala Constitucional “establecer la adecuada interpretación de cualquier otra norma que de acuerdo al criterio de esta Sala debe ser esclarecida a los fines de ajustar la normativa de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda al artículo 82 de la Constitución Nacional”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió este miércoles un escrito en el que se solicita la interpretación sobre la forma como las instituciones financieras (públicas y privadas), la Superintendencia de Bancos (Sudaban), Banco Central de Venezuela (BCV), Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (Banap), aplican e interpretan la novedosa Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, en contravención con la Carta Magna, según indicó Braulio Jatar Alonso, en su escrito presentando ante el Máximo Tribunal del país.

En el petitorio del escrito presentado, solicitó a la Sala del TSJ que dicte sentencia interpretativa para “suprimir la interpretación que sea errónea y señalar cuál es el verdadero sentido y alcance del artículo 42 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda que establece: ‘Debido al mandato constitucional de la vivienda como derecho social, en su condición de servicio público de carácter no lucrativo, la tasa de interés fijada para créditos de vivienda principal corresponderá a una tasa de interés social. Los criterios para fijar dicha tasa social serán fijados por el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) de acuerdo a lo establecido en esta Ley, su calculo será realizado por el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y presentado para su aprobación y publicación por el Banco Central de Venezuela’”.

Solicita en el petitorio de su escrito, que la Sala Constitucional ordene y señale como autentica interpretación de la referida norma, la obligación del BCV Conavi, Banap “de fijar, calcular y autorizar las tasas de intereses social a partir de 1993 o de la fecha que considere se produjo realmente el desequilibrio que obra en detrimento de todos los deudores hipotecarios de viviendas principales con efectos ex tunc, tomando en cuenta que la fijación de tasas realizadas por la banca privada desde entonces, es nulo de pleno derecho, por lo que el efecto de la ilicitud, se remonta al momento en que el acto se produjo, todo conforme a los postulados de la sentencia de esta Sala de fecha 22 de Enero de 2.002 (La Sentencia) y en consecuencia se haga obligante para todas las instituciones financieras el cumplir con la reestructuración que conforme a tales efectos ex tunc, debe ser cumplida por los organismos oficiales antes señalados y acatada por las instituciones públicas y privadas”.

También en el petitorio solicita a la Sala Constitucional “establecer la adecuada interpretación de cualquier otra norma que de acuerdo al criterio de esta Sala debe ser esclarecida a los fines de ajustar la normativa de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda al artículo 82 de la Constitución Nacional”.

MMS
msicart@globovision.com
Globovisión/ABN
Publicado el 25-05-2005

El gobierno de Estados Unidos, como respuesta al jaque político anunciado por los gobiernos de Cuba y Venezuela con Posada Carriles como peón, hizo finalmente su movimiento en el tablero del ajedrez político.

El Sr. Luís Posada, está detenido en Estados Unidos desde el martes, en una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) cuya localización no se ha revelado por razones de seguridad. El canciller venezolano, Alí Rodríguez, exigió a Estados Unidos cumplir con la legislación internacional y extraditar a su país al anticastrista Luís Posada Carriles, detenido en Miami y a quien calificó de “reconocido terrorista".

Ahora, al igual que siempre en este tipo de situaciones, cada movimiento será jurídico con resonancia política. Es así como la detención de Posada Carriles no es el fin de nada sino el principio de todo.

El Departamento estadounidense manifestó en un comunicado, que “por norma, la Oficina de Inmigración y Aduanas generalmente no envía a nadie a Cuba ni a países que cree que actúan de intermediarios de Cuba", como se considera a Venezuela.

Las cosas no son tan sencillas como en su comunicado estableció la Oficina de Emigración y Aduanas, ya que existe un tratado de extradición vigente entre Venezuela y Estados Unidos, por lo que si el país del norte lo incumple lo mismo podrá hacer el gobierno Venezolano y las consecuencias serian mas graves para Estados Unidos que Venezuela, sobre todo en lo relacionado con el tema de los solicitados por drogas.

