En la oposición han pasado de ACTA MATA VOTO A ENCUESTADORA MATA VOTANTE. Hemos dicho antes que la elección por la base de los candidatos de los partidos en Venezuela no es una concesión graciosa de parte de las autoridades partidistas, sino el acatamiento a un mandato constitucional.
En reciente artículo advertíamos que “si bien es cierto que, es de reconocer y admirar, que el partido oficialista es el único que ha implantado un sistema de elección popular directa de sus representantes populares, no deja de ser verdad que ciertas normas incorporadas al proceso violan el principio democrático establecido en nuestro ordenamiento jurídico de “quien mas voto obtenga es el ganador”, y el de transparencia, al no permitirse la totalización en el lugar de votación con presencia de los interesados….” Ahora bien en el caso de la oposición y su sistema de elección por dedo y encuestadora resulta nulo de toda nulidad y debe ser revisado con urgencia.
El hecho de que cinco encuestadoras se encargarán de aplicar cuestionarios en distintos estados del país, para determinar cuales de los múltiples precandidatos de la oposición serán los que confronten a los del PSUV, es una flagrante violación a los derechos políticos de los militantes de los partidos de oposición que tienen derecho a expresar sus preferencias a través del voto todo conforme con nuestra Constitución, Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

No pueden las empresas Datanálisis, Seijas, Varianza, Keller y Consultores 21 suplantar a los millones de militantes e independientes con los que cuenta la oposición en sus derechos políticos y subsumirse en su veredicto, lo que corresponde al cuerpo de electores. Tal pretensión coloca a la oposición en el absurdo de hacer lo que critica, cuando ha dejado en mano de otro(s) la decisión que corresponde al pueblo de oposición conforme a nuestro sistema de democracia participativa y protagónica.

En la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Artículo 23) .

Es obvio que la norma en cuestión al ser concatenada con el artículo 67 de la Constitución Nacional obliga a los partidos de oposición a respetar los derechos políticos tanto de los que eligen como de los que aspiran ser elegidos, a los cuales se le debe permitir en elecciones por la base, satisfacer sus derechos políticos de votar y ser votado en lo interno para luego medirse en lo externo.

Las direcciones partidistas de la oposición en su contradictorio actuar y en lo luce ser un desprecio a los derechos e inteligencia de su militancia, no se han tomado ni tan siquiera el trabajo de llevar a consulta de su base “el sistema de elección por encuestadoras”, a los fines de buscar rociar de legitimación lo que es obviamente contrario a norma. Este solo hecho demuestra que existe una desconexión jurídica y política de la dirección de los referidos partidos con su militancia, todo lo cual debe ser reparado de inmediato de otra forma, los candidatos de la oposición serán producto de un sistema nulo de toda nulidad por inconstitucional, ilegal y violatorio de tratados internacionales de derechos humanos.

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Mucho se ha especulado sobre la autenticidad de las pruebas electrónicas supuestamente propiedad de “Raúl Reyes” y la forma como fueron obtenidas por el gobierno colombiano. La falta de certificación de su cadena de custodia, la ausencia de intervención de órganos jurisdiccionales colombianos, hace para muchos cuestionable su autenticidad y legalidad. La administración del Presidente Uribe presume de las operaciones militares que lanza sobre las Farc y la forma como obtiene material probatorio de sus contrapartes, sin reparar en los derechos de los guerrilleros ni el procedimiento seguido en su contra, todo bajo el manto del combate en guerra.

De igual forma mucho se ha escrito en contra de la discrecionalidad abusiva que tiene la administración del Presidente Bush para investigar, procesar y obtener pruebas contra nacionales y extranjeros, sin contar para ello de autorización judicial o de algún otro poder del Estado Norteamericano. Basta que el proceso sea autocalificado por la propia autoridad policial, como asunto enmarcado dentro la “guerra contra el terrorismo”, para que se habilite todo tipo de excesos gubernamentales en menoscabo de los derechos de infinidad de ciudadanos dentro y fuera del territorio norteamericano.

Ahora el gobierno Venezolano ha presentado un instrumento legal que, aunque reconoce los derechos de los ciudadanos en su cuerpo normativo, no deja de preocupar que bajo el imperio de la nueva ley, se abra la puerta a conductas abusivas que pudieran comprometer muy seriamente al Estado Venezolano, al poner las instituciones a operar en tiempo de paz, bajo las mismas premisas que solo son válidas en estado de guerra, al dotar al Poder Ejecutivo de una preeminencia, que atenta con el principio de separación de poderes, base fundamental de nuestro sistema democrático y sostén de nuestros derechos humanos.

Resulta preocupante y contrario a todo control legislativo que repetidas veces en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia se delegue en el Poder Ejecutivo el legislar abiertamente sobre prácticamente todo lo referente a la materia cuando, en los artículos 4, 10, 11,12, 13 y 14, se permite que con “normas sub legales”, es decir las que emanan del Poder Ejecutivo, se pueda complementar el contenido de la ley, violando el principio de reserva legal de nuestro Poder Legislativo.

De igual forma la mencionada Ley violenta las previsiones del Código Orgánico Procesal y algunos principios contenidos en nuestra propia Constitución Nacional, cuando se señala que, en casos especiales, las diligencias de investigación serán ejecutadas por los Órganos con Competencia especial sin requerir orden judicial o fiscal alguna. Tal previsión legal no solo contradice nuestro ordenamiento jurídico, sino que subsume la norma dentro del derecho de guerra que permite a las partes en conflicto, hacerse sin control, de lo conseguido del adversario.

De otra parte se pretende que la “labores de investigación” identificadas de manera genérica, sean monopolio de “organismos especiales del Estado”, cuando ciertamente existen todo una variedad de procesos de investigación, que no pueden ni deben estar sujetos a control del Estado, como es el caso del periodismo investigativo, los avances científicos, las exploraciones realizadas por las casas de estudio, por solo nombrar algunas.

Por otra parte conforme a nuestra Constitución, el monopolio de la investigación criminal le corresponde al Ministerio Publico, por lo que existe una abierta colisión con la norma fundamental al trasladar fuera de la Fiscalía el proceso de pesquisa. En efecto en el artículo 19 ejusdem se establece que los procedimientos de la actividad operativa y de investigación, y el empleo de cualquier medio especial o técnico diseñado, desarrollado, ajustado o programado para la obtención y procesamiento de información, “sólo deberán ser puestos en práctica por los órganos con competencia especial”.

En general la Ley luce con una apresurada exposición de motivos, raquítico contenido normativo, pobre técnica legislativa, delegación excesiva de potestades y facultades al gobierno central y una clara intencionalidad de armar al Poder Ejecutivo de un instrumento que le permita hacer legal en tiempo de paz, lo que corresponde con estados excepcionales o al derecho o costumbre de guerra, todo lo cual obliga a los defensores de los derechos civiles a exigir su modificación en todo aquello que sea contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

 Jurídica, El Poder y La Justicia

La elección por la base de los candidatos del PSUV no es una concesión graciosa de parte de las autoridades partidistas, sino el acatamiento a un mandato constitucional. Si bien es cierto que el partido oficialista es el único que ha implantado un sistema de elección popular directa de sus representantes populares, no deja de ser verdad que ciertas normas incorporadas al proceso violan el principio democrático establecido en nuestro ordenamiento jurídico de “quien mas voto obtenga es el ganador”, y el de transparencia, al no permitirse la totalización en el lugar de votación con presencia de los interesados.

En efecto, cuando en la normas internas de selección del PSUV se establece que si ningún precandidato obtiene mas del 50% de los votos o logra una diferencia superior al 15% sobre su mas cercano contendor, corresponderá la selección final del candidato a la Junta Directiva del PSUV, haciendo tal escogencia entre los tres postulados con mayor votación, sin importar cual tiene mas votos ni en que orden han quedado conforme a la elección interna, se violenta el principio fundamental del sistema democrático que descansa en que “la decisión de las mayorías debe prevalecer…”. Tal y como lo ha venido estableciendo la Sala Constitucional desde su sentencia Nº 2750 del 21 de octubre de 2003, caso Carlos Enrique Herrera.

Igualmente cuando en las normas internas de las primarias del PSUV se establece, que los resultados no serán conocidos por los contendientes, sino por un organismo central que informará sobre las resultas del proceso eleccionario; se hace evidente que se viola la garantía constitucional de transparencia impuesta a todos los procesos electorales conforme a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución Nacional, y coloca a los precandidatos en indefensión de sus derechos políticos, ya que no tienen posibilidades de impugnar resultados al no tener acceso a las actas de totalización de escrutinios, lo cual quebranta el debido proceso insertado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.