Por otra parte, cuando la Oficina de Inmigración, dependencia adscrita al Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, plantea que no enviará a Venezuela a Posada Carriles, porque “es otra Cuba”, está sin advertirlo preparando el camino para que decenas de miles de Venezolanos pidan para sí el status de exilados políticos, como por mas de cuarenta años lo han requerido y obtenido centenares de miles de Cubanos, y entonces la “ doctrina Posada”, podrá ser usada por los abogados de inmigración de Venezolanos en los Estados Unidos, y no estamos muy seguros que con su comunicado la Oficina de Inmigración haya medido esta última consecuencia.

Para muchos, el gobierno Norteamericano sabía donde estaba Luís Posada Carriles. En ese país es difícil esconderse y mas dificultoso es hacerlo en Miami, cuando quien se esconde es una personalidad del exilio cubano. En derivación de lo anterior, debemos o podemos concluir que la detención por los agentes de emigración fue planificada y acordada para cumplir con uno de estos dos objetivos: 1.- Para deportarlo, sin proceso, alegando que entró ilegal y no prejuzgan sobre el fondo del asunto (terrorismo) y lo mandan aun país neutral o 2.- Le abren un expediente administrativo de deportación que requiere un juicio y apelaciones y demás formalidades y lo dejan en Estados Unidos “ bajo custodia” mientras dure el proceso (de uno a cinco años). De otra forma, si fuera a hacer extraditado, su detención se hubiera producido por el FBI, y no por la oficina de Inmigración.

Pero el problema no solo es jurídico, como ya dijimos, sino fundamentalmente político, por lo que para la comunidad internacional, todo ardid judicial, para mantener a Luís Posada Carriles fuera del alcance de Venezuela, país donde fue condenado y del cual se fugó, será seguramente la segunda oportunidad para los gobiernos de Cuba y Venezuela canten “jaque” y habrá que ver hacia donde se mueve el gobierno de Estados Unidos (Seguramente que hacia donde se sacuda la opinión pública).

Por ahora Fidel logró ganar el primer round. Si el exilio Cubano no muestra músculo político, con marchas y cabildeo al más alto nivel, se puede apostar que Posada Carriles será entregado a Venezuela. Entonces, USA puede salir del Jaque pero Fidel y Chávez dieron un K.O.

En Ecuador una Comisión de la OEA está evaluando lo acontecido con el Presidente Lucio Gutiérrez, a los fines de establecer la Constitucionalidad de lo actuado en su “destitución”. Lo cierto es que la Constitución Ecuatoriana, si bien establece el juicio político (Art. 82) también es cierto que su procedibilidad esta limitado por la propia Ley cuando señala que “..El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados por traición a la Patria, cohecho o cualquier otra infracción que afectare gravemente al honor nacional…”

Por otra parte el juicio político, al igual que todo proceso judicial conlleva garantías procedimentales que tienen que ser cumplidas, y entre las que destacan: El derecho a ser oído, a la defensa y el debido proceso.
El Juicio Político o “impeachment” es un proceso netamente político llevada a cabo por un órgano de carácter político, en este caso el Congreso, con el propósito de destituir al funcionario procesado. No se busca su condena judicial, sino su inhabilitación política. García Toma al referirse a este señala: “El objetivo que se persigue alcanzar consistiría en asegurar la defensa plena de la Constitución, así como en velar por la recta acción política de los altos dignatarios. Y afirma ” Dicha decisión se agota per se en la permanencia o destitución del afectado en el cargo y en su habitación o inhabilitación para ejercer posteriormente una función pública".

En Estados Unidos, el juicio político (impeachment) llevó a Nixon a renunciar antes que verse sometido a su condena por el caso “Watergate” y el Presidente Clinton logró evadirlo en la caso de Monica Lewinsky, al no poder los Republicanos conseguir los votos suficientes. En ambos casos el proceso permitía la defensa del procesado por parte de parlamentarios aliados al Presidente y a través de sus abogados.

En Ecuador el Congreso no adelantó “proceso político” (Art. 82 CN ) , ni tampoco cumplió con lo establecido en el Art. 167 de su Carta Magna que establece que “ el Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 3. Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional. 5. Por destitución, previo enjuiciamiento político. 6. Por abandono del cargo, declarado por el Congreso Nacional…”.