Por otra parte al realizarse la totalización de los votos en un centro de escrutinios distante de los lugares de votación y sin participación de los distintos precandidatos o sus testigos , se está transgrediendo el contenido expreso de la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política donde se señala que los “…actos de escrutinio serán de carácter público y se debe permitir el acceso de las personas interesadas al local donde se realizan los escrutinios sin más limitaciones que las derivadas de la capacidad física .(Artículo 169 ejusdem )

De igual forma nuestra Constitución señala que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. (Articulo 67 CNRBV). Conforme a lo anterior existe un principio fundamental de elección a través del sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los militantes del PSUV. Es por eso que cuando se traslada la decisión de la base del partido a otra entidad, en este caso la Junta Directiva, para la adjudicación del ganador, se violenta el principio de igualdad del voto, ya que se le da preeminencia a un grupo de electores sobre el resto y se trasgrede la decisión de la mayoría quebrantado la paridad de los derechos políticos y humanos de los precandidatos y sus electores. (Artículo 23.b Convención Americana Sobre Derechos Humanos)

El sistema eleccionario interno del PSUV debe ser corregido de tal forma que por una parte, se cumpla con lo que el Tribunal Supremo de Justicia ha denominado “el proceso democrático de las mayorías”, de tal forma que el precandidato mas votado sea el proclamado , y por la otra, se satisfaga el deber de transparencia que ordena nuestra Constitución Nacional, permitiendo que el escrutinio se haga de forma publica y con la presencia de todos los interesados facilitándoles a éstos, toda la información necesaria sobre los votos totalizados, de otra forma no habrá justicia electoral ni paz en el más grande partido del país….Por Ahora.

 Jurídica, Política, Venezuela

ARTÍCULO PUBLICADO EN NOTICIERODIGITAL.COM

El modelo matemático usado, para la elección de los candidatos del PSUV, es interesante, pero por seguro traerá más problemas que soluciones. Todo parece indicar que a pesar de haberse usado una ciencia exacta, como es la matemática, al combinarla con la política, ya no es ni ciencia ni exacta, veamos porque:

Regla Numero Uno: El precandidato que logre más del 50% de los votos de la base, pasará a ser directamente “el candidato”.

Observación: Esto explica porque hay tantos precandidatos para los distintos cargos, ya que en la medida que el número se divida entre varios mas difícil es el lograr uno de ellos el 50%. Los candidatos que prefieren que Caracas decida a su favor, están impulsando varios precandidatos para evitar que uno de ellos logre mas de la mitad de los votos.

Regla Numero Dos: El candidato que logre superar por mas de 15% a su mas cercando contendor, obtiene la candidatura de forma automática.

Observación: Los precandidatos no tendrán acceso a los números ya que solo la Junta Directiva del Partido los conocerá, por lo que nadie sabrá a ciencia cierta que margen separa a un competidor del otro.

Regla Numero Tres: Si ningún candidato obtiene el pase directo conforme a las reglas anteriores, entonces los tres con mayor votación pasarán a Caracas, pero sin saber el numero de votos obtenidos por cada uno, ni en que posición han quedado.

Observación: Los precandidatos no tendrán acceso a los números para permitir a Caracas decidir cual es el “candidato” independientemente del puesto alcanzado. Tal proceder es contrario a la más importante regla democrática que establece que el que logre mayor cantidad de votos será electo.

Regla Número Cuatro: La Junta Directiva presidida por Chávez se reserva el derecho de escoger a todos los candidatos que no hayan ganado su elección de forma directa, pero como nadie sabe los votos obtenidos en su región, tampoco pueden saber si resultaron elegidos directamente.

Observación: Al final se prestarán para todo tipo de especulaciones, impugnaciones, descontentos protestas y reacciones de calle, todo lo cual por seguro obligará a cambiar todas las reglas anteriores.

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ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL NOTICIAS24.COM

El gobierno colombiano lo tiene calculado. Lo de Uribe es un asunto personal. Las computadoras de Reyes pueden cambiar la geometría del poder en el continente americano y los aliados del gobierno colombiano lo saben. La Interpol no fue traída para enjuiciar a los colombianos Piedad Córdova, Wilson Borjas o Inés Ramírez, a ellos les basta la policía nacional. La certificación de manos del gendarme internacional es el primer paso para el enjuiciamiento de figuras extranjeras. Chávez y Correa no pecan de ingenuos y es por ello que han buscado descalificar tanto a la Interpol como a su informe. La operación está en marcha y muchos amigos se apartarán aún antes de llegar la sangre al río.

Repetimos lo que hemos dicho antes, el jefe de la interpol exageró las resultas del informe de su policía. Deliberadamente incorporó a la rueda de prensa conclusiones que no aparecen en ninguna de las páginas del estudio realizado por la policía mundial. Es evidente que actuó convencido que Chávez y Correa le dieron refugio y financiamiento a las Farc, aunque nada de eso se dice en el estudio. Es el típico caso del policía que está convencido que alguien es culpable pero no consigue probarlo, bien porque es inocente su “criminal” o siendo culpable no logra las pruebas para condenarlo.

Las pruebas electrónicas que se aportan en los tribunales son un problema. No existe una normativa reguladora multinacional que permita su incorporación de forma uniforme a los procesos judiciales. Es cierto que las documentales están migrando desde el papel impreso a un soporte virtual pero, los criterios de admisibilidad cambian por completo de un país a otro y de un juez al siguiente. La prueba electrónica (desde el e-mail al sms), la novedad de la figura del perito digital y la ausencia de una normativa que las regule, hacen difícil el caso de las computadoras de las Farc.

Al no existir ningún criterio homogéneo a nivel mundial sobre la admisibilidad de la prueba electrónica ante los tribunales, se hace obligante para el gobierno colombiano el utilizar el material electrónico incautado como un indicio o principio de prueba que necesita del acompañamiento de otro medio probatorio, a los fines de lograr su autenticación en un proceso judicial internacional.

En derivación de lo anterior, es posible que sea la Interpol la que se encargué de facilitar información de un país a otro, en la búsqueda de pruebas ordinarias que convaliden los indicios electrónicos. Puede la interpol hacer seguimiento a transferencias de fondos internacionales, ubicación de prófugos que sean llamador como testigos principales, verificación de pasaportes, huellas dactilares, experticias sobre armas por solo nombrar algunas diligencias investigativas. Quizás por eso algunos anticipadamente buscan la descalificación de la policía internacional como defensa de fondo. También es cierto que hay policías que no sabe nada de justicia.

En Venezuela, los correos electrónicos incorporados al proceso adquieren, en algunos casos, validez y eficacia probatoria conforme a lo previsto en el artículo 4º de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1.204 de fecha 10 de Febrero de 2001 que señala que los mensajes de datos “tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”. Siendo así los mensajes enviados desde una computadora pudieran ser tan letales como el documento firmado por su autor aunque haya fallecido.

En el caso de las computadoras de Reyes, el Presidente Chávez se juega a Rosalinda a nivel internacional. Ya lo hizo a nivel nacional, cuando el referendo para la reforma constitucional y anticipamos su derrota. La guerra apenas comienza y de estrategias bélicas sabe el Jefe de Estado Venezolano por ser su profesión.

 Jurídica, El Poder y La Justicia, Internacional

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL DE NOTICIERODIGITAL.COM

Al día siguiente de hacerse publico el informe de Interpol en relación a tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB que, de acuerdo a lo informado por el gobierno colombiano, habían sido colectado de una campamento de las Farc en territorio Ecuatoriano en fecha 01 de marzo de 2008, advertimos que “…en el informe no se explica ni queda claro como se llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el material analizado por la policía internacional…” También dijimos que la Interpol advertía que “en lo peticionado por el gobierno Colombiano no se solicitó identificar al propietario de los computadores…” y aclaraba que “…no se confirma ni el origen ni la veracidad de los archivos contenidos en el material investigado…”.

Por otra parte el informe señala claramente: “… La verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen…” Siendo así ¿Que es lo que el gobierno nacional critica del Informe? El informe es un documento técnico que en todo caso debe ser rebatido con experticia no con ofensas.

Nuestras observaciones han sido reproducidas en algunos medios vinculados a la oposición, pero también en otros afines con el gobierno nacional, en ambos casos hemos sido tratados con absoluto respeto, y no entendemos el que funcionarios del Estado Venezolano no sepan contradecir el informe de la Interpol sin hacer uso del agravio, con lo cual degradan su autoridad y dejan sin respuestas apropiadas el tema de fondo.

Algunos funcionarios del Estado no ha sabido diferenciar entre lo señalado en el informe por la Interpol, lo dicho por Robert Knoble como secretario de la entidad policial y lo que ahora pueda salir de las manos del gobierno de Colombia. En el informe no hay nada que comprometa al gobierno nacional. En lo dicho por Knoble se puede fácilmente inducir su interés en alcanzar al Presidente Chávez, lo cual puede venir reforzado por lo que el gobierno colombiano ha informado a Interpol y lo que, el propio jefe policial ha concluido del análisis de los archivos que ahora verán luz de la mano de la administración Uribe.

Para quienes dedicamos un buen tiempo en revisar todas las páginas del informe de la Interpol queda claro que una cosa es lo que se dice en las hojas y otra la que pretendió presentar Robert Knoble en la rueda de prensa en la cual se hizo publico. Pero tal diferencia no permite el insulto a una organización que tiene 181 países entre los que destacan Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, China y Rusia, solo por nombrar algunos países amigos del gobierno nacional.

No es cierto que “los presuntos expertos no tienen tal pericia para estudiar las computadoras” tal y como recientemente dijo una funcionaria cuya oficina ha usado la experticia de la Interpol infinidad de veces. De hecho en la propia página oficial de la policía internacional está la requisitoria de Guido Antonini Wilson dictada por un tribunal así como la de prófugos de autoridades venezolanas.

Por otra parte la Interpol fue la responsable de una operación llevada a cabo al sur de nuestro país cuando en el 2007, en colaboración con las autoridades policiales y aduaneras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, dislocó las actividades de varias redes delictivas organizadas implicadas en la falsificación de fármacos y artículos de consumo que condujo a la detención de más de 120 delincuentes.

La política del insulto es degradante para nuestras autoridades y solo sirve para aislar a nuestro país de instituciones internacionales y a nuestros ciudadanos de las nacionales.

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ARTICULO PUBLICADO EN EL PORTAL APORREA.ORG

Al Robert Knoble afirmar que las computadoras eran de Reyes, lo cual no aparece debidamente sustentado en el reporte, dejó abierta la puerta para que todo tipo de especulaciones y dudas se lanzarán contra el informe de la policía internacional, en el caso de la verificación de pruebas electrónicas presuntamente propiedad de la Farc. Cuando el jefe de la policía internacional concluyó por sí solo que, los documentos electrónicos pertenecían a Raúl Reyes, con el argumento de que el referido guerrillero eran jefe de las FARC, y siendo un campamento de esta organización subversiva, la atacada por el gobierno colombiano, “en consecuencia los procesadores tenían que ser de Reyes”, puso en entredicho no solo el trabajo de INTERPOL sino su propia credibilidad.

Tan infeliz conclusión sólo permite advertir que el jefe policial estaba ciertamente actuando más como operador político que como un investigador objetivo. Hemos advertido que el contenido del material electrónico en cuestión, por sí solo, únicamente sirve para delinear algunos trazos de investigación que luego tendrán que ser corroborados, a través del cotejo, con otras pruebas distintas a las que existen dentro de los referidos procesadores.

El informe de la Interpol no es concluyente en relación a la propiedad del material electrónico encontrado. Tampoco estableció si las computadoras fueron obtenidas en un campamento de las FARC el 1º de marzo de 2.008 y muchos menos se pronunció sobre su contenido.

Después de leer TODAS las páginas del informe están son nuestras conclusiones:

PRIMERA CONCLUSION:

En el informe no se explica ni queda claro como se llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el material analizado y compuesto por tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, ya que no se detalla que sistema de verificación se utilizó para llegar a tal conclusión.

En efecto de las 41 páginas del informe, solo aparece Reyes en una foto con una computadora portátil en la página Nº 3/3 de los anexos y en un párrafo en la página Nº 11 donde se señala: “…Las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC eran propiedad de Raúl Reyes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia Silva…”. La afirmación anterior no se entiende si surge de lo investigado por la Interpol de forma independiente o es solo producto de la validación de lo informado por las autoridades colombianas.

SEGUNDA CONCLUSIÓN:

En lo peticionado por el gobierno Colombiano no se solicitó identificar al propietario de los computadores, simplemente se requirió de la Interpol, que determinara si algún fichero de usuarios había sido alterado a partir de la posesión del material por las autoridades colombianas.

En efecto en la página Nº 6 del informe se señala que: “…las autoridades colombianas solicitaron la asistencia técnica independiente de Interpol en materia de investigación informática forense para que examinara los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC y para que determinara si alguno de dichos ficheros de usuario se había creado, modificado o eliminado el 1 de marzo de 2008 o después de esta fecha….”.

TERCERA CONCLUSIÓN:

En el estudio realizado por la Interpol no se incluyó el análisis del contenido ni del origen de los archivos por ser dichas pruebas ajenas al análisis informático.

Efectivamente en la página Nº 7 del informe se advierte: “…El cometido de la unidad de gestión de crisis y de la subsiguiente asistencia de INTERPOL a la investigación de Colombia no incluía el análisis del contenido de los documentos, archivos o cualquier otro material encontrado en las ochos pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC. La precisión y el origen de los archivos de usuario contenidos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre fuera del alcance del análisis informático forense de INTERPOL….”

CUARTA CONCLUSIÓN:

En el informe no se confirma ni el origen ni la veracidad de los archivos contenidos en el material investigado, ya que corresponde su cotejo con el sistema probatorio de cada país.

Ciertamente en la página Nº 9 del informe se lee: “La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen…”

QUINTA CONCLUSIÓN:

El ejército Colombiano violó el protocolo internacional para acceder a las pruebas instrumentales. No así la Policía Científica Colombiana la que ajustó su procedimiento a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Pero en ningún caso se afectó el contenido de las ochos pruebas documentales. (Ver página Nº 8 del Informe de INTERPOL).

SEXTA CONCLUSIÓN.

No es determinante la afirmación de que no han sido alterados los archivos. En el informe no se dice de una forma definitiva, ya que tan solo se limita a indicar: “…INTERPOL no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se hayan creado, modificado o suprimió archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas. (Ver página Nº 8 del Informe)

SEPTIMA CONCLUSIÓN:

Los investigadores seleccionados no son ni norteamericanos ni pertenecen a ningún país latinoamericano, con la intención de llevar de la forma mas transparente la investigación. En efecto los técnicos policiales jefes en informática seleccionados pertenecen a Australia y Singapur. (Ver página Nº 4 del Informe).

CONCLUSIÓN FINAL:

Existen dos informes, uno público y otro confidencial que solo tienen las autoridades de Colombia. El informe de Interpol no puede revelar, por ser parte de lo clasificado por Colombia como información de Estado, el contenido de los instrumentos examinados, por lo que sólo corresponde al gobierno de Álvaro Uribe determinar que información se divulga.

El informe hecho público presenta información parcial, que en muchos casos no es concluyente ni permite acusar de forma irrebatible a nadie por sí solo, por lo que el gobierno de Venezuela se apresuró en descalificar su contenido, creando una matriz de opinión mundial contraria al gobierno nacional.

Lo dicho por Robert Knoble , Jefe de Interpol , no se corresponde con exactitud a lo contenido en el informe, por lo que su testimonio le resta credibilidad al trabajo realizado por el personal técnico de la policía internacional, el cual consignó un documento investigativo sin torcedura política.

 Jurídica, El Poder y La Justicia, Internacional

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL NOTICIAS24.COM

PRIMERA CONCLUSIÓN: En el informe no se explica ni queda claro como se llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el material analizado y compuesto por tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, ya que no se detalla que sistema de verificación se utilizó para llegar a tal conclusión.

En efecto de las 41 páginas del informe, solo aparece Reyes en una foto con una computadora portátil en la página Nº 3/3 de los anexos y en un párrafo en la página Nº 11 donde se señala: “…Las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC eran propiedad de Raúl Reyes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia Silva…”. La afirmación anterior no se entiende si surge de lo investigado por la Interpol de forma independiente o es solo producto de la validación de lo informado por las autoridades colombianas.

SEGUNDA CONCLUSIÓN: En lo peticionado por el gobierno Colombiano no se solicitó identificar al propietario de los computadores, simplemente se requirió de la Interpol, que determinara si algún fichero de usuarios había sido alterado a partir de la posesión del material por las autoridades colombianas.

En efecto en la página Nº 6 del informe se señala que: “…las autoridades colombianas solicitaron la asistencia técnica independiente de Interpol en materia de investigación informática forense para que examinara los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC y para que determinara si alguno de dichos ficheros de usuario se había creado, modificado o eliminado el 1 de marzo de 2008 o después de esta fecha….”.

TERCERA CONCLUSIÓN: En el estudio realizado por la Interpol no se incluyó el análisis del contenido ni del origen de los archivos por ser dichas pruebas ajenas al análisis informático.

Efectivamente en la página Nº 7 del informe se advierte: “…El cometido de la unidad de gestión de crisis y de la subsiguiente asistencia de INTERPOL a la investigación de Colombia no incluía el análisis del contenido de los documentos, archivos o cualquier otro material encontrado en las ochos pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC. La precisión y el origen de los archivos de usuario contenidos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre fuera del alcance del análisis informático forense de INTERPOL….”

CUARTA CONCLUSIÓN: En el informe no se confirma ni el origen ni la veracidad de los archivos contenidos en el material investigado, ya que corresponde su cotejo con el sistema probatorio de cada país.