En la causa seguida, atropelladamente, en contra de Lucio Gutiérrez, se buscó el ardid del “abandono del cargo”, cuando lo pertinente era iniciar el juicio político en su contra en el Congreso Nacional, para lo cual era obligante “un proceso propiamente dicho” , entendiendo por este, aquel que permite oír al procesado , de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho le otorga el tiempo y los medios adecuados para imponer su defensa . Nada de eso se produjo en lo que resultó ser una decisión enrevesada, sumaria, ejecutiva, arbitraria e inconstitucional de un grupo de Parlamentarios.

Si la OEA no exige acatamiento a las Constituciones que se dan los pueblos y se respetan las formalidades en ellas incluidas, seguiremos viendo año tras año, la caída de uno a uno de un importante grupo de Presidentes Latinoamericanos, quienes serán derrocados sin preservación de las formas Constitucionales.

En el caso del Golpe de Estado en Abril de 2.002 en Venezuela, así como ahora en el de Ecuador, en contraste con Bolivia y Perú en donde los Presidentes renunciaron conforme a sus Constituciones, se observa que respetando la norma se preservan las instituciones; y el Estado de Derecho sirve de guía fundamental en la salvaguardia de la Democracia y sus valores.

En los últimos años el aeropuerto internacional de Margarita, se ha visto involucrado en una cadena de controversias legales y judiciales que han puesto, una y otra vez, sobre el tapete la legalidad de las concesiones conferidas por una y otra administración estadal.

Alexis Navarro hace dos años ordenó la revocatoria de la concesión otorgada por Morel Rodríguez a un consorcio Venezolano (CVA) y ahora todo parece indicar que Morel Rodríguez hará lo mismo con la otorgada por Navarro a un consorcio suizo chileno denominado Unique IDC, conformado por las empresas Flughafen Zurich S.A., operadora del aeropuerto de Zurich en Suiza y Gestión e Ingeniería IDC S.A., concesionaria y operadora de los aeropuertos de Puerto Montt, Calama y La Serena en Chile
En ambos casos desde su origen se ha cuestionado la adjudicación directa como formula de otorgamiento contractual. En uno y otro proceso, algo a alguien, no le olía bien y de allí que ambos asuntos y sus contratantes quedaron expuestos al cuestionamiento público.

Durante las deliberaciones de la mesa de dialogo del estado Nueva Esparta, constituida como respuesta a los eventos de Abril de 2.002, se recibió un informe de los ciudadanos Gobernador y Procurador de dicha entidad federal para después de deliberar sobre la viabilidad de someter a Licitación internacional el contrato o elevarlo a consulta de la Asamblea Nacional conforme a lo establecido en el artículo 150 de la CNRBV. Por unanimidad, la Mesa de Dialogo optó por transitar el camino de la autorización de la Asamblea Nacional ya que consideramos que siendo un contrato de interés estadal con una sociedad mercantil no domiciliada en Venezuela, lo ajustado a ley era transitar el camino Constitucional.

En efecto el artículo 150 de nuestra Carta Magna establece: “La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional…”

La semana pasada la Asamblea Nacional de forma unánime votó a favor de anular el procedimiento de adjudicación del contrato de concesión celebrado por el ex gobernador Navarro, tomando como base el informe presentado por la Comisión Especial encargada de investigar las denuncias relacionadas con el Contrato de “Alianza Estratégica”.

Luis Salas, como Presidente de la referida Comisión Investigadora, declaró a la prensa local que se “comprobó la forma irrita e ilegal en la cual se concelebró este convenio que para nada beneficia a la Isla, sino que por el contrario constituye un contrato leonino que les ha generado ingresos por el orden de los 20 mil millones de bolívares, sin que exista una contraprestación de ningún tipo para la región”