Ciertamente en la página Nº 9 del informe se lee: “La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen…”

QUINTA CONCLUSIÓN: El ejército Colombiano violó el protocolo internacional para acceder a las pruebas instrumentales. No así la Policía Científica Colombiana la que ajustó su procedimiento a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Pero en ningún caso se afectó el contenido de las ochos pruebas documentales. (Ver página Nº 8 del Informe de INTERPOL).

SEXTA CONCLUSIÓN. No es determinante la afirmación de que no han sido alterados los archivos. En el informe no se dice de una forma definitiva, ya que tan solo se limita a indicar: “…INTERPOL no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se hayan creado, modificado o suprimió archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas. (Ver página Nº 8 del Informe)

SEPTIMA CONCLUSIÓN: Los investigadores seleccionados no son ni norteamericanos ni pertenecen a ningún país latinoamericano, con la intención de llevar de la forma mas transparente la investigación. En efecto los técnicos policiales jefes en informática seleccionados pertenecen a Australia y Singapur. (Ver página Nº 4 del Informe).

CONCLUSIÓN FINAL:

Existen dos informes uno público y otro confidencial que solo tienen las autoridades de Colombia. El informe de Interpol no puede revelar, por ser parte de lo clasificado por Colombia como información de Estado, el contenido de los instrumentos examinados, por lo que sólo corresponde al gobierno de Álvaro Uribe determinar que información se divulga.

El informe hecho público presenta información parcial, que en muchos casos no es concluyente ni permite acusar de forma irrebatible a nadie por sí solo, por lo que el gobierno de Venezuela se apresuró en descalificar su contenido, creando una matriz de opinión mundial contraria al gobierno nacional.

Lo dicho por Robert Knoble , Jefe de Interpol , no se corresponde con exactitud a lo contenido en el informe, por lo que su testimonio pudiera restarle credibilidad al trabajo realizado por el personal técnico de la policía internacional, el cual consignó un documento investigativo sin torcedura política.

 Jurídica, El Poder y La Justicia

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL DE NOTICIERODIGITAL.COM

Todo parece indicar que lo que la Interpol autenticará como contenido en las computadoras de Raúl Reyes, será suficiente como para que el gobierno colombiano le salga al paso al Presidente Chávez. Estamos seguros que la policía internacional no podrá dar autenticidad a todo lo escrito, pero sí a la fecha de creación de los documentos , y en algunos casos verificar que el contenido y su autoría son legítimos, como es el caso de los correos electrónicos u otros documentos, si los hubiese, con firmas encriptadas.

A partir de ese momento, todo lo que ventee hacia las Farc será puesto bajo observación y ciertamente el Ministro Rodríguez Chacín es, dentro del gobierno venezolano, lo más cercano que existe a esa organización y en consecuencia, llegado el momento, pudiera ser dado de baja del gabinete.

Ahora las cosas se dificultarán de tal forma que todo gesto, que antes lucía simplemente amistoso resultará sospechoso o criminal. Basta ver cómo muchos en el gobierno venezolano buscan desvincularse del grupo de guerrilleros que hasta hace poco eran sus compañeros de lucha, entraban a Miraflores y por quienes se guardó hasta un minuto de silencio. La situación internacional, no debe caber duda, obligará al gobierno venezolano a tomar medidas drásticas en lo interno.

Lo acontecido recientemente con la Canciller Merkel de Alemania, el rey de España y las nuevas agresiones en contra del Presidente de Colombia han puesto, en fecha cercana al informe de las computadoras, al gobierno venezolano en una situación internacional difícil. El problema del jefe de estado venezolano ya no es con Bush y su imperio, sino con toda una colección de países y personas. Todo lo anterior se complicará aún más cuando la Interpol certifique documentos que lo vinculen con un grupo calificado como terrorista por Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos como Brasil.

El Presidente Chávez tendrá que mandar alguna señal que le permita distanciarse del computador. Rodríguez Chacín saldrá del gobierno por las mismas razones por las que entró: Sus relaciones con las Farc. No podemos olvidar que era él quien estaba encargado de la operación de rescate del niño Emmanuel y otros, cuando el presidente venezolano era mediador entre el gobierno colombiano y los insurgentes. Entonces Chávez pensaba convertir el canje humanitario en política de estado de su gobierno y Rodríguez Chacín era su pieza maestra. Ahora todo cambió y el futuro del Ministro, bajo las actuales circunstancias, luce incierto.

Aún los aliados del gobierno venezolano como Rafael Correa y Evo Morales están terriblemente debilitados en sus propios países por recientes acontecimientos y saben que, en la actual coyuntura, lo mejor será que cada quien se defienda por separado. En su reciente gira por España, Rafael Correa omitió mencionar su relación con Venezuela y Chávez. El presidente de Ecuador sabe que su mejor defensa es la carta de la invasión a su territorio y busca mantener cuanta distancia sea posible de los computadores de Raúl Reyes, por lo que no será él quien complique más las cosas vinculándose en un tema, el de las Farc, en donde sólo resultó ser un invitado de última hora.

Lo que se le viene encima al gobierno venezolano en el campo internacional obligará a una intensa campaña diplomática, en donde China, Rusia, India, Brasil y Argentina serán usados como escudos internacionales, pero todos pedirán señales de enmienda del gobierno venezolano y seguramente la cabeza del ministro será puesta sobre la balanza llegado el momento; no porque no hiciera el trabajo encomendado sino por haberlo hecho.

 El Poder y La Justicia, Internacional

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PORTAL DE APORREA.ORG

La Ex Primera Dama en Campaña?

No hay situación más compleja en una batalla judicial, que enfrentar una mujer en tribunales. Para muchos hombres, la pelea está perdida antes de empezar, ya que aunque el sexo femenino han luchado por su igualdad a nivel mundial , lo cierto es que algunas de ellas saben usar su aparente fragilidad femenina o condición de “sexo débil” para mostrarse como victimas automáticas, aun en esos casos donde siendo agraviantes se muestran como agraviadas.

Ya hemos advertido en otros artículos, como algunas denunciantes vienen haciendo uso abusivo de la denominada “Ley de los derechos de la Mujer a una Vida sin Violencia” y como éste texto legal, ha sido interpretado en el Ministerio Publico, de tal forma que basta que la denunciante formule su denuncia para que el denunciado sea imputado, todo en flagrante violación al principio de presunción de inocencia pilar fundamental de los derechos humanos de hombres y mujeres.

En el reciente caso relacionado con el derecho de visita del Presidente de la República a su hija, algunos medios han divulgado ampliamente las declaraciones de la madre de la menor en donde aparecen frases más enlazadas a una activista política que a una mama defendiendo sus derechos y los de su menor hija.

En efecto en la entrevista aparecida en el diario El Nacional del 11 de mayo - no por causalidad día de la madre- la ex primera dama ha asegurado, entre otras cosas , “…estar dispuesta a defender con la vida la guardia y custodia de mi hija…”. Tal afirmación no pareciera corresponderse con la realidad procesal ya que en la demanda del Presidente Chávez solo se exigía el cumplimiento del régimen de visitas que seguramente se había acordado en la etapa de la separación y ratificado al momento de convertirse al divorcio. En la acción libelar nunca se planteó la revocatoria del derecho a guarda y custodia de la madre, sino el derecho de visita del padre, por lo que lo afirmado luce ser la construcción de un falso supuesto.

Por otra parte en la entrevista de marras, se lee: “¿Qué madre en su sano juicio puede entender eso? ¿Cómo una persona que ha dicho en innumerables ocasiones que está en peligro extremo de muerte, puede mandar a buscar así a su hija? ¿Cuántas personas de su extrema confianza se le han volteado? Esto revela un altísimo grado de irresponsabilidad de su parte".

Es obvio, de acuerdo a lo confesado por la demandada en este segmento de la entrevista, que el padre en funciones de Presidente ha encargado a terceros de su confianza, el recoger a la niña en la casa de la madre y ésta se ha negado a entregarla bajo el argumento de “desconfianza hacia las personas que se han vuelto contra el padre”. Tal argumento lo que hace es evidenciar que al padre se le ha negado el derecho a ver su hija y esto viola no solo el derecho del progenitor, sino mas importante aún, el de la niña de ver a su padre.

En otra parte de la entrevista se señala que “ Marisabel Rodríguez recordó que el Presidente la intimida cuando, públicamente, asegura que no lo deja ver a su hija. “Lo que pretende es inhabilitarme políticamente", señaló la ex primera dama, quien aspira a la alcaldía de Barquisimeto….” La pregunta que cuelga con relación a esta párrafo es evidente: ¿Habla la madre desinteresada o por el contrario la mujer preocupada por su carrera política? ¿ Donde quedan en esta disputa política los derechos de la menor de ver a su padre? ¿Esta hoy la niña feliz con la ausencia permanente de su padre?-

Luego en la misma entrevista se advierte al padre : “ Que estudia la posibilidad de demandar a Chávez, amparada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia…” y añadió “…de prosperar la acción, el Presidente podría quedar inhabilitado políticamente, como cualquier funcionario público que agreda a una mujer…”. Ya hemos dicho antes que esta ley se ha convertido en un arma destructiva de sus propios loables propósitos cuando sirve a intereses ajenos a la justicia, en este caso como arma política intimidatoria.