En tanto, el parlamentario Guillermo Fuentes, también miembro de la Comisión aseveró al Diario El Sol de Margarita que “…la gobernación podrá solicitar una investigación ante la Comisión de Contraloría de la AN, en aras de abrir un procedimiento judicial contra los empresarios por violentar el artículo 150 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, referido a la celebración de los contratos de interés público y agregó que “ Unique IDC, pretendiendo evadir la normativa constitucional y a sabiendas de que se les había abierto una investigación, domicilió la firma bajo la denominación mercantil ‘Aeropuertos de Venezuela’…”

No podemos ni queremos pronunciarnos sobre las ventajas o desventajas económicas de la asociación, ya que no tenemos suficiente elementos de información para fijar posesión, lo que es obligante señalar es que pudiera resultar un fraude Constitucional, el que una empresa extranjera no domiciliada en Venezuela para el momento en que inicio su contratación con el estado Nueva Esparta, haya pretendido evadir la potestad revisora de la Asamblea Nacional usando el ardid del cambio de domicilio de tal forma que era extranjera cuando debía concurrir a un proceso licitatorio y luego se hace nacional, cuando le correspondía al Poder Legislativo otorgarle su autorización .

Estamos convencidos que con la improbación unánime de la Asamblea Nacional al proceso de contratación, no puede ni la empresa ni la nueva administración (Morel Rodríguez) pactar algo distinto a la convocatoria ordenada por la Asamblea Nacional a una licitación internacional.

¿La renuncia anunciada por Lucas Rincón era válida desde el punto de vista jurídico?
En derecho la renuncia es un acto de disposición de carácter personalismo, que solo es transferible a terceros, través de facultades legales expresas. Es así como para renunciar a una demanda o a una acción, el apoderado tiene que mostrar instrumento jurídico con especial inclusión de dicha facultad.
La renuncia por sus propias características vinculadas a la abdicación de derechos propiedad del titular, está revestida de formalidades especiales que garanticen que la misma sea producto de la libérrima voluntad del renunciante. De tal forma que la renuncia debe ser libre de todo apremio o coacción, ya que habiendo sido arrancada bajo presión no surte efectos jurídicos, tal y como sucede en buen derecho con la confesión de un procesado arrancada con la tortura.

¿Solo el Presidente Chávez libre de todo apremio podía anunciar su renuncia?
En razón a estrictas consideraciones jurídicas, hay que concluir que, la “renuncia” de Chávez no era delegable a terceras personas (Lucas Rincón), por lo que no habiendo sido el Presidente quien la anunció o consignó por si mismo o por tercero facultado por ley o instrumento jurídico para ello, la misma nunca existió jurídicamente. En segundo lugar, al no haberse cumplido con la mínimas formalidades de escritura que permitieran considerar la validez de la “renuncia”, mal podía considerarse su existencia. Y por último, era un hecho comunicacional notorio que un grupo de militares estaban “presionando” la renuncia del ciudadano Presidente, por lo que al ser arrancada con violencia, aunque hubiera sido escrita y tramitada con las formalidades necesarias (cosa que no se hizo) , igualmente hubiera sido anulable por la intervención de un vicio del consentimiento, en este caso la violencia.

¿Cómo califica jurídicamente la actuación del Dr. Carmona Estanga?
En relación, con la aparición del Dr. Carmona Estanga como “Presidente de una Junta de Gobierno” durante la madrugada del 12 de Abril, debemos decir que, aún en el caso de que el Presidente Chávez hubiera jurídicamente renunciado, la designación de Carmona como “presidente” era una flagrante violación al orden de sucesión Constitucional, y en consecuencia un golpe de estado, entendiendo por este, la ascensión al poder por vías ilegales. En resultado de lo anterior, el Dr. Carmona acompañado por un grupo de militares y de civiles, asumió la representación pública sin mandato constitucional, ni popular ni legal. El falso “vacío de poder” no era sino una ficción jurídica, que como fachada legal pretendía ocultar la “manus militaris” que impuso a un hombre por encima de la ley.