Cuando una madre niega a un padre ver a su hija, no solo afecta los derechos de aquel, sino los de la menor, los cuales por ser sagrados no deben ser sacrificados por interés subalterno de ninguno de los padres. La niña tiene el derecho y la necesidad de ver a su padre; quien se oponga a ello se confronta con la ley de los hombres y la ley de dios.

 Personal, Noticia, El Poder y La Justicia

ARTICULO PUBLICADO EN EL PORTAL NOTICIAS24.COM

La masiva respuesta en visitas y comentarios que originó nuestro último artículo insertado en el portal de Noticias24.com y titulado “El Crimen en Nueva Esparta Paga También en Dólares”, nos obliga a ampliar nuestra opinión sobre el crimen común y el empresarial en el estado insular de Venezuela. Medios impresos y audiovisuales en Margarita se han hecho eco de nuestra opinión y hemos recibido reconocimiento y criticas. En ambos casos agradecemos la atención.

Ratificamos que, como simples miembros de nuestra sociedad, nos sentimos preocupados por la ineficiencia de quienes están llamados a combatir el crimen en sus distintos niveles y categorías. No nos merece mayor comentario que una alta funcionaria del gobierno de Morel Rodríguez en la región, a través de un boletín de prensa, haya pretendido el intimidarnos con tribunales y fiscales. Seguiremos divulgado lo que todos conocemos y que no podemos dejar de repetir en el sentido de que el cáncer del crimen en todas sus formas, se muestra altanero frente a funcionarios incapaces de darle seguridad personal a sus habitantes y protección a sus bienes. El delito empresarial y del tipo común debe ser atajado antes que se lleven todo por delante.

Hemos verificado que Cadivi le adjudicó a una sola empresa denominada “Texas Shop Cowboys ”, la cantidad de US $ 73.962.662. La referida cantidad de dinero otorgada en dólares preferenciales es superior a la que se le confirió a empresas con larga tradición comercial en el Estado Nueva Esparta como Rattan (US$ 18.264.225) , Crash (US$ 6.811.091) , Seneca (empresa eléctrica del Estado) con US$ 16.084.115 o Toyota Margarita (US$ 20.385.930). Solo empresas como Sigo, S.A también con domicilio principal en la Isla de Margarita, sobrepasó a todas las anteriores con una adjudicación de US$ 116.072.469. Para darle una perspectiva al lector, nos basta decir que la cifra adjudicada a Sigo, S.A es superior a lo otorgado a trasnacionales reconocidas mundialmente como Alimentos Heinz ( US$ 31.769.762) . Alimentos Kellogs (US$ 38.485.000). Bristol Myers (US$ 89.096.000) e igual que lo adjudicado a Colgate Palmolive ( US$ 116.952.000). Revalidamos lo dicho en nuestro artículo anterior en el sentido de que las averiguaciones están en marcha, algunos empresarios se encuentran investigados otros han sido liberados de toda responsabilidad, también hay detenidos, procesados, imputados, fugados o auto desaparecidos.

Igualmente insistimos que el crimen común al igual que el empresarial, tiene azotada a Nueva Esparta. De una carta que nos enviara la joven madre de una familia inversionista norteamericana, extraemos algunos fragmentos que hemos traducido y que hablan del terror que se ha apoderado de nuestros habitantes en estas islas:

“…Nos mudamos a El Yaque, Isla de Margarita hace cuatro años para sumergirnos en este hermosa tierra. Aquí he dado a luz a mi único hijo de dos años de edad. Estamos levantando un pequeño hotel con nuestros ahorros de toda la vida, pero nos sentimos terriblemente preocupados ya que el crimen en esta zona se ha incrementado en tal forma que ya no estamos seguros. Nuestra casa fue robada el 1º de marzo. Poco después el dueño de una tienda local fue atracado. Unas semanas después el manager de un centro deportivo de la zona fue sometido por horas por hombres enmascarados y armados que le robaron todo lo que tenía en su apartamento. Otra mujer que se encarga de una pequeña tienda en El Yaque fue también robada por hombres armados. Un exitoso gerente de un restaurante fue días atrás seguido por varios hombres con armas y rostros cubiertos hasta su vivienda en donde lo sometieron para atracarlo. Finalmente a la dueña de una posada, quien es amiga nuestra, seis hombres armados y enmascarados la asaltaron…Todos las victimas se encuentran con la misma frustración: la policía no hace nada por investigar o detener esta cadena de delitos que nos tiene a todos aterrados…Sinceramente Faye Carter ”

El puerto libre de Nueva Esparta antes de la entrada de los dólares de Cadvi, no importaba más de 400 millones de dólares anuales, ahora triplica esa cantidad para importaciones que parecen, muchas de ellas, estar justificadas en Hummers, Bmws, y edificaciones que brotan como hongos por todo el territorio insular. A pesar de la inmensa suma de dólares usada para la importación, los empresarios en Nueva Esparta, con honrosas excepciones, no muestran una pizca de responsabilidad social mientras el combate a la delincuencia y a otras deficiencias en la región no cuentan con el concurso eficaz de nuestros funcionarios ni con la solidaridad o compromiso de nuestros hombres de empresas. Dios quiera que podamos rectificar a tiempo.

 El Poder y La Justicia, Audio, Nueva Esparta

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Cuando nadie podía imaginar que un negro pudiera llegar tan lejos en un país donde hasta hace relativamente poco se les enviaba a la parte trasera de autobuses o se les prohibía usar los mismos baños de los blancos, lo cierto es que este hijo de africano, quien fue criado solamente por su madre, será el candidato presidencial del partido demócrata y posiblemente el primer hombre de color en llegar a Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Barak Obama el senador del estado de Ilinois ha levantado su campaña logrando pequeñas donaciones de millones de norteamericanos que han hecho sus aportes a través de su página web logrando cifras nunca alcanzadas en la política mundial. Así mismo su libro “La audacia de la esperanza” ocupó en octubre de 2.006 el tercer lugar como el texto más vendido en la lista del diario New York Times, cuando Obama no era ni tan siquiera una opción presidencial.

Todo luce indicar que la sociedad norteamericana luego de aceptar que un negro como Michael Jordan es el mejor jugador de basketball de todos los tiempos o que Tiger Woods, otro hombre de color, es el número uno en un deporte de blancos en donde los negros sólo cargaban sus palos de golf, está lista para reconocer que su mejor opción para la casa blanca es un negro.

No vemos cómo Hilary Clinton, pueda detener el impulso del discurso esperanzador de un Obama quien ha logrado colocar su nombre cercano al de un joven senador de Massachussets quien siendo católico en un país mayoritariamente de protestantes, logró en los años 60´s crear una oleada de esperanza, no sólo en los Estados Unidos sino en buena parte del mundo incluyendo Venezuela.

El John Kennedy negro del 2008, no ganará fácilmente la nominación de su partido, tampoco le será fácil ganar las elecciones presidenciales pero su momento y la de su país han llegado de forma simultanea y nada puede en política detener lo que la gente en su corazón está lista para aceptar como una suave brisa de esperanza combinada con una fuerte necesidad de cambio.

Obama será Presidente de los Estados Unidos y se reunirá con el Presidente Chávez tal y como lo ha anunciado, pero este último tendrá que reinventar su discurso antiamericano, ahora que un negro más oscuro que nuestro jefe de estado será el máximo líder del “imperio”

 Política, Internacional

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El tema de los biocombustibles no es solo sobre sustituir una alternativa energética por otra. Los paneles solares son una alternativa, pero usar la comida para llenar de combustible los tanques de gasolina de los vehículos “es un crimen contra la humanidad". En el afán de buscar salir de la dependencia de los países productores de petróleo, los dos gigantes del continente americano apuntan hacia la peor de la soluciones. Brasil y Estados Unidos han iniciado una alianza que se registrará en la historia ambiental como una de la más destructiva de la humanidad.

George Bush y Lula da Silva vienen presentándose como una “llave” en la producción de etanol como una fórmula mágica para dejar atrás los días del petróleo. No dudamos que el presidente norteamericano apueste por cualquier fórmula que le permita desprenderse de la dependencia de países árabes, Irán, Venezuela y Ecuador, en definitiva ninguna de las señaladas naciones, les tienen simpatía y su campaña militar en Irak preñada de claras intenciones económicas, ha resultado un desastre de tal magnitud, que no sólo no pudo garantizar para su país el petróleo de la tierra mesopotámica, sino que le ha costado mas de 4 mil vidas de sus nacionales y 10 billones de dólares mensuales mantener lo poco alcanzado, todo lo cual ha empujado los precios del crudo a más de cien dólares por barril.

El Presidente de Brasil quien, viene de la izquierda, montando toda su carrera política en la defensa de las mas nobles causas, parece haber descendido al más “salvaje capitalismo” al promover el etanol como medio alternativo de la gasolina, sin reparar los inmensos daños que tal decisión ha empezado a producir a nivel ambiental y en el incremento de la hambruna a nivel mundial. Lula da Silva, sino cambia su conducta, pudiera terminar sus días siendo comparado con los más destructivos líderes de la historia universal. No lo decimos nosotros, lo dicen los números que empiezan a circular por las principales entidades mundiales que atienden el tema ambiental y del hambre en el mundo.

Según la revista “Time” en su edición del 07 de abril de 2.008, la Amazonia en Brasil perdió 750 mil acres tan sólo en el ultimo semestre del 2.007 como consecuencia de los cultivos de soya y otros biodegradables. Una persona podría comer maíz 365 días al año con la cantidad de mazorcas necesaria para llenar tan solo un tanque de gasolina de una camioneta. Con estas dos simples cifras en mente, es fácil proyectar que en poco tiempo no quedará mayor extensión en el tejido pulmonar de la tierra y pocos tendrán acceso a una mazorca de maíz. Por si fuera insuficiente lo señalado, basta agregar que los estudios que se han hecho sobre la emisión de maíz como componente de etanol, ha resultado ser mas letal que el carbono en el calentamiento global. ¿Podrá Lula explicar su conducta a las generaciones futuras?.

Lester Brown de la organización “Earth Policy Instute” ha dicho que los biodegradables han enfrentado a 800 millones de dueños de vehículos contra 800 millones de personas con hambre a nivel mundial. El experto de la ONU ha sentenciado que productos como el etanol son “un crimen contra la humanidad”.

Dos universidades del estado de Minnesota en Estados Unidos, que habían proyectado una disminución a 625 millones de las personas con problemas de hambre en el mundo, han aumentado el numero de hambrientos a nivel mundial a 1.2 billones, como resultado del uso de componentes como el etanol. ¿Será el etanol el Irak de Lula?

 Política, Internacional

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La inseguridad en el estado Nueva Esparta está llegando a límites insospechados con asesinatos, secuestros, sicariato, droga, atraco a mano de bandas armadas que entran a negocios y casas de forma impune. También el fraude de importadores a Cadivi está dejando estragos en nuestra población. Al igual que en Caracas no hay un habitante que no tenga o haya tenido un contacto directo o indirecto con el crimen en el estado insular.

Todos terminan siendo víctimas de una plaga que ataca discotecas, restaurantes, hoteles, bancos, oficinas y viviendas sin importar hora o lugar. Turistas y locales han sido asaltados, heridos y asesinados mientras las autoridades locales se encuentran bajo sospecha de ser cómplices de los delitos a los cuales concurren junto con los delincuentes. La población isleña está sometida por bandas de criminales y de funcionarios que participan en el asesinato selectivo, narcotráfico, el contrabando, el fraude en las importaciones y otras diversidad de crímenes que se han convertido en una espiral de violencia sin freno.

En el reciente caso de un comerciante de origen árabe, todas las hipótesis sirven de marco para poner en evidencia el estado de descomposición que ha alcanzado la criminalidad en el estado Nueva Esparta. Mientras los medios divulgaban de forma masiva “el secuestro” del importador de blue jeans, a los pocos días una comisión de Seniat, Cadivi , Ministerio Publico y Cicpc allanaban todos sus negocios no buscando evidencias del “ secuestro” sino de un mega fraude en contra de Cadivi.

Las tiendas vinculadas con el “comerciante secuestrado” han sido confiscadas, su abogado y vicepresidente ha sido detenido mientras las investigaciones continúan en contra del grupo empresarial. Tanto los inmuebles adquiridos por las empresas del “comerciante secuestrado” así como sus cuentas bancarias han sido congelados por orden de jueces y fiscales que adelantan una investigación que apunta hacia un fraude multimillonario en perjuicio de la nación con centenas de millones de dólares de Cadivi bajo escrutinio.

Son varios los importadores que en Nueva Esparta se han enriquecido de forma obscena de la noche a la mañana con dinero de Cadivi que han puesto a circular en el mercado paralelo dejándoles ganancias en dólares y bolívares imposible de justificar. Varios comerciantes venezolanos y árabes están ahora bajo investigación. Por lo menos hay tres detenidos y muchos en fuga o “auto secuestrados”.

El crimen en Nueva Esparta se pavonea en todas sus formas. El dinero fácil de la droga, Cadivi y la corrupción pública producen estragos en una pequeña sociedad en donde unos pocos tienen más que lo que pueden justificar mientras una inmensa mayoría no tiene forma de vivir dignamente

El gobernador del Estado está siendo investigado por un caso de sobreprecio, concierto con contratista y entrega sin licitación de contratos. Altos ejecutivos regionales han sido señalados, por un Alcalde, de estar vinculados con el trafico de droga. Los importadores tienen a los sabuesos de Cadivi resoplándoles el pescuezo. Algunos funcionarios policiales están presos por tráfico de drogas, asalto a mano armada y robo. Jueces y fiscales han sido removidos de sus cargos. El índice de delictivo alcanza cifras record y nada parece detener la bestia de la criminalidad.

Las Fundación “Vivir en Paz” y la organización “Huella Social Venezolana” están organizando una mega marcha en contra de la inseguridad y el crimen en todas sus manifestaciones en el Estado Nueva Esparta. Los organizadores han señalado que el reto es mover el 23 de mayo a la gente. “Tenemos que manifestar en contra de lo que luce fuera de control. No habrá discursos políticos, solo testimonios de las víctimas de esta oleada de crímenes”. Afirman los organizadores entre quienes se encuentra periodistas, locutores de radio y animadores de televisión.

En Nueva Esparta el delito es en dólares y bolívares. Es de comerciantes y contra comerciantes. Es de delincuentes y policías. Es de funcionarios del gobierno y de sus víctimas. Es de nacionales y extranjeros. El estado lo han convertido en una tierra donde manda el crimen y tienen a la población en estado de pánico esperando lo peor. Gente pobre y rica son atacados por igual sin importar hora, zona o nivel socio económico. Ya Basta.

 El Poder y La Justicia, Nueva Esparta

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Muchas especulaciones podrán hacerse, pero es evidente que la nueva Fiscal General está decidida a mandar un mensaje fuerte y claro en contra de la impunidad en un sector del chavismo. Dos antejuicios de méritos en menos de treinta días en contra de dos gobernadores del sector oficial no cuestión menor ni en lo judicial ni en lo político. ¿Que está pasando?

La fiscal general Luisa Ortega Díaz acudió el jueves 27 de marzo al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una declaratoria de antejuicio de mérito, del ciudadano gobernador del estado Yaracuy, Carlos Jiménez por supuestos hechos de corrupción. Tan solo tres semanas después presenta nuevamente una solicitud de antejuicio de mérito ahora contra Eduardo Manuit, gobernador del estado Guarico, por lesiones graves en perjuicio de un alcalde también oficialista. Ambos gobernadores son “chavistas”, los dos son miembros del PSUV y producto de la alianza de partidos alrededor del Presidente Chávez.

Giménez fue electo gobernador de Yaracuy, derrotando al anterior gobernador anti-Chávez, Eduardo Lapi. A finales de marzo de 2.007 decide separarse del partido político Podemos para unirse de inmediato al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eduardo Manuitt, se inscribió como militante al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en mayo de 2.007 en un centro instalado en la escuela Eduardo Méndez de San Juan de los Morros y así dejaba atrás su filiación de muchos años en el partido Patria Para Todos (PPT).

Tan solo el 01 de mayo de 2.007, el Presidente de la República agradecía de forma simultanea y paradójica la lealtad de los dos gobernadores, que ahora están sometidos a procesos judiciales, por sumarse al PSUV. En ese entonces la agencia de noticias del gobierno nacional señalaba: “Por todas estas razones hizo (Presidente Chávez) un reconocimiento … a los gobernadores de Guárico y Yaracuy, Eduardo Manuitt (PPT) y Carlos Giménez (Podemos), respectivamente, por haber asistido al evento a pesar de situaciones acaecidas en tiempos anteriores. “Nobleza con nobleza se paga”, dijo.

La Sala Constitucional ha observado que el antejuicio de mérito es un procedimiento especial que tiene por objeto la certeza de si hay o no mérito para el enjuiciamiento penal de los altos funcionarios del Estado a los que se refiere el ordenamiento jurídico, particularmente los artículos 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 377 del Código Orgánico Procesal Penal y 5.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Manuitt se equivoca cuando señala que el antejuicio solicitado en su contra es un acto inconstitucional, ya que según su declaración, toda persona tiene derecho a ser notificada de todo cargo que se le investiga, a acceder a las pruebas, y de disponer de tiempo y los medios adecuados de ejercer la defensa. “Yo no he tenido derecho de ver ni de qué se me acusa".