¿Siendo, según su criterio, un Golpe de Estado la forma como se designó a Carmona como Presidente, como califica el famoso decreto leído en la noche del 12 de Abril?
El “Decreto de Carmona” es una consecuencia del golpe y no su causa. La designación irregular del Dr. Carmona Estanga obligaba a darle igual tratamiento al resto de las instituciones republicanas, es por eso que el decreto devasta todos los poderes públicos y somete a la voluntad de un hombre su funcionamiento. El golpe de estado no lo produce púes Carmona con su Decreto, este es la pieza jurídica necesaria para convalidar el nuevo “status quo dictatorial”. Quien redactó el decreto se enfrentó con la realidad de que Carmona sería impugnado por el resto de los poderes públicos legítimamente constituidos, de allí la obligante demolición de todo vestigio de poder público legítimo.

¿Como queda Lucas Rincón y su anuncio de la “renuncia” del Presidenta Chávez?
El anuncio de la renuncia Presidencial por boca de Lucas Rincón, era ineficaz, como ya lo dijimos, por lo tanto, para todos el único Presidente era HUGO CHÁVEZ FRÍAS, y todo aquel que se escudó en la renuncia y el vacío de poder, lo hizo a sabiendas que una era una tinglado jurídico y lo otro un simple cobertizo legal y deben responder por sus actos. La intervención del Gral. Lucas Rincón debe ser investigada dentro del contexto de un golpe de estado en marcha, sin condenarlo anticipadamente pero sin tampoco exculparlo preliminarmente, sino para incluir a todos los comprometidos en una acto impetuoso contra nuestra forma republicana, de tal manera que sean sometidos por igual a juicio, los militares y civiles que actuaron de forma violenta contra la Constitución, el Presidente y demás autoridades legítimamente electas.

¿Que responsabilidad tienen los firmantes del Decreto de Carmona?
El decreto Carmona y sus firmantes buscaban darle asfalto jurídico e institucional al golpe de estado perpetrado en la madrugada del 12 de Abril de 2.004. En la investigación que se adelanta, habrá que identificar quienes actuaron con la voluntad de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, y conspiraron para modificar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo establece el artículo 144 Ord. 2º del Código Penal. En todo caso la investigación debe ser valiente para absolver al inocente y para acusar al culpable no importa quien sea o en que bando se encontraba o encuentra dentro del espectro político.

Se hace obligante que las empresas de nuestro país empiecen de una vez por todas a asumir la responsabilidad social, que en otras partes de este mismo mundo es ineludible.

La ONU lanzó un Pacto Global en relación con la responsabilidad social corporativa, la Unión Europea se unificó alrededor del libro verde sobre ella. En Inglaterra se creó un Ministerio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y por el contrario en Venezuela tenemos “rumba hasta que el cuerpo aguante”, botellas regadas por todas partes a la espera de respuestas concretas, bancos usureros violentando el derecho a la vivienda de sus desprevenidos clientes, tabacaleras inundando de enfermos terminales nuestros hospitales, canales de televisión por cable que violentan la ley de responsabilidad social con programación violenta y pornográfica a las 5:00 de la tarde.

La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas (RSE) entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores, según lo señala la abogada Carmen Chacón Castro, quien además agrega que la RSE, tiene dos perspectivas: La interna y la externa; la interna contempla el interior de la empresa: los accionistas, los trabajadores y la gestión de recursos naturales en la producción que afectan al medio ambiente; la externa va referida a los interlocutores externos, socios comerciales, los clientes, los consumidores, proveedores y los interlocutores públicos y las ONGs.

En la Isla de Margarita donde tenemos instalada nuestra oficina principal, hemos venido observando como las grandes empresas licoreras, promueven todo tipo de “derrape fiestero” sin freno ni consideración para con los habitantes del estado Nueva Esparta. El alcohol asociado a la diversión frenética de los mas jóvenes, produce todo tipo de contaminación sónica, un reguero de desechos sólidos, el hospital principal atendiendo casos de lesionados producto de la ingesta alcohólica y ni una sola calle, plaza o pueblo ve revertir socialmente el uso indiscriminado que de sus espacios hacen arbitrariamente algunas corporaciones.

“Rumbero que se respete rumbea hasta que el cuerpo aguante”, no tiene nada de responsabilidad social, por el contrario luce ser la estrofa de un himno a la irresponsabilidad sin límite. En lugar de un paso al mejor estilo de los caballos de Atila propio de los bárbaros corporativos, las empresas grandes y pequeñas tienen, deben y están obligadas éticamente, a fijar las impronta de una “huella social” en la comunidad donde prestan sus servicios o venden sus productos.