Contrario a lo señalado por Manuitt, el proceso previo a la solicitud de antejuicio solicitado por la Fiscal General, se equipara al de imputación en el proceso ordinario. En tal sentido el imputado solo tiene derecho a su defensa una vez adquiere la referida condición no antes. Una vez admitida la solicitud de antejuicio Manuit y Giménez adquieren la condición de imputados y será entonces que tendrán derecho a preparar su defensa para la audiencia publica y oral ante los magistrados de la Sala Plena como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El Tribunal Supremo de Justicia conoce de las causas para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios, a instancia del Fiscal General de la República, quien interpondrá escrito con los respectivos documentos, testimonios, averiguaciones u otros medios de prueba que acrediten los alegatos expuestos y permitan constatar la presunta comisión de un hecho punible previsto en la ley. Admitida la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública dentro de los treinta (30) días siguientes, para que el imputado o su defensor, exponga los alegatos de defensa respectivos. Concluido el debate, el Tribunal Supremo de Justicia declarará, en el lapso de treinta (30) días continuos, si hay o no mérito para el enjuiciamiento, sin que ello signifique prejuzgar acerca de la responsabilidad penal del imputado, la cual se determinará en el juicio correspondiente. Si se declara sin lugar la solicitud la causa será sobreseída y no podrá ser reabierta.

Es obvio que lo que está en juego en los procesos iniciados en contra de los jefes regionales no es poca cosa, ya que la sola declaratoria del merito suspendería e inhabilitaría a los funcionarios para continuar ejerciendo el cargo de gobernador tal y como lo señala el Código Orgánico Procesal Penal cuando advierte que cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, “el funcionario quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso…” Es obvio que la decisión de enjuiciar pasa por una sentencia política en donde quizás los poderes del Estado han concluido que la impunidad está matando a la quinta república tal y como lo hizo con su antecesora.

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 Jurídica, El Poder y La Justicia

Solo Ganar la Mayoría de las Gobernaciones

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En las recientes encuestas aparece la oposición con posibilidad de triunfo sobre un importante número de gobernaciones y alcaldías, pero sin un claro líder a nivel nacional, lo que para muchos es una alarmante desventaja ante la figura y el liderazgo del Presidente Chávez.

Pero la verdad es que la oposición para las elecciones de noviembre de este año, no necesita un Barak Obama, que como candidato nacional despierte en la gente la pasión y esperanza que le ha permitido, a pesar de su color y los antecedentes raciales de la nación norteamericana, el convertirse en el virtual candidato del Partido Demócrata y posiblemente el próximo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ya llegará al momento en que la oposición tendrá que presentar un candidato con un perfil nacional que se pueda anteponer al Chavismo. Pero para eso falta tiempo, lo inminente, lo inmediato son las elecciones a gobernadores y alcaldes en el mes de noviembre de este año, y para ellas no se necesita a un líder nacional, sino varios líderes regionales y un importante voto castigo en contra los actuales gobernadores chavistas y en rechazo al propio Chávez.

El Presidente conoce bien las consecuencias que, para su permanencia del poder, traerían una derrota en la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, por ello no dejará en manos de la base la elección de los candidatos a las distintas gobernaciones y de las principales alcaldías en el país. La designación de los candidatos regionales la hará el Presidente rodeado de asesores, encuestólogos y especialistas en ingeniería electoral. Poco espacio para el debate entre líderes políticos e ideólogos. Una banda ancha para el pragmatismo electoral que será el denominador común en la selección.

El líder del oficialismo sabe que la oposición no tiene razón alguna para salir a buscar al Obama del momento. Simplemente tienen que lograr hacerse de las principales gobernaciones en el país para desde allí buscar el revocatorio Presidencial y de esa plataforma pudiera surgir el Barak criollo. Se hace obvio que los resultados de diciembre 2007 son suficientemente alarmantes. El Presidente Chávez sabe que tiene que tomar todas las medidas necesarias para evitar la caída dramática de sus partidarios en las próximas elecciones regionales.

En diciembre 2007 el oficialismo perdió en Anzoátegui, el más importante estado del oriente venezolano (39%. a 54%.). De igual forma en Miranda un 56% lo hizo contra la propuesta constitucional y en el estado Zulia un 57%. Es decir en los dos estados electoralmente más importantes de la geografía venezolana el chavismo fue derrotado. De igual forma resultó vencida la propuesta de reforma en el estado Táchira con 57. 3% siendo la entidad electoral más importante de los Andes Venezolanos. A lo anterior se suma el haber perdido el Distrito Capital por 52 .4%. Así como en los dos estados más fuertes de la región central como son Carabobo y Lara con 53% y 51% respectivamente. En total la reforma presidencial fue derrotada en nueve estados y un empate técnico en Falcón. En definitiva de todos los estados electoralmente importantes, la propuesta de reforma constitucional del presidente solo triunfó en el estado Bolívar, entidad líder del sur venezolano y el estado Aragua.

Si la oposición gana en los mismos estados en donde resultó derrotada la propuesta de reforma constitucional, o el oficialismo pierde la mayoría de las gobernaciones, el principio del fin del chavismo se pondrá en marcha, con esto en su mente el Presidente tomará las campañas regionales como un nuevo revocatorio en su contra. Ya lo derrotaron en diciembre de 2.007, una nueva derrota pudiera serle políticamente letal y él lo sabe mejor que nadie.

 Política, El Poder y La Justicia

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Desde el mismo día que Carlos Andrés Pérez fue “coronado” en 1989 en el Teatro Teresa Carreño, nos encargamos de investigar sus andanzas con Cecilia Matos al mismo tiempo que acusábamos a Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez por diversas irregularidades. Desde entonces los corruptos de siempre junto con sus admiradores y beneficiados, se alinean para insultarnos montados sobre la farsa de un caso fabricado por Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi. Sin embargo hoy venimos a pedir que se indulte al ex presidente Pérez.

Durante el gobierno de Pérez se nos persiguió sin recato. El entonces Presidente se puso de acuerdo con Camilo Lamaleto - el rey del negociado con todas las administraciones desde Pérez I hasta Chávez II - y nos iniciaron una causa que sólo fue una farsa judicial y los desvergonzados de siempre se salieron con la suya. Todavía hay por allí uno que otro incauto que repite como loro lo del vídeo de la extorsión, cuando lo cierto es que la cinta nunca fue usada como prueba alguna. Por el contrario nosotros acusamos a los Lamalettos en Estados Unidos y estos se acogieron a la quinta enmienda de la Constitución Norteamericana, lo que les permitió no declarar en contra de ellos mismos ante la Fiscalía del condado de Dade en la Florida.

Los Lamalettos – Padre e Hijo - que tenían auto de detención por el caso RECADI, negociaron con Carlos Andrés Pérez su sobreseimiento a cambio de fabricar una declaración contra nosotros. Pérez y Lusinchi junto con sus ahora esposas hicieron una fiesta cuando lograron sacarnos del camino. Ellos no persiguieron, nos inventaron una farsa judicial y nos afectaron nuestras vidas para siempre. Debemos reconocer que nos echaron al más profundo valle después de haber estado en la más alta cima de nuestra vida profesional. Todavía pagamos el precio de la mentira, la injuria y la más perversa conjura. Sin embargo hoy venimos a pedir se indulte al ex presidente Pérez.

Todo lo anterior lo narramos no para defendernos, ya que hace tiempo dejamos eso en las manos de otras instancias, sino que lo enmarcamos dentro de nuestra petición de que se permita a Carlos Andrés Pérez el volver al país ahora que se acercan sus últimos días. No abrigo en mi corazón ningún tipo de odio contra el ex presidente.

No debe haber equívocos en las razones de nuestra petición. Mientras el Presidente Chávez se “cuadraba firme”, de acuerdo a lo por él mismo declarado, ante los Presidentes Lusinchi y Pérez, cuando éstos eran sus comandantes en jefe, nosotros los acusábamos hasta llevarlos a los tribunales de justicia. Nos golpeamos unos a los otros con tal fuerza que al final quedamos todos por debajo de donde empezamos.

Es hora de perdonar. Si pudieron darle amnistía a los que formaron parte de los casos que convirtieron a Anderson en el “Fiscal Valiente”, no vemos porque no se pude hacer lo mismo con Carlos Andrés Pérez. Es lo que corresponde por razones humanitarias. Que Pérez vuelva no significa que borramos lo que hizo. De ese análisis se encargará la historia. La petición, del indulto al ex presidente Pérez, la hacemos convencidos que los actos humanitarios nos hacen mejores ciudadanos.