A partir de ahora, una nueva asociación civil tendrá la tarea de asesorar y fiscalizar las empresas que actúan - según Bernardo Kliksberg (BID)- en sociedades cada vez más participativas que presionan por estándares éticos públicos y corporativos más exigentes y que plantean que la empresa privada es un actor económico decisivo y le piden juego limpio con los consumidores, buen trato a su personal, cuidado del medio ambiente y compromiso con causas de interés público.

Es obligante que las empresas venezolanas se incorporen a este nuevo estilo de gerencia social. Las corporaciones no son ni deben ser simples unidades productivas preocupadas solo por sus accionistas. Tras esa frase se esconde muchas veces las más deleznables prácticas empresariales. El fin de una empresa no es enriquecer a sus accionistas a cualquier costo, por el contrario el justo equilibro entre el beneficio individual accionario y el colectivo de la masa consumidora (comunidad) hace necesario una nueva forma de actuación empresarial.

Un 68% de los mas importantes ejecutivos de las grandes empresas internaciones, consideran que la responsabilidad social corporativa es fundamental para garantizar mas sólidas ganancias. En Margarita y en el resto de Venezuela, llegó la hora de empujar hacia una conciencia social corporativa, que deje huella positiva en su paso por nuestras regiones, a tales fines seremos celosos vigilantes y efectivos asesores en beneficio de todas las partes involucradas.

La estrategia está en marcha. Los medios cumplen su papel. La clase media está una vez mas ansiosa. “Ni con mis hijos ni con mis bienes se metan” ¿La razón? Una supuesta revisión de la política educativa del estado. Según los alborotadores mediáticos, tendremos niños con boinas rojas, escuelas sin inglés, la patria potestad entregada al Estado y las escuelas católicas y privadas clausuradas.

Lo cierto es que el Estado venezolano subsidia en más de 240.000.0000 de bolívares a las escuelas católicas, entre ellas las de Fe y Alegría, sin que se muestre tendencia a la baja o desaparición del referido apoyo. La anterior información pudiera marcar la pauta en el análisis serio y reposado que hay que hacer de un tema tan importante.

No sabemos de donde salio el rumor de la entrega de la patria potestad a favor del Estado, pero sabemos que en la Constitución Cubana establece lo siguiente: “Artículo 6.- La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en su función primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad.”

Ahora es necesario que tengamos muy claro que Cuba no es Venezuela. Sus constituciones son distintas y sus pueblos pudieran ser hermanos pero no son siameses. Esto es válido para quienes dentro del “Chavismo” les gustaría mas cubanismo, como para los de la oposición que gritan menos “Fidelismo".

En la Constitución Nacional de nuestro país, se establece con relación a la propiedad y a la educación privada, una importante gama de derechos garantitas que protegen ambas instituciones, elevando su protección a un rango Constitucional, por lo que ninguna ley puede modificar la norma dictada por el pueblo soberano en referendo popular.

Con relación a la protección de la propiedad privada nuestra Constitución Nacional señala:

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado… frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades…”

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes…”

Con relación a la carrera de docentes privados nuestra Carta Magna dice lo siguiente:

Artículo 104. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.

Con ocasión a la fundación y administración de colegios privados señala:

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.

Con relación al concurso de la iniciativa privada en la actividad económica del país:

Artículo 299. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional…”

Por el contrario la Constitución Cubana establece en relación a su sistema económico:
“…Artículo 14.- En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. También rige el principio de distribución socialista.”

Y con relación a la educación determina que:
Artículo 39.- El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes: a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal…”

En conclusión en nuestra Constitución, a diferencia de la Cubana, se promueve y protege la propiedad y la iniciativa privada en el área económica incluyendo la educativa, por lo que cualquier propuesta legislativa de cualquier índole, pasa por el respeto a la propiedad y la educación privada, que pueden ser regulados por el Estado pero no derogadas.