 Política, El Poder y La Justicia

Nueva Teoría Conspirativa en el Caso Anderson

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Danilo Anderson es calificado, en centenas de páginas de internet vinculadas al oficialismo, como el “Fiscal Valiente”. Tal reconocimiento deviene del reconocimiento que dentro de los seguidores del Presidente Chávez se la hace a su vocación de trabajo y coraje en investigar casos de altísimo riesgo.

El “Fiscal valiente”, según la leyenda urbana, se encargaba de todo lo que demás representantes del Ministerio Público no se atrevían ni a tocar por miedo a represalias del mundo financiero, político o policial. Entre los más emblemáticos casos que adelantaba Danilo Anderson y que lo catapultaron a la estratosfera comunicacional se encontraban:

1) Las imputaciones contra los redactores del Decreto Carmona.

2) Las imputaciones en contra de los firmantes del Decreto Carmona.

3) Los sucesos de Puente Llaguno y otros eventos del 11 de abril de 2.002.

4) El caso de los 90 militares en situación de insubordinación y rebeldía en las inmediaciones de la Plaza Altamira desde el segundo semestre de 2002.

5) La retoma del canal de la televisión estatal VTV el día 13 de abril, lo cual permitió al país conocer que se había descabezado el golpe de estado que pretendió anular los poderes debidamente constituidos por voluntad popular.

Por otra parte, en Gaceta Oficial que comenzó a circular el miércoles 2 de enero de 2007 se insertó Decreto Presidencial de Amnistía a favor de todas “aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en diversos hechos”, y entre estos destacan:

1) Por redacción del decreto del gobierno de facto instalado el 12 abril de 2002.
2) Por firmar dicho decreto.
3) Por hechos acaecidos el 11 de abril del 2002 en Puente Llaguno, en aquellos delitos que no contemplen ofensas de lesa humanidad.
4) Por la toma violenta de la planta de VTV, el 12 de abril.
5) Actos de rebelión civil hasta diciembre de 2.007 (Incluidos los Militares de Altamira).

Como se puede observar del cruce de información, resulta sorprendente, que casi la totalidad de los casos que le permitieron al Dr. Danilo Anderson ser reconocido como el “Fiscal Valiente”, hayan sido los que se amnistiaron años después de su vil asesinato. ¿Por que?

A Danilo Anderson, se le rindieron honores post mortem como a pocos en la historia contemporánea del país. El Presidente Hugo Chávez llegó a decir que “su muerte hirió el alma de la patria”. El “pueblo chavista” lloró al lado de su urna junto el Dr. Isaías Rodríguez, entonces Fiscal General de la República. Le han compuesto cantos, canciones y hasta un himno en su memoria. Se le veló en capilla ardiente en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional. Se le concedió la orden póstuma Libertador. El paso de su cortejo fúnebre hasta el Cementerio del Este fue transmitido en cadena nacional y finalmente sepultado con altísima distinción.

¿Cómo se puede honrar la memoria de quien fue enterrado como “ héroe nacional” y en la teoría dio su vida por esclarecer los casos que le produjeron la muerte, dando una especie de perdón o absolución anticipada a todos sus investigados? Quien o quienes elaboraron el Decreto Presidencial de Amnistía ¿Se percataron de tal afrenta? ¿Es posible pensar que se sellaron los expedientes para no conocer la verdad de lo que se investigaba, de los investigados y/o de los investigadores?

Mucha gente dentro del “chavismo” se encuentra frustrada con los pobres resultados en la investigación del asesinato de su “Fiscal Valiente” y con la indulgencia Presidencial en los casos investigados por éste. De igual forma un importante número de personas hemos cuestionado desde el punto de vista estrictamente constitucional el Decreto de Amnistía.

Ahora habrá quienes elaboren una nueva teoría conspirativa, en la cual la clemencia sirvió para sellar los expedientes en donde se esconden los motivos del asesinato del Dr. Danilo Anderson y es de esperar que quienes hayan apuntado hacia el alto gobierno como autores, tendrán bastante leña que cortar para quemarla a fuego lento.

 Jurídica, El Poder y La Justicia, Audio

Políticamente no han debido recibirlos
Jurídicamente no han debido devolverlos

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En el caso de las computadoras de Raúl Reyes, el gobierno venezolano se ha venido revolcando en una especie de estopa jurídica - política en la cual se han metido por voluntad propia y por impulso de la mano, a veces oculta, otras veces visible, del propio presidente de la República de Colombia.

Cuando explotó la información con relación a los ordenadores, advertimos que la invasión del ejército colombiano al territorio ecuatoriano venía acompañado de una estrategia en donde tanto las FARC como Correa y Chávez formaban parte de un mismo capítulo final de la política colombiana y del gobierno de los E.E.U.U. Decíamos entónces, que la guerra no era entre naciones sino entre hombres.

El presidente Uribe tomado de la mano del jefe de estado norteamericano, está convencido que para terminar militarmente con las FARC es necesario aislar al ejército rebelde de sus aliados fronterizos - en este lado el Presidente Chávez y por el otro Rafael Correa- . Si la neutralización de los gobiernos de Venezuela y Ecuador no es suficiente, entónces considerarán seriamente el enjuiciamiento internacional de ambos jefes de estado de forma personalísima. No valdrán excusas ni acercamientos a través de organismos multilaterales. El gobierno de Uribe le ha declarado la guerra a las FARC, a Chávez y a Correa y dentro de este contexto, es que hace entrega al gobierno venezolano, como virtual acusado, de las presuntas pruebas extraídas de las computadoras del ex líder guerrillero.

El gobierno venezolano apostando a unas amigables relaciones con Colombia, de forma ingenua o torpe, recibió de la cancillería colombiana la información supuestamente extraída de las procesadoras del importante miembro de las FARC. Políticamente hablando, nada provechoso podía el gobierno venezolano desenterrar de la información que tendría en sus manos, por lo que lo aconsejable era rechazar, de forma anticipada, toda entrega de información que pudiera comprometer al estado venezolano. Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido recibir información para luego devolverla cuando el material busca comprometer criminalmente a su receptor.

Cuando el gobierno venezolano aceptó recibir las pruebas lo hizo sin percatarse que adquiría, jurídicamente hablando, la condición de contraparte en un potencial proceso judicial. Las pruebas se entregan en las causas criminales a las autoridades para que continúen con las investigaciones o al acusado para que tenga derecho a defenderse. En este caso lo entregado no era para que el gobierno de Venezuela adelantara investigación alguna, sino para que se preparara en su defensa o en su defecto, arrastrarlo a un arreglo extrajudicial o diplomático negociado.

La tesis reiterativa de voceros del gobierno venezolano, en la que machacan que las computadoras de Reyes no podían sobrevivir el bombardeo despiadado sobre el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, no resiste mayor análisis y termina no siendo una buena estrategia. Es un hecho comunicacional notorio y de cobertura internacional que las ciudadanas colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez junto con la mexicana Lucía Morett fueron sobrevivientes del bombardeo del pasado 1 de marzo donde perdió la vida el jefe guerrillero. ¿Es una computadora cerrada más frágil que el cuerpo de una mujer? Obviamente la respuesta es negativa. Si las computadoras de Reyes no soportaron el ataque, tampoco estas tres mujeres están vivas. Si por el contrario ellas están vivas es posible admitir que las procesadoras del líder de la FARC también gozan de buena salud, ello por simple aplicación del argumento a contrario en el derecho.

Sabiendo la jefatura Venezolana de las intenciones del gobierno de Colombia de entregar el material probatorio digital, la pregunta que queda en el aire es ¿para qué recibieron las pruebas? Es obvio que confiaron en la buena fe de la administración de Uribe, ya que lo lógico, en el terreno político, era no convenir en recibirlas y en el jurídico no devolverlas. Dos veces mal lo que ha debido hacerse bien una sola vez. Cuando el gobierno Venezolano se percató que el material entregado no era asunto de colaboración entre Estados, sino un componente tóxico criminal se arrepintió de haberlo recibido, pero resultó ser demasiado tarde, ya que la Casa de Nariño había cumplido su cometido.

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Ni muchos de los dueños de medios privados ni de los comunicadores del gobierno nacional reconocen el pleno derecho a la libertad de expresión de nuestros ciudadanos. Para nada importa que organizaciones internacionales del prestigio de Amnistía Internacional o Human Right Watch de forma permanente alerten sobre la importancia del contraste de opiniones e ideas para lograr una mejor sociedad para todos. Lo cierto es que unos y otros, con honrosas excepciones, luchan por sus intereses particulares en preeminencia a nuestro derecho colectivo comunicacional.

Tampoco luce relevante para algunos comunicadores de ambos lados del espectro mediático nacional que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión encuentre tutela jurídica internacional como un derecho humano universal. Lo cierto es que tanto los dueños de los medios de comunicación privados como quienes controlan los del gobierno nacional, en m